Cuando en 2008 se proponía realizar una Jornada sobre Radiodifusión, ya que se avanzaba sobre una potencial propuesta de ley que reemplazara al decreto 22.285 de la dictadura militar, por el escenario y las exposiciones que surgían hubo una visión. En la nueva norma se plantearía la caducidad de licencias de radio y televisión que se hubieran prorrogado en 2005. En la Ley 26.522 (conocida como Ley de Medios) queda absolutamente reflejada aquella premonición. Y como autoridades responsables del área se lo dijeran, sólo la ruptura del Kirchnerismo con el monopolio multimedia de Clarín lograría una ley de la democracia, asignatura pendiente todavía en ese momento. Hoy ya hasta la misma presidenta de la Nación, Cristina Fernández, denota en sus discursos que la ley apunta fundamentalmente sobre el grupo multimediático.
Oficialismo, opositores y grupos de medios que también van a ser conminados a adecuarse al marco normativo, reconocen públicamente que la sanción de la Ley ha tenido un total destinatario. Incluso recientemente la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ fue ámbito para exposiciones de Néstor Piccone y Walter Formento, integrantes de la Coalición Cívica para una Comunicación Democrática, autora de los 21 puntos que se entregaran el 25 de agosto de 2004 al entonces presidente Néstor Kirchner. Ambos destacaron que el nudo pesado de la Ley es de aquel documento y ratificaron continuamente la necesidad de trabajar como militantes sociales para la resolución de la medida cautelar presentada por el Grupo Clarín para el día 7 de Diciembre. Dejaron en evidencia el enfrentamiento existente por haber sido aquél el causante del estado de cosas, modificado sustancialmente por el gobierno popular, dignificando las mayorías excluidas históricamente por la burguesía nacional representada justamente por Clarín, que ha impedido sistemáticamente la aplicación de Ley.
Vale mencionar que sólo los Artículos 45 y 161 son los que están en litigio, por inconstitucionalidad planteada por aquel grupo, y que debe resolverse incluso hasta con la participación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ésta ha dicho que debe ser en lo Civil y Comercial de la Capital Federal, no obstante el Per saltum que busca el Frente para la Victoria provocar para que llegue directamente a la Corte. Es decir que transcurridos 3 años el Gobierno nacional que propagandiza la Ley no dice que los otros 164 artículos están habilitados y recién ahora parece que va a hacerlo. Aunque destaca sus propias violaciones, justamente comenzando por la designación de su titular, Martín Sabatella. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), en su Artículo 14 define su integración con 2 miembros (Presidente y Director) del PEN; 3 de la Comisión Bicameral que preside Agustín Rossi, por la primera, segunda y tercera minoría, y 2 por el Consejo Federal de Comunicación, con un académico en representación de las carreras de Comunicación. Todas deben ser "personas de alta calificación profesional en materia de comunicación social", cita textual aquel artículo. Por lo que se sabe, Sabatella reúne en su currículum dos intendencias de Morón y su actual diputación nacional. Ergo, si así empieza esto, no parece ser lo más ajustado a la Ley. No es la mejor manera de defenderla y aplicarla tal como se la difunde, pluralista, asegurando la diversidad y la democratización de la comunicación, ya que de movida no se la respeta en su letra original. Ni oficialistas ni opositores tienen intención de hacerlo, ya que entre los nombres integrantes se menciona al radical Marcelo Stubrin, que tampoco reúne las condiciones. Y esto también es muy preocupante.
Finalmente, nadie se opone a una Ley de la democracia, participativa, con espacios públicos, privados y comunitarios. Además propone producción local, nuevos talentos y en esto la UNSJ, que tiene la carrera de Comunicación, debe potenciar lo existente y el canal de televisión, para que sea un laboratorio de profesionales y producción de programación.