Frente a esta situación, la Universidad Nacional de San Juan, como institución comprometida con los acontecimientos de interés público que emergen de los propios vaivenes de la sociedad, decidió contribuir, mediante sus posibilidades científicas, al debate y esclarecimiento sin tomar a priori otra posición que no sea la de garante de una discusión seria, pluralista y democrática. Para ello, dispuso organizar un foro de discusión sobre distintos aspectos relacionados con la minería (ver aparte Foro Debate Minería y Sociedad).
Pero la UNSJ no fue la única universidad pública en asumir el compromiso de reflexionar sobre el impacto de la minería a gran escala. A fines de año pasado, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), órgano constituido por los rectores de las 40 universidades públicas del país, emitió una resolución (C.E. Nº 572/09), mediante la cual dispuso constituir, con representantes de todas las universidades, una comisión especial que tiene por objeto “analizar los aspectos relevantes de la actividad minera (…) bajo el título Desarrollo Minero Sustentable”, y que se organizará, según cita el artículo 2º de la norma, en torno a una serie de ejes temáticos similares a los que presentará el foro organizado por la UNSJ (ver aparte El CIN también debate).

Fondos polémicos

Mientras los grandes proyectos de extracción minera siguen su curso, una controversia atraviesa a todo el sistema universitario argentino. Tiene que ver con la admisión o rechazo de fondos generados por la explotación de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), ubicado en el departamento de Belén, en la provincia de Catamarca. Mediante Acuerdo Plenario N° 672 del 27 de mayo de 2008, el CIN decidió distribuir entre las universidades del país 50 millones de pesos recibidos de YMAD (un porcentaje de utilidades de esa explotación minera le corresponde legalmente a las universidades, de acuerdo a la Ley Nacional 14.771). Luego, el año pasado, después del Acuerdo Plenario Nº 699 del mismo organismo interuniversitario, fechado el 18 de mayo, se aprobó una nueva remesa de esos fondos, esta vez de 36,8 millones de pesos. A partir de estos hechos, en todo el espectro universitario nacional se levantaron banderas avalando u objetando el uso de los fondos de YMAD, según fuera la posición tomada respecto de la actividad minera.

Algo de historia

Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio fue creada en 1958 mediante la Ley Nacional 14.771 como una empresa minera formada por el Estado nacional, el Estado provincial de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán. Esta sociedad realizó exploraciones mineras en las que encontró depósitos de oro y plata, y diseminados de oro y cobre. En 1994 YMAD constituyó una unión transitoria de empresas con Minera Alumbrera Limited para la explotación de la mina. Bajo de la Alumbrera es hoy uno de los principales yacimientos metalíferos a cielo abierto del mundo. Su puesta en marcha demandó una inversión de 1.200 millones de dólares en 1997 y desde entonces la empresa que lo explota ha sido objeto de denuncias judiciales y reclamos populares por supuesta contaminación.
Aquella ley de creación de 1958 establece en su Artículo 18 que el 60 por ciento de las utilidades le corresponde a la provincia de Catamarca, el 20 por ciento a la Universidad Nacional de Tucumán y el 20 restante a las demás universidades estatales del país. De esta manera, la Comisión de Asuntos Económicos del CIN resolvió en dos oportunidades seguir la letra de esa normativa y dispuso en su acuerdo plenario de 2009 “Proponer la distribución de las utilidades líquidas y realizadas de los ‘Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio’ disponibles a la fecha del presente, aplicando igual criterio al establecido por el Ac. Pl. Nº 672/08”.
Una de las más sonadas reacciones a la determinación del CIN llegó de parte del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien envió una carta a su presidente y a los rectores de las universidades nacionales. “Las universidades, sobre todo la universidad pública, tienen el deber de mantener una mirada crítica sobre toda actividad productiva y sus impactos sobre la población (…) El hecho de que la producción de saberes técnicos dependa de fondos originados en una actividad tan cuestionada como la que desarrolla Minera Alumbrera Ltd. le resta confiabilidad”, asevera el Nobel en uno de sus párrafos.

Universidades y los fondos YMAD

En la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, los fondos que le correspondían (3,4 millones de pesos) fueron aprobados en 2009, y lo mismo sucedió en la mayoría de las casas de estudios del país. Sin embargo, la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA rechazó ese dinero. Otras universidades que lo desestimaron fueron la Nacional de Córdoba y la Nacional de Río Cuarto. También varias unidades académicas de universidades se negaron a aceptar los fondos YMAD, tales como Humanidades (UN Salta); Trabajo Social; Ingeniería; Bromatología y Ciencias de la Educación (UN Entre Ríos); Psicología; Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura (UN Rosario); Humanidades; Ciencias Exactas; Ciencias Agrarias y Forestales; Ciencias Naturales y Museo; Bellas Artes; Periodismo y Comunicación Social; y Ciencias de la Educación (UN La Plata); Humanidades (UN Comahue); Arte (UN del Centro); Sede Esquel (UN Patagonia).

Las refutaciones a la vinculación entre universidades y minería fueron elevadas por organizaciones sociales, pero desde las universidades también se hicieron oír investigadores críticos del modelo de desarrollo extractivo y exportador de materias primas.