| Desde fines de 2009, en distintas provincias del país, incluida San Juan, la flamante Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que sustituye al decreto ley de la última dictadura militar, se encontró con más de un escollo para su aplicación. Los obstáculos tienen que ver con medidas cautelares dictadas por la Justicia, a instancia de los grandes grupos de medios que ven amenazados sus intereses. Por este motivo, en San Juan, como en otras provincias, se realizó a mediados de marzo una marcha convocada por el Sindicato Argentino de Televisión Filial San Juan y el Sindicato de Prensa y Comunicación Social de San Juan.
Esa movilización contó con la adhesión de un conglomerado de instituciones que defienden la aplicación de la nueva normativa, entre ellas la Universidad Nacional de San Juan.
En esa oportunidad, Revista La Universidad dialogó con el Licenciado Eduardo Seminara, vicerrector de la Universidad Nacional de Rosario e integrante del Directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA).
-¿Cómo fue el proceso de aplicación de la ley desde que se constituyó el órgano de aplicación?
-La autoridad se constituyó el 10 de diciembre. A partir de ahí realizamos una primera reunión en que fijamos los términos de un censo de medios para hacer una “fotografía” de lo que hay. Fue entonces cuando empezaron a aparecer los recursos judiciales que mantienen suspendida la aplicación de la ley. Estamos en San Juan por eso, acompañando una invitación del Sindicato Argentino de Televisión y de la CGT, para recordar que fue una ley sancionada por el Parlamento Nacional, con todas las garantías, y que ahora nos toca a nosotros aplicarla.
-Hay un cuestionamiento concreto a la judicialización de la ley…
-Las leyes son producto de la política. Creo que hay que jerarquizar las leyes que son sancionadas por la mayoría, y que las minorías tendrán la oportunidad de mejorarlas. Las leyes no son eternas, ese es un error que está muy metido en nuestro pensamiento. Si las leyes se pueden optimizar, es función de los parlamentos hacerlo permanentemente. Pero también creo que lo peor que le podemos hacer a la democracia es desprestigiar al Poder Legislativo judicializando leyes que han sido correctamente sancionadas y en este caso discutidas por la mayoría de la población.
-¿Cómo definiría la situación?
-Es una situación compleja propia de una democracia que pretende crecer para mejorar la calidad de vida de las mayorías y en la que hay sectores que se resisten a los cambios. Esta tensión la vamos a tener seguramente todo este año.
-¿Qué rol deben asumir las universidades en esta tensión?
-Creo que deben comprometerse cada vez más con lo que les pasa a sus ciudades, a sus provincias, a sus regiones, en un marco de libertad y respeto por la opinión del otro. |
