En el marco del Foro «Seguridad ciudadana y hechos de violencia, desde una mirada interdisciplinaria», realizado en la Facultad de Ciencias Sociales, expusieron diferentes actores sociales. Algunos temas fueron “La seguridad ciudadana desde la mirada criminológica”, a cargo de María Daniela Puebla, licenciada en Trabajo Social, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales; y “El rol de los medios masivos de comunicación en la percepción de la inseguridad”, desarrollado por Carlos Fager, docente e investigador del Departamento de Ciencias de la Comunicación de esa Facultad. También intervinieron Margarita Camus, Jueza de Ejecución Penal de San Juan; Viviana Meglioli, directora de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia, y Gustavo Martínez, periodista.

 

“La seguridad ciudadana desde la mirada criminológica”

Escribe:
Mg. Lic. María Daniela Puebla, licenciada en Trabajo Social
Docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ

Acerca de la In-Seguridad

Hechos recientes de reacciones de extrema violencia – en todas su formas: físicas, simbólicas, institucionales, entre pares, entre grupos o sectores enfrentados- y hechos vinculados al accionar policial hace necesario reflexionar sobre la cuestión de la In-Seguridad y de los Derechos Humanos, y la preservación de derechos de todos los habitantes, en el marco del Estado de Derecho y de una Sociedad Democrática.

El delito, la violencia, y la conflictividad descontrolada producen daño y dolor, vulneran derechos de las víctimas, más aún cuando ellas tienen dificultades para recuperarse del daño y cuando aquellos hechos son “naturalizados”, no se controlan situaciones para evitar la revictimización, o quedan impunes. Por ello es legítimo el reclamo y la necesidad de los habitantes de que se reduzcan las oportunidades de ser víctima y de que no se incrementen aquellos hechos por ausencia de respuestas adecuadas, o por respuestas que los reproducen; cuando se vulneran derechos tanto de víctimas como de victimarios y cuando se opera con violencia desmedida en relación a la gravedad de delitos y de violencias producidas.

Estos hechos afectan la calidad de vida de los habitantes, y su descontrol produce daño (a menudo con secuelas irreversibles), producen temor, ira y por ello, deseos de venganza, enfrenta a los habitantes entre sí, en razón de lo cual esto es un desafío para el Estado Democrático y Constitucional de Derecho de preservar en todos los habitantes su vida, su dignidad, su integridad.

La noción de Seguridad y su correlato Inseguridad, es hoy una de las cuestiones de interés común de mayor inquietud social y es un concepto que varía según diversos países, grupos y contextos histórico-sociales. La concepción que se sustente de ella, influirá en la forma desde dónde se la aborda, sea para reducir posibilidades de que se produzcan, sea para reparar daños mayores; sea para su disfrute para el total o para sectores restringidos de los habitantes.

Desde una perspectiva integral y transdisciplinaria, podemos partir de un concepto amplio de Seguridad refiere a Seguridad Humana y Política Integral y de Protección de Derechos Humanos y Fundamentales, concepciones que ponen el acento en las personas y descartan la concepción de la Seguridad para unos pocos, sino de todos los habitantes; Política sólo entendida como preservación integral de derechos de todos los habitantes.

La noción de Seguridad Nacional, como doctrina, dio sustento a las dictaduras de los años ’60 y ’70 en la región, no ya para la protección de las personas, sino del territorio o del gobierno. De ella emerge la idea del “enemigo interior” y la justificación de la necesidad de destruir a quien era considerado “peligroso” para la Nación, y autorizaba el control drástico del conflicto mediante la implementación de métodos aberrantes, que dieron lugar al Terrorismo de Estado y el genocidio de la última dictadura militar. El objetivo del Estado era destruir al enemigo, fuera real o potencial su oposición al modelo socio-económico-político y cultural que se pretendía imponer, violando los derechos y garantías más elementales de las personas, con un fuerte contralor ideológico del movimiento obrero y estudiantil, la aplicación de tormentos, la desaparición forzada de personas, la aniquilación psico-física, la intimidación colectiva, entre otros dispositivos de control.

Instaurado el modelo Neo-liberalista trajo consigo un liberalismo-individualista que bajo la lógica del mercado instaló la idea de la autogestión: con ingresos e inteligencia suficiente, cada cual podía darle la mejor educación, la mejor salud, la mejor calidad de vida a sus hijos; desconociéndose que las nuevas formas de producción excluyeron del sistema productivo a amplios sectores sociales; se redujo el Estado de Bienestar y se agudizó y amplió la de pobreza. Con Políticas Sociales focalizadas y un Estado Minimalista para garantizar prestaciones básicas destinadas a atender situaciones de pobreza y de precariedad, de por sí agravadas por las políticas de flexibilización laboral, el desempleo masivo, la caída del salario, derivó en una profunda crisis, marcada por gran malestar, sentido de precariedad, gran desolación.

Luego de estallar la gran crisis del 2001 lo que quedó, fue una sociedad muy fragmentada, con gran exclusión y disolución social; sectores de altísimos ingresos que conviven (o/no) con sectores muy pobres y donde los cambios que se están dando en la región con intentos de recuperar el Estado de Bienestar, de Justicia distributiva, de restitución de derechos vulnerados, están atravesados por una gran discriminación y un gran descontento con aquello que significa sacarle algo a los que más tienen en pos de la ampliación de derechos. Son escenarios marcados por gran una violencia y conflictividad social asociados a la discriminación, a la humillación y al maltrato sobre sectores en situación de desventajas sociales, a los que se les asignan rótulos del tipo “pobres porque quieren”; “pobres/vagos/que no viven de su trabajo”.

En paralelo, los paradigmas internacionales y los acuerdos de la comunidad internacional, a partir del reconocimiento de flagrantes violaciones de derechos humanos han evolucionado en concepciones centradas en el respeto por la dignidad humana y la atención especial de sujetos que fueron vulnerabilizados. Esto en Argentina no es mera posición teórica sino norma constitucional y es un imperativo ético luego de aquél “Nunca Más” a golpes militares y a Terrorismos de Estado. La centralidad entonces es el hombre como sujeto de derechos a quien el Estado debe proteger, y la sociedad, un escenario en el que emergen conflictos y a la que se debe incorporar con nuevos protagonismos y en co-responsabilidad con la Policía para afrontar los problemas de su Seguridad. Estado y Sociedad componen una dupla necesaria para generar respuestas democráticas y acordes a sus propias necesidades y dentro del marco normativo del Estado de Derecho.
El Comité de Expertos de Naciones Unidas sobre Drogas y Violencia (San José de Costa Rica, 1999) refiere a la Seguridad como Seguridad Humana, indisolublemente ligada al Desarrollo Humano. Este asegura una calidad de vida y condiciones que contribuyen al libre ejercicio de la ciudadanía y al pleno ejercicio de los derechos; mientras que la Seguridad Humana tiende a que se preserven derechos en un ambiente de paz y de libertad. El concepto de Seguridad Integral o Seguridad Humana es considerada una respuesta capaz de promover la paz, la protección en los derechos de las personas y de las sociedades, el respeto irrestricto de la Ley, de los Derechos Humanos y en un marco necesariamente democrático. Se considera que toda “tensión, conflicto o inseguridad social, puede tener o tiene un impacto directo en la Seguridad Humana, así como lo hacen las diversas formas de explotación humana, y muchos otros fenómenos y conductas nocivas, tales como la delincuencia, la violencia o la fármaco- dependencia, muchas de estas amenazas están vinculadas entre sí y ninguna es susceptible de solución sencilla. Para combatirlas se necesitan acciones integrales o integradas de índole preventiva y que comprometan a todos los sectores de la sociedad en un nuevo Pacto Social”. La Seguridad Humana focaliza su preocupación por la vida, la calidad de vida, y la dignidad de las personas de todos los habitantes y no sólo de determinados sectores; no se circunscribe a la idea de defensa, prevención y represión de la violencia, de amenazas contra las personas y sus propiedades si es que ello no se lo articula con un marco de libertad, de respeto a los DDHH, de sustentabilidad ambiental y de justicia social. Atender la Seguridad Humana implica también atender la liberación contra amenazas como el hambre, la enfermedad, la represión; la protección contra alteraciones súbitas y dolorosas contra la vida cotidiana (en el hogar, el trabajo, el barrio, los ámbitos públicos); la preocupación universal de todas las personas (ricos/pobres; niños/adultos; ciudadanos/extranjeros); considera como interdependientes la cuestión del delito, la proliferación y tráfico de armas, el narcotráfico y las adicciones; la explotación; la desintegración social que ocasionan impacto sobre todos los habitantes. Se considera más fácil y eficaz la prevención temprana, por sobre la intervención posterior.
La Seguridad Humana necesariamente se articula con el Desarrollo Humano, en tanto éste permite ampliar las opciones de las personas; facilitar a los seres humanos y a las comunidades el que puedan satisfacer necesidades básicas y realizar su dignidad personal, su seguridad, su creatividad y así poder reducir condiciones de extrema pobreza, violencia, enajenación y marginación. La Seguridad Humana permite ejercer esas opciones en un ambiente de paz; y ello sólo se logra promoviendo los DDHH, el imperio de la ley; la reducción de la criminalidad; la democratización de las relaciones; la gobernabilidad y la solución pacífica de los conflictos (Comité de Expertos de Naciones Unidas sobre Drogas y Violencia, San José de Costa Rica, 1999).
El autor italiano Alessandro Baratta, propone hablar de Seguridad de los derechos, la que no debe circunscribirse a lo meramente policial, ni meramente jurídico, ni sólo al control de la criminalidad, sino que debe articularse necesariamente con otras políticas, donde la lucha contra la exclusión, es troncal. Cuando es alta la exclusión, con la paradoja del control del riesgo, éste aumenta la inseguridad tanto de los pocos que la demandan, sino que crece la inseguridad de todos, Baratta (2000). Por tanto la Seguridad requiere reducir la exclusión y preservar de derechos y de integridad a todos; requiere una política democrática y especialmente dirigida a los más excluidos; una política local, participativa. Una Política de Seguridad como servicio público (y no privado) y donde los policías se convierten en ciudadanos (policía no enfrentada con la comunidad sino que brinde un servicio público que vela por preservar su integridad y sus derechos); donde es posible reafirmar la igualdad de todos los habitantes y un uso ilimitado de los espacios públicos por parte de todas las personas. Por ello que no caben los apelativos de “guerra contra el delito”, “combate contra la delincuencia” que se focaliza selectivamente sobre sectores señalados como “peligrosos”.

Desde estas concepciones, las Políticas Sociales de restitución de derechos vulnerados por las políticas neo-liberales, se ampliaron con gran impacto en lo territorial como es el caso de los dispositivos de niñez, de mujeres, de personas con capacidades especiales, de adultos mayores (entre otros sectores reconocidos como particularmente vulnerables por la doctrina internacional de DDHH), son troncales en términos de reducir la exclusión y de recuperar ejercicio de ciudadanía de la que fueron excluidos. Ello es además un mandato de la Constitución Nacional (Art. 75 Inc. 23) cuando refiere a las medidas de acción positivas para sectores con reconocida situación de vulnerabilidad (1).

Sentimiento de inseguridad y reacción ante el delito

La inquietud en cuanto a amenazas a la integridad, a la vida, a la paz social tiene un componente objetivo y uno subjetivo. La Seguridad está muy presente en el debate público actual, aunque con significaciones muy diversas; no todos los delitos (hechos definidos por la ley vigente como prohibidos y a quienes se los compruebe como responsables, son pasibles de ser penados), pero no todos generan inseguridad. No todas las violencias (como las ocultas o simbólicas, los daños psicológicos o morales) constituyen delitos; ni todos los delitos llegan a ser percibidos como productores de inseguridad. No todos los responsables de delitos son vistos como productores de inseguridad (tal como determinados sectores sociales: los pobres, los “villeros”, los adolescentes pobres, los excluidos en general, que a través de procesos de estigmatización son definidos desde cierto imaginario social como “peligrosos/enemigos” que amenazan la vida, integridad y la propiedad (2) ; constituyen sujetos que “atentan contra determinado orden”, son “los discordantes”, “los que rompen la armonía y la paz social”, los “amenazantes”, los “indeseables”.

Hoy la preocupación por la Inseguridad, está asociada a cierto tipo de criminalidad (delitos callejeros como hurtos, robos; homicidios; delitos contra la integridad sexual; y un hecho objetivo como es la desproporción entre un robo exitoso, le sigue la agresión o el homicidio con ensañamiento); pero suele dejarse fuera otro tipo de Inseguridades como la vial (3) , la alimentaria, la laboral, la sanitaria, la ambiental, el maltrato y la violencia institucional; los “delitos económicos o de los poderosos”, los abusos de autoridad y/o incumplimientos de deberes de funcionarios públicos aunque no necesariamente se los perciba como causantes de daño, ocasionan desconfianza y sensación de indignación en la población. Surgen temores, resentimientos y desconfianza respecto de instituciones que no cumplen los cometidos para los que fueron creadas (la Policía que no protege; la Justicia que no imparte justicia; el Hospital que no cura; la Escuela que no forma, etc. y además instituciones que maltratan y dañan) con lo cual el temor a ser atacado y el temor a ser desatendido conduce a que el ciudadano común desconfíe, siente que alguien puede sacar ventajas de esos desajustes institucionales y colocarlo en situación de mayor exposición a ser dañado. Miedos, vulnerabilidades, desconfianza reproducen el sentimiento de inseguridad y con sujetos amenazados y desconfiados se produce mayor disolución social y es casi imposible construir ciudadanía; la gobernabilidad democrática se debilita y se ve amenazada, por cuanto los lazos sociales, el sentido de comunidad se disuelven con la Inseguridad y el pánico colectivo. Así es que surgen las “demandas de ley y orden”; de “guerra contra el delito”; de “tolerancia 0” que se traducen en reclamar al Comisario, al Intendente, al Juez, al funcionario político que se haga algo con las personas molestas (adolescentes que hacen ruido en la calle o que beben unas cervezas en la esquina o en la plaza; niños jugando que hacen ruido en horarios de descanso o que rompieron un vidrio o estropearon un jardín; niños pobres que venden estampitas en un hipermercado o en confiterías que molestan a los consumidores …); no importa cómo se opere con ellos, si se los hostiga o se vulneran derechos, no importa cómo se proceda con ellos, pero se impone salir a responder por ejemplo con operativos policiales como respuestas espasmódicas a las demandas de “mayor seguridad” que terminan ampliando las esferas de control policial sobre sectores señalados como potenciales peligrosos (4) .

Tras ese trasfondo de miedo e incertidumbres que dejó por ejemplo la gran precarización de la sociedad de mercado, y crisis como por ejemplo en nuestro país de la hiperinflación, del 2001, por efecto por la poderosa influencia de los medios de comunicación se construyen subjetividades en base a ficciones, datos falsos y mal uso de la información sobre la realidad. Aunque como dice María Cristina Mata (5) , “no son los medios los únicos espacios de producción de cultura y de lo público; interactúan con otras personas… instalan temas en la agenda pública…excluyen otros; hay una preeminencia de lo experiencial por sobre lo argumental; el caso –esas narraciones de sucesos individuales- como modo de acceso a la realidad y recurso para la generalización”… (6) Se reproducen discursos, sin constatar con datos de la realidad ni datos científicos, y se termina instalando “verdades” respecto de peligrosidades y medidas a tomar (7). Se construyen etiquetas negativas sobre determinados sectores sociales, barrios, sujetos, que terminan erigiéndose en una suerte de chivos expiatorios que juegan el rol de responsables (el objeto) del temor y deseo de venganza y sobre los cuales merece recaer un control penal muy selectivo. Se montan operativos que producen la sensación de estar desprotegido, de reducir la angustia, aunque las situaciones de victimización real no se reduzcan.

La mundialmente reconocida criminóloga venezolana Lola Aniyar de Castro advierte que en términos de Políticas de Seguridad es tanto o más importante atender la necesidad de reducir las oportunidades de victimización real, como la cuestión del miedo al delito. Ambos afectan la calidad de vida y constituyen un tema central en términos de gobernabilidad democrática… Tras un telón de fondo de una sensación de gran precariedad, el miedo a sufrir grandes daños y aún morir en un mundo de grandes situaciones imprevisibles, violencias, catástrofes naturales y económicas, producen una gran inestabilidad y fragilidad emocional en los habitantes. Si a ello se agrega un imaginario colectivo que está impregnado de imágenes de violencia literaria, televisiva, cinematográfica y la producción de noticias sobre crímenes y delitos violentos en forma insistente, que son las que más venden, ese miedo produce estragos en las subjetividades. Se alteran formas de vida, bajo una paranoia que lleva a vivir encerrados, se reducen las actividades en el espacio público, se produce la ghetización del territorio (el ghetto de los country, el ghetto de las villas/barrios pobres). “Si a ello se agrega –dice Aniyar de Castro-el atávico temor al otro diferente a quien no se reconoce un igual en intereses, actitudes o formas de vida, el miedo urbano adquiere una significación que no se puede soslayar… Por esto, el “miedo al delito” en Criminología ha sido una gran preocupación en las últimas décadas reconociéndose que a menudo las crisis de inseguridad, basadas en el miedo ciudadano, suelen ser más que crisis, construcciones sobre una situación de inseguridad que es constante en el medio urbano (Aniyar de Castro: 2010)(8).

Zaffaroni viene advirtiendo aquello que se ha dado en denominar la Criminología mediática (9) , fundada en un pensamiento mágico, repleta de contradicciones, incoherencias y sin respaldo con datos científicos. Hay una construcción mediática de la realidad; una feroz publicidad respecto de determinados tipos de criminalidades, no necesariamente montadas desde falsedades sino con la forma en que se presentan noticias policiales: se muestran hechos aberrantes reiteradamente, y se apela a usos perversos de víctimas, colocadas como héroes.

Tras el trasfondo del sentimiento de inseguridad, el miedo produce reacciones sociales que ponen en tensión la gobernabilidad democrática…. El miedo produce angustia y tensión; una angustia que genera cierta violencia difusa, no se reconoce bien a qué se tiene miedo, pero sí hay una tensión y un gran malestar; existe angustia por la amenaza de ser atacado, incluso morir; esa angustia se agudiza si no se encuentra un objeto, un responsable, sobre el que deben caer controles, aunque estos tensionen con el Estado de Derecho y se justifiquen “medidas excepcionales”, que no se respete “la ley”. Entonces aparece la necesidad de un “chivo expiatorio”; hay que neutralizarlo, atacarlo, destruirlo. Así baja la angustia sin importar si el tema se resuelve o no con garantías, si se determina o no si hay responsabilidad, hay que responder desde la inmediatez para bajar ese gran malestar, aunque se reconozca que el problema no se resuelve.

La gran cuestión aquí es cómo se contiene esa necesidad de aniquilar al enemigo (el “chivo expiatorio”), como lo demuestra esa reciente reacción de llegar a matar con alevosía; ese “otro”, señalado como “el peligroso”, que se presenta como el anverso social, el diferente. Cómo controlar que esa reacción espasmódica, visceral, fundada en el miedo no derive en incontrolable, y finalmente en masacre.

Los efectos es dejar amarrados, presos, atados a políticos y a gobernantes a una tremenda manipulación; nadie puede dejar de responder sin quedar como responsable de impunidades o cómplices de delitos; y entonces no se puede quedar fuera aunque haya que apelar a reacciones inmediatistas.

Tras ese trasfondo, hay usos perversos de víctimas y de victimarios a través de la prensa amarilla más vendible; se seleccionan sujetos señalados como productores de In-Seguridad y desde una discrecionalidad autoritaria y reñida con el Estado de Derecho surgen operativos del tipo razzias policiales con privaciones ilegítimas de libertad, apremios y tratos tortuosos, actuaciones fundadas no en virtud de hechos sospechados de delitos, sino en virtud de evitar que se cometan delitos (10) . De lo que se trata es más bien mostrar que se está haciendo algo por la In-Seguridad, aunque funcionarios judiciales, políticos y legisladores, sin estar convencidos admitan ese accionar con recortes de libertades y de derechos. Se trata de dispositivos de control cuyo efecto, además de la ejemplarización y la más aberrante demostración del poder de intimidación policial, recaen discriminatoriamente sobre sectores sociales en función de esteriotipos.

Podemos sintetizar lo que dice Zaffaroni cuando refiere a una dicotomía que se ha ido legitimando y de la cual nadie se hace cargo; se produce una especie de poder punitivo contenido (para gente que es como uno; los “ciudadanos”, que son personas) y otro liberado (destinado para gente que no es como uno; los que no son personas, los “enemigos”, los reales delincuentes). Antes se mataba a los peligrosos delincuentes; ahora se los encierra para siempre; pero, ¿qué se hace con los molestos? Hay una suerte de liberalización de las policías; pero qué sucede cuando el poder punitivo se libera? Cuando liberamos un pedazo del poder punitivo, dice Zaffaroni, no lo podemos contener. Siempre la liberación del poder punitivo comienza con la excepción, después se convierte en regla y es inevitable (11) .

En virtud de ello, la Criminología que transitó de una génesis de neto corte positivista, con fundamentos spencerianos (ideologías legitimantes del colonialismo), con un objeto de estudio focalizado en la etiología criminal y el trinomio “delito/delincuente/pena”. Pasa luego a focalizar su objeto en el control social, los sistemas punitivos y sus efectos reproductores, incorporando el tema del poder, y el rol de los agentes del control punitivo, rompiendo de su condición de disciplina auxiliar del Derecho Penal, con un enfoque interdisciplinario, ya no centrado en lo normativo, sino en una visión más fenoménica, social, política. Focalizó su atención en los agentes del control punitivo y en algunos aportes desde las Ciencias Sociales para superarlos. Hoy, conforme los grandes referentes criminológicos a nivel mundial arriba aludidos (Aniyar de Castro y Zaffaroni), pasa a ser una disciplina insoslayablemente entroncada con los Derechos Humanos, no de mera crítica de contemplación, sino como una Criminología militante, no apegada a la impotencia del no se puede; una Criminología de contención de la masacre de los poderes punitivos; hoy se juega entonces cómo develar ese potencial, esos riesgos y efectos genocidas que se están produciendo en las agencias punitivas con muertes, perversas violencias y gran deterioro y reproducción de violencias producidas.

Las nuevas tendencias en materia de seguridad han producido una hipertrofia del poder punitivo con efectos de masacre (12), y es un imperativo el construir Políticas Criminales (Criminología Aplicada) que permita contener esas masacres impulsando y efectivizando la realización de estándares internacionales en materia de DDHH. Zaffaroni Promueve “la imperiosa necesidad de prevenir las masacres, fundando sus planteos en cifras macabras: a lo largo del siglo XX los estados provocaron la muerte de uno de cada cincuenta habitantes, el 2% de la población mundial, sin contar los que produjeron las guerras”. (13) A más de esas masacres en guerras, -dice Zaffaroni- a diario se producen “masacres por goteo”, las que generan muertos de a uno, víctimas de distintas formas de violencia estatal y de las muy variadas carencias.

Violencia y Sistema Penal

Lo preocupante de hechos como el accionar discrecional de la policía y flagrantes violaciones de derechos elementales; linchamientos y venganzas aberrantes; electrificación de medianeras colindantes con barrios relocalizados…) en términos de Seguridad Democrática, es esa suerte de sistema punitivo liberado. A la vez son respuestas que brinda el Estado reactivas o defensivas orientadas a mostrar ficciones sobre la eficacia para el control del delito, que se legitiman con recortes de derechos a modo de excepción.

El Estado, que reacciona espasmódicamente por estas fuertes demandas sociales de intervención, agota las soluciones utilizando al Derecho Penal como el único instrumento adecuado para resolver estas problemáticas con una fuerte presencia policial, más bien destinada a morigerar la “sensación de inseguridad” que a operar idónea y eficazmente sobre la “criminalidad objetiva” (situaciones reales de criminalización). Esta ausencia de planificación en las políticas de seguridad, puede revelar la incapacidad de la dirigencia política que se vale de estos dispositivos, porque no encuentra otro medio eficaz, que además le asegure la aceptación de la clase social que demanda seguridad.
La cuestión de la In-Seguridad, no debe circunscribirse a lo judicial-policial, ni a la legislación penal, ni ser un mero asunto de técnicos; tampoco el Estado –los decidores en materia de prevención y control del delito- puede dejarse llevar por reacciones y reclamos desde un imaginario no siempre vinculado con situaciones de inseguridad real, sino gestadas desde el miedo, el resentimiento; son respuestas demagógicas que derivan en una ampliación y endurecimiento del Sistema Punitivo, de corte antidemocrático y muy selectivo.

El tema de la inseguridad ha sido tomado por la agenda pública, lo que presenta una paradoja: por una parte se ha democratizado su abordaje; pero a la par por la poderosa influencia de los medios de comunicación y el protagonismo de sectores que adoptan ideologías mundiales (la “Nueva Derecha Autoritaria”) y una vuelta a un Derecho Penal muy autoritario, sustentan penas de tipo retributivas, talionales, emplarizadoras, intimidatorios y coactivas, de extrema violencia.
Muchos hablan sobre el tema y proponen soluciones, lo cual “podría pensarse que es un debate que se ha democratizado por la pluralidad de voces, pero en la mayoría de los países, dice Kessler (14) , no autoriza al optimismo: la conjunción entre el mayor peso de una opinión pública y la permeabilidad de los políticos a lo que se interpreta como sus demandas, suela reforzar la tendencia hacia políticas más punitivas y discriminatorias. Ante lo cual, las tarea de los académicos e intelectuales comprometidos con los derechos humanos es al mismo tiempo más necesaria y más difícil de llevar a cabo; en particular para aquéllos interesados en la formulación de políticas, puesto que se encuentran entre el imperativo de denunciar la demagogia autoritaria del punitivismo pero también, si quieren influir en la formulación de políticas, se sienten interpelados para realizar propuestas y lograr que sean escuchadas en un contexto mundial donde tal como lo denomina Garland (15), ha ganado terreno en “populismo punitivo”.
Roberto Bergalli (criminólogo argentino radicado en España) y Manuel Delgado, entre otros (16) refieren a discursos de humillación y de maltrato respecto de sectores excluidos. Bergalli viene denunciando cómo en las últimas décadas se está respondiendo a la pobreza y a la exclusión, a las grandes migraciones por guerras, y a las grandes conflictividades del SXXI, con las formas más aberrantes de violencia a través de los Sistemas Penales (17) , recurriendo al encarcelamiento carcelario como mera segregación “con verdaderas estrategias de terror y de severidad punitiva” (18). Estas formas reducen a la condición de “no personas” en virtud no de hechos delictivos sino en virtud de nuevas marginalidades y del rechazo social de naturaleza étnica, cultural, religiosa sobre personas en situación de inferioridad. Los autores describen distintas formas que se están gestando en materia de perversas formas de exclusión y de humillación como consecuencia de las profundas transformaciones que se están dando dentro de los procesos de la globalización económica y de perversas consecuencias sobre los seres humanos (19): “ser o sentirse humillado es saber que no se es como los demás, que se es demasiado o demasiado poco no importa qué y que ese exceso o carencia hace merecedor de trato denigrante que rebaja, hunde, interioriza, inhabilita… Es sentirse un detritus, un desecho, algo que está demás, que sobra, que apesta y ensucia, que hay que esconder, apartar o eliminar… El humillado experimenta de un modo u otro la amargura de su condición y se ve obligado a afrontar las emociones que suscita esa desagregación forzosa sometiéndose las más de las veces, sublevándose en algunas otras” (Delgado: 2009). Su condición de exclusión lo lleva a auto-percibirse como “no ciudadano” o sublevándose (vía delito con ensañamiento, vía piquetes, vía cortes de rutas, vía delitos con ensañamiento más allá del costo-beneficio (20) a menudo con formas impredecibles de violencias. Y es en este sentido que los sectores más afectados por los efectos dañinos de la violencia (sea como víctimas, sea como victimarios, sea como autodestrucción) repercute en niño/as y adolescentes, más si son pobres (21). Es así que en lugar de reducir, se reproduce la violencia a través de lógicas bélicas, de enfrentamiento con el enemigo.

Hoy el tema está fuertemente instalado en la agenda pública, la ciudadanía lo señala como una de las principales preocupaciones y es un tema del cual ningún político quiere negarlo en su agenda. Pero poco o nada se traduce en una Política de Seguridad que tenga en cuenta la dinámica de todos los factores antes señalados, que se base en estudios científicos serios y no se basen exclusivamente en el accionar policial, con nuevos y más graves tipos penales y condenas, mayor encierro carcelario. Al respecto dice la investigadora de la UBA Alcira Daroqui: “ …se debe resolver el problema de la inseguridad, pero la forma no es defenderse apelando a la violencia o a la venganza. Ya ocurrió que hubo chicos muertos porque entraron a buscar una pelota a una casa y murieron electrocutados al tocar una reja. El problema es que la sociedad no reconoce al Estado como el actor que debe resolver el problema, y por eso adopta medidas que surgen del miedo…” …“las políticas erráticas y poco claras en materia de seguridad, con medidas espasmódicas como las de reforzar con presencia policial con Gendarmería o Prefectura, que son fuerzas militarizadas que no están para esa función. Muchas veces se dice la Policía no tiene recursos, que el presupuesto no es suficiente para garantizar la seguridad, cuando la gente ve muchas camionetas y equipamiento en la calles. Tanto despliegue de nada sirve, si la gente tienen que pensar que la seguridad depende de ella, entonces si tengo que matar, mato¨. Allí se juega el miedo que genera el discurso político y mediático… Todos los políticos hablan de guerra, combate contra el delito, y no se desdicen cuando la policía dice “no podemos hacer nada… los delincuentes entran por una puerta y salen por otra…cuando en realidad las cárceles están llenas de presos, muchísimos sin condena…” (Página 12, 31 de marzo de 2014)

Puede aparecer distintas respuestas: las de quienes miran la cuestión como una especie de fenómeno natural y respecto del cual poco o nada se puede hacer; y las de quienes desde una retórica mesiánica sustentada en una vuelta al autoritarismo y a los dispositivos del control drástico del conflicto de los años de dictaduras, proponen formas de control de la criminalidad que adoptan las formas de “tolerancia cero” (22), o de “limpieza de delincuentes” con los apelativos de guerra contra el delito/delincuentes que terminan operando sobre un sector muy acotado de la criminalidad. Desde una mirada muy discriminatoria se instrumentan dispositivos de control basados en la neutralización y la exclusión (territorial, limpieza de pobres que afean la ciudad y durísimos dispositivos penales aplicados muy selectivamente sobre los sectores más excluidos: penas cada vez más duras, mayor encierro carcelario (no ya para recuperar al delincuente sino para neutralizar y sacar de circulación bajo el supuesto de que al menos por algún tiempo no cometerá delito) (23) .

 Notas:

1 La Cumbre Judicial Iberoamericana, dentro del marco de la XIV edición, ha considerado necesaria la elaboración Reglas Básicas de Acceso a la Justicia de las Personas Vulnerables. En ellas se desarrollan los principios recogidos en la “Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano” (Cancún 2002)

2 La historia del control social señala cómo se construyeron “sujetos peligrosos” a domesticar, disciplinar, neutralizar, excluir (“sacar de circulación”: destierro, exclusión territorial, privación de libertad en cárceles o institutos de “minoridad”) y hasta matar. Son los denominados “marginales, anormales, desviados, los pobres estructurales, etc.” que en todos los tiempos han sido sometidos a dispositivos disciplinares aunque con mayor o menor grado de coerción y autoritarismo según el modelo económico-político y social vigente. Durante dictaduras o democracias muy condicionadas y con escasa o nula justicia distributiva, a estos tradicionales “sujetos a control”, se han sumado los oponentes políticos, a quienes desde la década del ´20 en delante se les han aplicado tormentos y/o matado.
3 En la provincia de San Juan, al día 16 de Julio del 2013 se registran las alarmantes cifras de 100 muertos en accidentes de tránsito, sin contar las muertes de sobrevivientes que vinieron luego, más los casos de mutilados o personas que quedaron incapacitados.
4 Refiere por ejemplo a los operativos sobre jóvenes que se expresan artísticamente para recaudar fondos frente a los semáforos de la ciudad; que ensayan para sus presentaciones artísticas a través de “murgas”; o el caso de los operativos sistemáticos del tipo “razzias” con detenciones ilegales sobre adolescentes que están en la calle bebiendo, lo cual además de constituir una flagrante violación de derechos y de garantías genera resentimientos y deviene en una suerte de deslegitimación de otras Políticas (como por ejemplo culturales y sociales que responden al derechos de niñxs y adolescentes a la libre expresión y a una mejor socialización)
5 María Cristina Mata “Medios/Seguridad/Inseguridad. Pistas para la reflexión. Pág.45 Revista Interferencia, Año 2 Secretaría de Extensión, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 2010
6 Así expresa la editorial del Diario de Cuyo de San Juan del día 8 de Julio del 2013 titulada “Lo Menores y la delincuencia” “Todos los sondeos de opinión coinciden en que la inseguridad es uno de los temas más preocupantes para la sociedad. Conocer los responsables de esta situación podría contribuir a encontrar soluciones a los hechos delictivos que se suceden en distintos ámbitos Dentro de este panorama sorprende la poca edad de los delincuentes, muchos de ellos menores de edad, lógicamente inimputables para la Justicia, por lo que a pesar de ser apresados por la Policía o recluidos temporariamente en alguna institución correccional, recobran su libertad rápidamente con la posibilidad de volver a delinquir. El martes pasado se conoció el caso de una chica de 14 años que después de robar una moto en el departamento Rivadavia intentó cobrar un rescate por el vehículo. Ese mismo día, en Mendoza, un chico de 14 y una chica de 16 fueron detenidos por golpear y asaltar a una comerciante utilizando armas de fuego. Son algunos de los casos que lograron salir a la luz, pero se conoce que a diario son numerosos los delitos en los que participan chicos, muchos utilizados por mayores para evitar caer en manos de la Policía”.
7 Así expresa la editorial del Diario de Cuyo de San Juan del día 8 de Julio del 2013 titulada “Lo Menores y la delincuencia” Evitar que los chicos deambulen por las calles sin ningún objetivo contribuye a evitar el rumbo hacia el delito…. Se conoce que la delincuencia juvenil no es un tema absolutamente nuevo, pero las estadísticas indican que en lo que va del siglo XXI se ha agravado considerablemente, afectando a la comunidad en general que ve cómo cada día hay más adolescentes en las calles delinquiendo, sin que se profundicen las medidas para tratar de evitar este flagelo…Proteger a los menores de caer en la delincuencia es una tarea en la que todos debemos participar sin medir los esfuerzos, para impedir que haya padres despreocupados del destino de sus hijos, chicos deambulando por las calles sin ningún sentido y aprovechadores que los utilicen para sus oscuros propósitos.
8 Aniyar de Castro (2010) Criminología de los DDHH. Criminología axiológica como Política Criminal. Ed Del Puerto. Pág 151 a 153
9 ZAFFARONI, RAÚL EUGENIO en su libro La palabra de los muertos . Editorial Ediar, BsAs, 2011 refiere a “criminología mediática”, realidad virtual creada por los más poderosos medios de comunicación explotando los miedos de la sociedad para crear estereotipados enemigos públicos –el joven proveniente de barrios precarios es hoy, como antes lo fueron las brujas y luego los negros o los homosexuales, el sujeto a combatir–; y también a la que denomina “criminología académica” que no siempre sabe, puede o quiere disponer su bagaje de conocimientos para visibilizar los muertos que produjo y produce el sistema.
10 Tal el fundamento de la autoridad policial. Entrevista al Jefe de la Policía de San Juan en Radio Nacional, el día 10 de Julio En el Programa matutino “Quien lo dice”.
11 ZAFFARONI, RE “Criminología académica y mediática. Construcción de miedos, masacres y enemigos”. Revista Interferencia, Año II. Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba, 2012
12 Es imprescindible adoptar un concepto criminológico que entienda como masacre toda práctica de homicidio de un número considerable de personas por parte de agentes de un Estado o de un grupo organizado con control territorial, en forma directa o con clara complacencia de éstos, llevada a cabo en forma conjunta o continuada, fuera de situaciones reales o de guerra que importen fuerzas más o menos simétricas” ZAFFARONI, RAÚL EUGENIO en su libro La palabra de los muertos . Editorial Ediar, BsAs, 2011 diferencia la “masacre” del “genocidio”, figura, creada hacia 1948 en el seno de la ONU por la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio, y que entiende que hay genocidio sólo cuando, con intención, se llevan a cabo determinadas acciones para destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
13 Zaffaroni Promueve la imperiosa necesidad de prevenir las masacres, fundando sus planteos en cifras macabras: a lo largo del siglo XX los estados provocaron la muerte de uno de cada cincuenta habitantes, el 2% de la población mundial, sin contar los que produjeron las guerras. a lo largo del siglo XX los estados provocaron la muerte de uno de cada cincuenta habitantes, el 2% de la población mundial, sin contar los que produjeron las guerras. Las matanzas de los naturales del Congo, los armenios, los judíos de Ucrania, los disidentes de la Unión Soviética e Indonesia, la shoah –más gitanos, gays y discapacitados– durante el nazismo, los hutus en Burundi y los tutsis en Ruanda, los opositores en Bangladesh, Camboya y Timor, los budistas en el Tibet, los indios en Guatemala, el pueblo Iho en Nigeria, los religiosos Baha’i en Irán, los kurdos en Irak y los islámicos en Bosnia, integran el listado –siempre incompleto– de los acontecimientos productores de cadáveres. ZAFFARONI, RAÚL EUGENIO en su libro La palabra de los muertos . Editorial Ediar, BsAs, 2011
14 KESSLER, Gabriel “Seguridad y Ciudadanía”. En “Seguridad y ciudadanía. Nuevos paradigmas y políticas públicas”. Kessler, (coord). Ed. Foros del Bicentenario. ED ED15 GARLAND David y SPARKS, Richard, “Criminology, Social theory and the Challenge of Our Tieme, en Garland David y Sparks, Richard (eds), Criminology and Social Theory, Oxford Unversity, N. York, 2000. Citado Kessler, Gabriel. OB. Cit.
16 BERGALLI, Roberto; DELGADO, Manuel; GARCÉS, Marina, y otros. ”La humillación. Técnicas y discursos para la exclusión”. Ed. Bellaterra, Barcelona, 2009
17 BERGALLI, Roberto (Comp). “Violencia y Sistema Penal”. Ed. Del Puerto, Bs. As, 2009
18 En Febrero del 2014, en la ciudad de Mar del Plata en oportunidad de la celebración del Congreso Federal sobre Reformas Legislativas el ILANUD (Instituto Latinoamericano de NNUU sobre Prevención del delito y Tratamiento del Delincuente) muestra estadísticas que demuestran el alarmante crecimiento de estadísticas de personas detenidas en cárceles y su correlación con el coeficiente de Gini. Se demuestra el grave problema del impacto que se viene produciendo con el problema de la superpoblación y hacinamiento carcelario (muertes, deterioro, violencias) y así también la correlación del aumento de las tasas de encarcelamiento con la inequidad social, y de éste con el aumento de delitos violentos.
19 BERGALLI, Roberto; DELGADO, Manuel; Y OTROS “La humillación. Técnicas y discursos para la exclusión social”. Ed. Bellaterra. Barcelona, 2009
20 KESLLER, Gabriel “Sociología del delito amateur”. Buenos Aires. Paidós Año 2004.
21 Véase el libro de AUYERO, Javier y BERTI, M Fernanda “La violencia en los márgenes. Una maestra y un sociólogo en el cono urbano bonaerense”. Ed. Katz, BsAs, 2013. y el reciente informe de Instituto de investigaciones de la Corte de Justicia de la Nación con datos reveladores de las derivaciones de la violencia en barrios pobres. Un dato alarmante es que los crímenes ocurrieron mayoritariamente en los barrios de la zona sur de la ciudad, especialmente en villas y barrios de emergencia, con una diferencia brutal: mientas que en la zona centro y norte de la ciudad la tasa de 2,68 es poco más alta que la de Canadá (una de las más bajas del mundo), en los barrios de la zona sur llega casi al 14 cada cien mil habitantes y se cometió el 73 % de los crímenes, la mayoría de ellos por riñas y ajustes. Dicho estudio –dado a conocer en noviembre del 2012- da cuenta de que entre el 2010 y 2011 en la ciudad autónoma de Buenos Aires aumentó la cantidad de asesinatos en peleas o venganzas a la vez que se redujeron los ocurridos en asaltos; la mayor cantidad de esas muertes se produjeron en la zona denominada en este estudio A (correspondiente a las comunas 1, 4, 7, 8 y 9, barrios de la zona sur de la ciudad, a excepción de Boedo y San Cristóbal) que concentra los barrios más pobres: 72,6% de los homicidios dolosos de la ciudad (138 de 190), con una tasa de 13,89 por cada cien mil habitantes. Mientras que la zona denominada B (el resto de las comunas, correspondientes a los barrios del centro y zona Norte, excepto Retiro) reúne el 26,8 % (51 crímenes sobre 190) con una tasa de 2,68”. En Página 12 del día 29/11/2012
22 Política del Alcalde de N York (Rudolp Giulliani) quien nombra como jefe de Policía a Bratton (1994). Política de control de la criminalidad basada en un fuerte patrullaje callejero, sobre todo en zonas definidas como riesgosas; máxima discrecionalidad en el accionar policial; limpieza de la ciudad de limosneros, graffitis, de los sin techo en el subte, de los limpiadores de cristales de coches en los cruces de calles. “Modelo”, tomado en varios países y territorios, como supuestamente eficaz en materia de control del delito callejero. No sólo no pudo demostrar su eficacia para el control de la delincuencia, sino que dejó como saldo flagrantes violaciones de DDHH, habituales prácticas racistas contra jóvenes latinos y afroamericanos, importante cantidad de civiles muertos en operativos policiales, códigos de silencio entre policías para encubrir violaciones a la ley (según consta en el informe de Amnistía Internacional-1996)
23 DE GEORGI, Alessandro.“Tolerancia 0. Estrategias y Prácticas de la Sociedad de Control”. Ed. Virus. Traducción de Iñaki Ribera Beiras y Marta Manclús Masó. Barcelona, 2005 y PUEBLA, María Daniela “Nuevas tendencias en materia de control social”. Ponencia presentada en el Congreso Internacional de Criminología, organizado por la Universidad de Bs.As., Septiembre del 2007