Tiempos de mirar la comunicación “con un enfoque empresarista”
Cecilia Vila, docente e investigadora del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ, se refiere al riesgo de vulneración del derecho a la comunicación por la posible eliminación de la Defensoría del Público de Servicios Audiovisuales. Además, habría desfinanciación de un fondo de fomento para medios comunitarios. Al Departamento de Ciencias de la Comunicación de esta Universidad llegó una nota, que aquí se publica, de la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social (FADECCOS), ya enviada a personal legislativo nacional, en la que, a propósito de la llamada “Ley Ómnibus”, se habla de “un grave retroceso para nuestra democracia, en general, y una mayor regresividad en materia de derecho a la comunicación”.
Por Fabián Rojas
Imagen de portada: www.radiolalechuza.com.ar
Entremedio del Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, conocido mediáticamente como “Ley Ómnibus”, está la posibilidad de cercenar derechos a la comunicación. En un avance contra artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la iniciativa pretende eliminar los Artículos 19 y 20, del Capítulo IV, Titulo II, de esa Ley 26.522, y el inciso F del Artículo 97. Los dos primeros aluden a la creación y rol de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. El Inciso A del Art. 19 dice que la Defensoría se crea para “recibir y canalizar las consultas, reclamos y denuncias del público de la radio y la televisión”. Mientras que el Inciso F del Art. 97 habla de destinar “el diez por ciento (N. del R:.de fondos recaudados por AFIP) para proyectos especiales de comunicación audiovisual y apoyo a servicios de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera, y de los Pueblos Originarios, con especial atención a la colaboración en los proyectos de digitalización». ¿De qué manera estas dos posibles medidas que tratará en estos días el Congreso de la Nación afectarán el derecho a la comunicación en la ciudadanía argentina?
Cecilia Vila, docente e investigadora en las áreas de Semiótica, Sociopolítica e investigación en medios del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ, en esta entrevista con Revista la U, señala que, cuando la mirada a la comunicación se plantea con un “enfoque empresarista”, “el Estado ya no funciona como un garante de ese derecho, sino que se limita a tareas administrativas, sin implementar políticas que tiendan a promover la diversidad y el pluralismo informativo”.
-El proyecto de Ley Ómnibus pretende derogar artículos sobre Defensoría del Público de la Ley 26.522. En la práctica, ¿cómo afecta eso al derecho a la comunicación?
-En primer lugar, quisiera destacar que propuestas como estas apuntan a cambiar el paradigma de políticas públicas para la comunicación. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, N° 26.522, fue ideada desde una mirada integral del derecho a la comunicación, teniendo en cuenta múltiples recomendaciones de organizaciones internacionales como UNESCO y la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), entre otras. El proyecto de Ley Ómnibus, e incluso el anterior Decreto 267 del año 2015 aprobado en el inicio de gestión del anterior presidente Macri, están planteados desde otra mirada para la comunicación, más coherente con un enfoque empresarista.
– ¿Y ese enfoque hacia dónde llevaría?
-Esto quiere decir que el Estado ya no funciona como un garante de ese derecho, sino que se limita a tareas administrativas, sin implementar políticas que tiendan a promover la diversidad y el pluralismo informativo. Desde la idea del Estado como garante vemos que la ciudadanía está integrada por sujetos de derechos y esto incluye a las audiencias y públicos de la radio y la televisión, específicamente en esta Ley.
Formación crítica de públicos
-Ahí entra en juego el rol de la Defensoría del Público
-La Defensoría del Público es una política estatal que reconoce a través de una organización concreta esas facultades. Hace más de una década viene trabajando por ello, recibe consultas, quejas y trabaja activamente por una formación crítica de públicos. Nuestra Universidad, a través del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales y la Secretaría de Comunicación del Rectorado de la UNSJ, ha articulado actividades en conjunto en muchas ocasiones a través de asesoramientos y capacitaciones a docentes, estudiantes, comunicadores y periodistas. Por lo tanto, su disolución afectaría enormemente este derecho adquirido, ya que implica una instancia pública para que nosotros como audiencias podamos tener un rol activo en la consultoría y opinión de aquello que vemos y oímos en los medios.
Una falsa creencia
– ¿Hoy existe la creencia de que el público no consume medios tradicionales como radio y TV?
-Sí. Y si bien la Defensoría se ocupa de públicos de radio y televisión, no hay que creer que estos medios, en la actualidad, no tienen su llegada por la expansión del acceso a internet, hay una falsa creencia en eso. Por el contrario, las últimas mediciones a nivel nacional indican que como medios masivos tienen mucha presencia en nuestra cotidianeidad. Según la última Encuesta Nacional de Consumos Culturales, publicada en el 2023, el 90% de los argentinos mira televisión de aire o cable y lo hace a través del televisor, y el 67% de la población escucha radio; sobre todo FM y a través del aparato tradicional.
Límite al crecimiento de medios comunitarios
– Podría eliminarse el Artículo 97 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sobre destino de fondos recaudados para medios comunitarios, de pueblos originarios, etc. ¿Cree que dejarían de existir esos medios?
-Desde mi punto de vista, la historia de la comunicación comunitaria y alternativa de América Latina en general, y de Argentina en particular, nos diría que no dejarían de existir, pero sí puede coartar su mejoramiento, fundamentalmente en su materialidad, y expansión. En nuestra región, los medios comunitarios han sobrevivido a los contextos liberales y dictatoriales más adversos. Pero dar marcha atrás con políticas públicas como el FOMECA (Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual) implica poner límite a su crecimiento, ya que, a través de concursos públicos, con proyectos concretos evaluados por el Estado, los medios comunitarios han podido acceder a partidas presupuestarias que colaboran con su sostenibilidad. Recordemos que, desde un enfoque del Estado como garante del derecho a la comunicación y el acceso a la cultura, a través de políticas se deben crear condiciones para que los actores que no se rigen por una lógica mercantilista tengan la misma posibilidad de competencia de aquellos que sí.
Los otros temas
– ¿Qué roles cumplen los medios comunitarios y públicos en el ecosistema mediático?
-Los medios comunitarios y los medios públicos cumplen roles fundamentales en los sistemas de medios al ofrecer agendas temáticas con temas que muchas veces no cubren medios privados, e incluso experimentan desde la dimensión estética, hay más posibilidades de innovar desde géneros y formatos desde allí que en las empresas más tradicionales de medios. De todas maneras, creo que lo fundamental es su concepción de las audiencias porque no se las considera como un individuo de consumo, entonces, por ejemplo, en los medios comunitarios se tienen en cuenta las infancias y los adultos mayores para los que se crean contenidos específicos. Como ciudadanos es importante que reconozcamos la labor que realizan, en un sistema de medios tan concentrado a nivel global y nacional, los medios comunitarios también nos darán un relato de lo que pasa en nuestras comunidades y eso es indispensable para conocer nuestra actualidad y nuestra historia.
Contacto de la Lic. Cecilia Vila: cecilia-vila@unsj.edu.ar
A continuación, la nota que envió FADECCOS a legisladores y legisladoras nacionales:
De nuestra mayor consideración:
Las modificaciones que el Poder Ejecutivo Nacional
elevó para su incorporación en el Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la
Libertad de los Argentinos (conocida como ley Ómnibus) proponen un grave retroceso
para nuestra democracia, en general, y una mayor regresividad en materia de derecho a
la comunicación y políticas audiovisuales, en particular: avanza con la disolución de la
Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y con la eliminación del
Fondo de Fomento Concursable para Medios Audiovisuales (FOMECA). A esto se suma
la ya anunciada privatización de los medios públicos.
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