Un Fondo que vale por mil imágenes
Con la arremetida interventora contra el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, se pone en peligro la producción cinematográfica en el país. También el mundo del teatro y la música puede perder la condición, derechos y beneficios ganados durante la década anterior.
Por Elio Noé Salcedo*
Así como corre peligro la sustentabilidad del actual Sistema Jubilatorio con la política de manejo (o desmanejo) del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), de la misma manera, a partir de la arremetida interventora contra el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), se pone en peligro la producción cinematográfica en nuestro país, ubicado entre los 10 de mayor producción cinematográfica del mundo, con 200 películas por año. Aunque también caen en la redada la producción teatral y musical, incluidas por ley 24.377 en los beneficios del Fondo de Fomento Cinematográfico que, entre otras cosas, asegura la autarquía y el apoyo de dicho instituto nacional a las actividades que promueve y financia.
Tras una operación de prensa instrumentada a través de canales, programas y comunicadores afines al Gobierno (en este caso, “Animales Sueltos”, que conduce Alejandro Fantino y Eduardo Feinmann), con graves y falaces acusaciones de corrupción –como parece ser el estilo y/o modus operandi de la actual administración-, se forzó la renuncia del titular del organismo nacional, Alejandro Cacetta, y por solidaridad con él, la del Rector de la ENERC (Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica), Pablo Rovito, generando de hecho la virtual intervención del instituto.
Pero es tal la conciencia adquirida por vastos sectores de la sociedad, como es el caso de los docentes, y en este caso el de los actores de cine, teatro y televisión, músicos y artistas argentinos –a la que se suman directores, productores, distribuidores, técnicos, guionistas, creativos, trabajadores del INCAA y estudiantes del ENERC-, que ante estas arremetidas del Gobierno, esos sectores, hasta ayer beneficiarios de derechos en el marco del modelo nacional-federal inclusivo, hoy son despertados a la lucha para no perder la condición, derechos y beneficios ganados durante la década anterior.
Aparte del Informe mediático, el estado de alerta de la comunidad artística tomó cuerpo después de que el mismo Ministro de Cultura, Pablo Avelluto, manifestara públicamente que habría más despidos y una reestructuración integral del INCAA, con intervención por parte de la Oficina Anticorrupción. En pie de lucha por esa razón y las graves consecuencias para la actividad profesional, la Asociación Argentina de Actores emitió un comunicado en la que denuncia que “se prepara una lisa y llana intervención, con el aval presidencial, y de subalternos como el Ministro de Cultura, con participación de la Oficina Anticorrupción, para justificar la medida» (1).
Hasta el prestigioso director de cine Juan José Campanella -decidido defensor del “cambio”-, se sumó a las críticas: “No hay una persona en la industria del cine, ni una, que tenga dudas sobre la honestidad de Alejandro Cacetta. Horrible y torpe opereta», aseguró. Por su parte, el director y docente de la ENERC, Francisco Martínez, fue contundente al afirmar que con estas medidas “se condena a muerte al cine argentino” (2).
El fondo de la cuestión
“Dicha intervención atenta contra la autarquía del Instituto, su atribución de autogobernarse, de administrar y auditar por sí mismo sus fondos”, expresaron diversas entidades de la industria en otro comunicado. Explicaron que el Fondo de Fomento Cinematográfico se encuentra en riesgo, en tanto la Ley de Cine lo establece para vehiculizar la recaudación destinada a la producción y al fomento de la industria audiovisual, que proviene del impuesto del 10% a la entrada de cine y de un gravamen a las empresas de radiodifusión” (3). Recordemos que el organismo recuperó su autarquía, perdida en los 90 a manos de Cavallo, pasando a autofinanciarse en la gestión de Jorge Coscia, a través de las herramientas tributarias mencionadas. “El riesgo actual –manifestaron- es que a través de la nueva ley de convergencia que el Poder Ejecutivo promueve enviar al Congreso, se transforme a parte de las radiodifusoras en titulares de TICS -transmisoras de datos- quedando sin efecto el impuesto que sustenta al cine nacional” (4).
A falta de éxito en las operaciones que terminaron con un rotundo “marcha atrás” en varios y sonados casos, este tipo de embestidas “institucionales” están destinadas igualmente a favorecer los intereses económicos y financieros de los pocos que se benefician con el “cambio” de modelo y abandonar a todos los demás al arbitrio de su suerte individual (en eso consiste la defensa de la “libertad” por parte del actual modelo).
En un Informe solicitado ad hoc por el ministro de Hacienda Dujovne –ex periodista de Clarín-, la Consultora FIEL recomienda la eliminación del impuesto a los servicios de comunicación audiovisual que obliga a los licenciatarios de señales públicas al pago del 0,5% de sus ingresos publicitarios. Como señala una investigación de Mariana Escalada y Agustín Ronconi “este canon establecido como contraprestación por el otorgamiento de frecuencias estatales representa el 60% de los ingresos del INCAA y tiene como principal sujeto tributario al dominante Grupo Clarín” (5). Otro 30% proviene de la devolución del IVA recaudado por AFIP en la compra de cada entrada”. No hay que ser demasiado perspicaz para entender que la quita de este impuesto significa en definitiva “la destrucción total de nuestros institutos de cine, teatro y música” (6).
El Informe de FIEL sugiere eliminar además varios impuestos bajo potencial recaudatorio y que, en algunos casos, financian fondos con asignación presupuestaria específica, tales como señala el cuadro realizado por los investigadores mencionados (7):
Concretamente se sugiere eliminar:
- El impuesto del 15 por mil a la transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas.
- El impuesto de 4% a la telefonía celular.
- El impuesto específico de KWh que se destina al Fondo Nacional de Energía Eléctrica y el impuesto de 6 por mil a las tarifas eléctricas destinado a la provincia de Santa Cruz.
- El impuesto de 10% a las entradas de cines y videogramas grabados cuya derogación aumentaría la recaudación del IVA porque se pueden tomar como pago a cuenta de este impuesto.
- El impuesto a los servicios de comunicación audiovisual que tiene alícuotas variables por actividad.
- El impuesto de 1% sobre la telefonía celular destinada al ENARD.
- Los impuestos de 20% a 35% que gravan la compra de divisas y que se computan como pago a cuenta del impuesto a las ganancias.
* Diplomado en Historia Argentina y Latinoamericana de la UNSJ y UNVM. Licenciado en Cinematografía de la UN de Córdoba.
Notas
1- Agencia Paco Urondo, 18/04/2017.
2-Ídem.
3-Ídem.
4-Ídem.
5-Mariana Escalada & Agustin Ronconi (16/04/2017). “Los intereses millonarios detrás de la opereta contra el INCAA”, para El Disenso.
6-Ídem.
7-Ídem.
