Editorial
por: Benjamín Kuchen
Rector de la UNSJ

La educación es un derecho que debemos proteger

En los últimos tiempos observamos en distintos medios un importante flujo de información y opinión sobre temas educativos. Este hecho, en sí positivo, nos muestra simultáneamente con claridad lo postergada y conflictuada que se encuentra la educación en nuestro medio. Los temas que más han llamado la atención están relacionados con el deterioro de los indicadores de escolaridad primaria y secundaria, la deserción en los distintos niveles educativos, el desgranamiento básicamente en el nivel universitario, el fracaso en los ingresos a las universidades, el pobre nivel de formación de maestros y profesores, la baja calidad educativa en general, etc.
Podríamos enmarcar estos aspectos como problemáticas vistas desde adentro del sistema, dando por sentada la necesidad de disponer de un sistema educativo sólido, progresista y adecuado a nuestras necesidades e idiosincrasia. Otra línea de discusión y análisis es la visión que se puede tener desde afuera del sistema. Lo que se analiza en este caso es precisamente lo que estamos dando por sentado en el párrafo anterior: el rol de la educación en un país, su financiación, su gratuidad, la incidencia de la globalización, su interacción con otros sistemas, su evolución, sus intereses particulares y las acciones sobre temas educativos de organismos internacionales en países concretos.

La primera problemática planteada, la dimensión pedagógica, es tarea de los que trabajan en el interior del sistema; la otra, la dimensión política, es responsabilidad de políticos. Estas dos formas de analizar el problema, en lugar de estar escindidas, deberían complementarse. Los aspectos pedagógicos deben encuadrarse en el marco político que tiene que estar absolutamente claro. En esta misma revista se tratan temas de articulación vertical y antes se analizaron aspectos del ingreso, deserción y desgranamiento. El grado de deterioro que muestran respecto de estos temas los indicadores está íntimamente relacionado, en la Argentina, con la desfinanciación y, más recientemente, con la aplicación de políticas neoliberales al sistema educativo.

Desde una perspectiva política, uno de los aspectos más alarmantes es la creciente intención de considerar a la educación como una mercancía, como un negocio y no como un derecho de todo ciudadano a ser educado independientemente de su condición social. La incorporación de tecnología, en particular la relacionada con la educación a distancia, positiva en sí misma pero que puede constituirse en una herramienta de injerencia extraña en lo cultural y al mismo tiempo un excelente negocio, debe ser regulada adecuadamente. Los tratados internacionales sobre libre comercio y varios organismos internacionales de financiación insisten cada vez más en el tratamiento “igualitario” de los “servicios educativos” entre los países intervinientes. Sin embargo sabemos a ciencia cierta que no existe tratamiento igualitario entre desiguales. Si bien Argentina conserva su tradición en estos aspectos y el CIN se ha pronunciado abiertamente en la no mercantilización de la educación, es necesario que estemos muy atentos y demandemos permanentemente esta condición.