Las últimas décadas de exclusión y agudización de la pobreza trajeron consigo gran sensación de precariedad y de miedos reproducidos por catástrofes naturales, guerras con muertes masivas y grandes migraciones y hambrunas; crisis económicas que producen gran conflictividad y precarización. La pobreza se complejiza con la violencia, el narcotráfico, la impunidad y la corrupción vinculada al poder político y económico.
Tras ese trasfondo de miedo y precarización se esconde el sentimiento de inseguridad (1), en el que no están ajenas las subjetividades construidas por la poderosa influencia de las tecnologías comunicacionales que definen sujetos y situaciones amenazantes.
No todo delito genera sentimiento de inseguridad ni todas las violencias (las simbólicas, los daños psicológicos) constituyen delitos; no todo delito se percibe como productor de inseguridad ni todo responsable de delitos es visto como productor de inseguridad, como sí lo son sectores sociales rotulados desde cierto imaginario social como peligrosos/enemigos que amenazan la vida, la integridad y la propiedad (villeros, vendedores ambulantes, adolescentes pobres, excluidos en general), vistos como los discordantes, los que rompen la armonía y la paz social, los amenazantes, los indeseables.
Aniyar sostiene que en Política Criminal es tan importante atender la cuestión de la victimización real como el sentimiento de inseguridad por las respuestas que se generan para controlar el delito. El descontrol del delito y de la violencia como del miedo afecta la calidad de vida de los habitantes y reproduce la disolución social con altos niveles de intolerancia y de conflictividades marcadas por tendencias defensistas en relación a quien se señale discrecional y autoritariamente como peligroso. Miedos, vulnerabilidades y desconfianzas reproducen el sentimiento de inseguridad y con sujetos amenazados y desconfiados se produce disolución social y es casi imposible construir ciudadanía; la democracia se debilita por cuanto los lazos sociales y el sentido de comunidad se disuelven con la inseguridad y el pánico colectivo.
Miedo y descontrol del delito producen reacciones para pedir lo que todos necesitan: reducir oportunidades de ser víctima. Pero tendencias mundiales marcan efectos preocupantes para la convivencia pacífica: un poder punitivo de extrema violencia y discriminación por sobre otros medios de resolución política y pacífica. A grandes problemas sociales se responde sacando de circulación a los peligrosos, produciendo un gran conflicto en los últimos tiempos que Bergalli (2) llama la gran era del encarcelamiento. El ILANUD (Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente) advierte sobre el aumento descomunal de personas presas y efectos perversos derivados de muertes y gravísimos problemas de deterioro carcelario. En lugar de políticas sociales, respuestas penales que reproducen conflictos y agudizan enfrentamientos entre habitantes.

El enemigo cerca

Hechos recientes de gran violencia vecinal en barrios conformados a partir de la erradicación de villas de emergencia llevan a reflexionar sobre la inseguridad en contextos de miedo, de precarización y de fragmentación social; sociedad dual con sectores de gran concentración de riqueza que conviven con los de extrema pobreza y precarización.
Uno de estos hechos recientes fue de furia vecinal, generada desde la bronca natural de quien sufre por ser víctima de alguien que entra a su casa y le sustrae dinero y pertenencias. Alguien le señala un posible responsable y desde esa bronca, reacciona sin acudir a la policía. Ahí se dan hechos de dolor mucho más graves: la muerte de un niño y un descomunal enfrentamiento entre vecinos, conflicto que deriva en impensable crueldad y daños físicos y materiales, morales y psicológicos donde no se distinguen víctimas de victimarios y donde el conflicto lejos de resolverse se profundiza. Queda el duelo por la muerte, el dolor por pérdidas materiales, personas con graves problemas penales y fractura de vínculos comunitarios. Se suma el conflicto con el vecindario aledaño, disconforme con la llegada de los nuevos habitantes: los villeros peligrosos.
La violencia actual, dice Videla (3), se ha hecho cultura y ha hecho estragos en las subjetividades. Este caso es –como otros recientes- sorprendente por la magnitud y la pérdida de vidas. En el trasfondo de la violencia hay víctimas y victimarios; quien ataca y quien responde; quien juega el papel de todopoderoso y quien puede disponer del otro, maltratar, negarle su condición de persona y quien se asume inferior y se deja maltratar. Hay un trasfondo de resentimiento, de poder y de temor por amenazas reales o potenciales.
La violencia en ex villas erradicadas tras años de pobreza, hambre, condiciones inhumanas de habitabilidad, humillaciones, maltratos, desatenciones, se entiende por lo que se ha gestado con mayor intensidad en los ´90 en materia de agudización de pobreza y exclusión. Condiciones de abandono de instituciones dedicadas a atenuar condiciones de pobreza y de cuidado (hospital y escuela públicos), así como el quedar fuera de bienes y servicios para atender necesidades básicas y vivir en condiciones mínimas de dignidad. Niños socializados con déficits alimentarios y de contención, víctimas de violencias y de explotaciones, con enfermedades no atendidas a tiempo que dejaron secuelas, conviviendo con el hambre, las adicciones, la naturalización del maltrato y el delito como estrategia de sobrevivencia, tuvieron serias dificultades de proyectar un futuro en base a educación y trabajo. Hoy, jóvenes adultos; algunos, padres a temprana edad, a quienes se asignan etiquetas: villeros/peligrosos/delincuentes; pobres porque quieren, como tales no portadores de derechos (4) y sobre quienes recae la humillación.
Según Bergalli y otros (5), ser o sentirse humillado es saber que no se es como los demás, que se es demasiado o demasiado poco y que ese exceso o carencia hace merecedor de trato denigrante que rebaja, hunde, interioriza, inhabilita… Es sentirse un detritus, un desecho, algo que está demás, que sobra, que apesta y ensucia, que hay que esconder, apartar o eliminar. El discriminado experimenta amargura y se ve obligado a afrontar así su condición de exclusión sea sometiéndose (auto-percibiéndose como no ciudadano) o bien sublevándose (vía delito con ensañamiento, vía piquetes, vía cortes de rutas) a menudo con formas impredecibles de violencias.
Con la erradicación de villas, aquellos sectores recuperaron el derecho a la vivienda digna, pero se trasladaron con historias de vida vinculadas a la humillación que hicieron estragos en sus subjetividades. Llevaron consigo rótulos de villeros/pobres/borrachos/delincuentes que los colocó en el lugar de ciudadanos de segunda y, a la par, el lugar de peligrosos/amenazantes de quienes hay que defenderse con mayor control policial o encierro carcelario, muros que demarquen sitios por donde no se pueda circular, alambres electrificados. Desde lógicas del enemigo cerca hay que reproducir discursos justificatorios de discriminación y de rechazo. Los erradicados accedieron a una vivienda digna pero entre sus nuevos vecinos no fueron bien recibidos: nos trajeron los villeros; nuestras casas se desvalorizaron; ya no estamos tranquilos por los robos; les dan casas a esos vagos, se oyen voces de acogida violenta. Más que vecinos pasaron a ser los extraños, los enemigos y, como tales, no merecen el trato de ciudadanos.
Socializados en situación de desamparo, de humillaciones y sin mayores posibilidades de construir un proyecto de vida vinculado al trabajo y a la educación, vivieron un cúmulo de malestares y de frustraciones y quedaron en extrema vulnerabilidad social, psicológica y física (enfermedades no atendidas a tiempo y alimentaciones insuficientes que dejaron secuelas; violencias físicas y adicciones que dejaron déficits y deterioros), con gran exposición a dañar y a ser dañados. A menudo se expresan bajo formas de vida vinculadas al delito, al alcoholismo, a las drogas y a la violencia, lo que instaló modos de funcionar en la sociedad con respuestas desde la ira, la impotencia y la frustración. Tal condición se fue reproduciendo con tratos humillantes y discriminatorios que recibieron dentro de una sociedad individualista y segmentada que no supo ver cómo desde políticas o no políticas se construyeron situaciones de pobreza extrema y exclusión.

Pensar la violencia asociada a profundos resentimientos y circuitos de daños, humillaciones y maltrato propios de intolerancia social y discriminación es entender que los discriminados terminan sintiéndose una especie de deshechos que ensucian y contaminan y desde ahí reaccionan con violencia y desprecio absoluto por la vida.

Lo social sobre lo penal

No basta restituir derechos sociales para reducir condiciones de exclusión si no se aborda el conflicto y la violencia desde acuerdos de convivencia pacífica; hay que trabajar sobre las subjetividades y recrear redes de contención desde políticas sociales preventivas y restitutivas de derechos, anticipándose a estos hechos o preservando de daños mayores. No hay mejor forma de resolución de estos conflictos que a través de las políticas sociales por sobre las penales. Una sociedad democrática requiere una política de seguridad integral para todos los habitantes, que preserve los derechos humanos.