Días pasados, durante la visita de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, la Univer-sidad Nacional de San Juan hizo pública la propuesta de su Secretaría de Extensión Universitaria de crear un espacio para la reflexión sobre los Derechos Humanos. Así, el Dr. Benjamín Kuchen, rector de esta casa de estudios, emitió la Resolución Nº 456 mediante la cual se crea un espacio de participación pública y democrática para el estudio y la acción en favor de aquellos. Hubo ya una reunión convocada por la UNSJ, en que funcionarios provinciales, universitarios y representantes de organismos de DD.HH. acordaron generar un espacio abierto y pluralista de reflexión sobre la defensa de estos derechos en San Juan. En este marco, Revista la Universidad realizó una revisión sobre lo concerniente a la cantidad de víctimas de la última dictadura militar, el camino de las causas hasta la actualidad, el nombre de los procesados por delitos de lesa humanidad y los centros clandestinos de detención que funcionaron en esta provincia.

Número abierto

La cantidad de víctimas sanjuaninas a manos del terrorismo de Estado, entre desaparecidos, fusilados y presos políticos, asciende a mucho más de 100. La lista de personas de esta provincia que sufrieron los embates de la década del ’70 no configura un número cerrado sino que se sigue confeccionando. Debe considerarse que, además de los casos denunciados en la misma época de la última dictadura militar, hubo gente que no denunció en su momento y que sin embargo en este último tiempo declaró como testigo en el Juzgado Federal, instancias en que manifestó delitos sufridos en aquellos tiempos -privación ilegítima de la libertad, tormentos, vejámenes, acosos psicológicos, maltratos, robos en sus viviendas y hasta violaciones o abusos sexuales-. De aquí resulta que muchas personas no habían ingresado en listas de víctimas de la dictadura pero que sin embargo hasta estuvieron en centros clandestinos de detención en San Juan. En la primera edición -2009- del libro de Eloy Camus, “Historia de Víctimas del Terrorismo de Estado. San Juan - Argentina”, se reconstruye la historia de 125 personas. Ya en su segunda edición -2010-, la lista agrega a cuatro más. “Ahora llevamos contabilizadas 132 víctimas, pero es necesario hacer saber que la lista no está agotada ni mucho menos, por lo que necesitamos que la gente siga aportando datos y fotos, y que la Universidad siga también investigando”, le dijo el autor del libro a esta revista. Pero Eloy Camus también se encargó de aclarar que la nómina en elaboración no sólo toma a sanjuaninos desaparecidos en San Juan, sino también a aquellos que desaparecieron en otros lugares del país y a personas no sanjuaninas que fueron víctimas del terrorismo de Estado en esta provincia.

Denuncias desde los ‘70

En San Juan las causas por delitos de lesa humanidad se reiniciaron en 2004, pero la mayoría de ellas había comenzado junto con la aplicación de la Ley 20.840, de Penalidades para las actividades subversivas en todas sus manifestaciones, del año 1974. Esto quiere decir que ya desde el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, sobre todo con las acciones perpetradas por la Alianza Anticomunista Argentina, y luego a partir del golpe de Estado de 1976, se realizó la mayoría de las denuncias por apremios ilegales, algo que echa por tierra toda creencia de que sólo a partir de la recuperación de la democracia comenzaron las imputaciones. Desde 1976, las personas que se presentaron en San Juan ante el juez Federal Gerarduzzi para declarar, ya habían denunciado maltratos sufridos en sus detenciones. Nada de esto se investigó durante la dictadura.

Reapertura de causas

Pero en 1984 la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) presentó las primeras solicitudes para la reapertura de causas por delitos cometidos por el terrorismo de Estado. Comenzaron así las citaciones de testigos, hasta que el gobierno de Raúl Alfonsín dictó las leyes de Obediencia debida y de Punto final y las causas en San Juan nuevamente se paralizaron.
En 2001 el juez Federal Cavallo declaró inconstitucionales esas normativas, renombradas luego como “leyes del perdón”; en 2003 el Congreso nacional promulgó su nulidad y en 2005 la Corte Suprema de Justicia ratificó su inconstitucionalidad. Cuando comenzaron los Juicios por la Verdad en el país, hubo una acumulación de causas de San Juan, Mendoza, La Rioja y San Luis y fueron a parar a Córdoba.
Posteriormente las causas se trasladaron a juzgados de Mendoza y abogados de San Juan solicitaron regresarlas a esta provincia. En 2004 retornaron al Juzgado Federal de San Juan, a cargo ahora del juez Leopoldo Rago Gallo, donde también se declaró la inconstitucionalidad de las “leyes del perdón”. La primera causa en la que entendió fue en la del sanjuanino Guillermo Guilbert, quien durante la última dictadura había denunciado privación de libertad, apremios ilegales y torturas. Fue entonces desde 2004 que las causas en San Juan nuevamente empezaron a reabrirse.

En la actualidad

Según manifestaron fuentes jurídicas consultadas, los principales inconvenientes que hoy encuentran las causas por delitos de lesa humanidad es que muchos de los testigos y familiares de víctimas que habían tramitado recursos de hábeas corpus entre 1976 y 1983 ya han fallecido. De todas maneras, siempre de acuerdo a las fuentes, generalmente algún familiar continúa las causas con abogados querellantes o sin ellos. Es que muchas veces, por decisión de los propios familiares de víctimas, no en todas las causas existen partes querellantes, aunque de todos modos es el Fiscal quien tiene la obligación de investigar y determinar responsabilidades.
Los primeros autos de procesamiento y detenciones en San Juan a integrantes de fuerzas de seguridad datan del año 2007. Sus procesamientos significan que existen semiplenas pruebas de sus responsabilidades penales en los delitos que les han sido imputados, y se estima que a principios del año que viene podrían iniciarse los juicios penales.