Escribe:
Magister María Daniela Puebla
Directora de la Carrera de Especialización
en Criminología
Facultad de Ciencias Sociales - UNSJ
LA
INSEGURIDAD
Política
Criminal y Derechos Humanos en democracia
Fuertemente
instalado por los medios de comunicación, utilizado
por sectores que esperaban un pretexto para recobrar
protagonismo o justificar pedidos de cambio de rumbo
pero, a fin de cuentas, igualmente sentido por la
sociedad, el tema de la seguridad/inseguridad resulta
inevitable.
En las páginas que siguen dos textos invitan
a la reflexión desde miradas distintas.
Una, la de la Criminología, como aporte a las
políticas públicas de seguridad, de
prevención del delito, o Políticas Criminales,
insertas en un marco global de protección de
los Derechos Humanos y de lucha contra la exclusión.
La otra, desde la necesaria relación del tema
de la inseguridad con realidades a las cuales en los
últimos años gran parte de la sociedad
argentina ha dado la espalda.
El nuevo orden
mundial configurado a partir de los procesos de globalización
y mundialización, y del quiebre de la "sociedad
salarial" y del "Estado Providente",
está enmarcado en las políticas neo-liberales
y neo-conservadoras. Se trata de procesos que han
constituido profundas mutaciones en lo social, a través
de la creciente precarización de sectores sociales
antes "integrados" en el mundo de producción
de riqueza y reconocimiento social, y de una crisis
del denominado "Estado Providente", que
puso en tela de juicio los principios organizadores
de la solidaridad y la concepción de los Derechos
Sociales
Otra de las características de esta sociedad
es la de ser "concentradora" y "excluyente".
Es "concentradora" de poder político
y económico, y "excluyente" en tanto
deja fuera de los beneficios del crecimiento económico,
social y cultural a amplios sectores de la población,
en una dinámica en la que la brecha entre "incluidos"
y "excluidos" es cada vez mayor. Concomitantemente,
deja afuera del ejercicio real de la ciudadanía
a amplios sectores; no tienen "voz", no
"forman parte de", no tienen lugar en el
escenario de la democracia ni son "portadores
de derechos". Esta es quizás la consecuencia
más preocupante de la exclusión; alude
a la no participación en instituciones que
antes inscribían en el mundo de las relaciones
sociales (empresa, fábrica,trabajo en el Estado,
sindicato, seguro social, escuela, club), que además
"dan un lugar en la sociedad".
La precarización impacta sobre los sectores
medios de la sociedad exponiéndolos a la fragilidad
relacional y al deterioro psico-social; en los sectores
tradicionalmente excluidos, se agudizan situaciones
de desamparo y vulnerabilidad psico-social y psico-penal.
En consecuencia, emergen nuevas formas de conflicto
y violencia social agravadas por incremento de situaciones
de incertidumbre, miedo, deterioro de la calidad de
vida, fragmentación social y ruptura de las
redes de solidaridad; estas formas se expresan como
homicidios, suicidios, violencia horizontal e intra-familiar,
adicciones, enfrentamientos entre bandas o "barras
bravas", estallidos sociales, motines en las
cárceles, actuaciones policiales fundadas en
la "tolerancia 0" o el "gatillo fácil"
y enfrentamientos entre policías y delincuentes,
entre otras formas de violencia urbana.
Se trata además de escenarios con fragilidad
institucional para dirimir los conflictos o prevenir
el delito a través de instrumentos basados
en el Estado de Derecho. Estos escenarios se presentan
de manera particular en contextos post-dictatoriales
como los del Cono Sur, donde la violencia política
y los procesos genocidas (producidos bajo el Terrorismo
de Estado), dejaron como herencia un campo de condiciones
y prácticas, en los que los agentes del control
social formal, bajo la óptica de la Doctrina
de la Seguridad Nacional, se disciplinaron a partir
de prácticas, hábitos, y estructuras
sociales basadas en la supresión de las garantías
constitucionales, los apremios ilegales y las violaciones
a los Derechos Humanos. La triste herencia del Terrorismo
de Estado y las demandas de represivización
del sistema punitivo (que termina siendo discriminatorio
para los sectores más excluidos), dentro de
una Política de Seguridad que privilegia la
fuerza por sobre las garantías constitucionales,
ponen en juego el funcionamiento del Estado de Derecho
afectando la gobernabilidad democrática y agudizando
situaciones de disolución y de deterioro social.
Democracia
y seguridad
El
nuevo orden, lejos de presentarse como "constituido",
es de una complejidad y heterogeneidad tal, que más
bien puede presentarse como "constituyente",
en la medida en que las profundas mutaciones que se
están dando pueden orientarse en un sentido
contra-hegemónico que implique nuevas formas
de democratización de las relaciones sociales,
ampliación de espacios de inclusión
social, reconstrucción de redes de solidaridad
social, búsqueda de instancias alternativas
para mejorar la calidad de vida, y formas de democracia
más participativa. En Argentina, los reclamos
colectivos en los últimos tiempos (marchas
de jubilados, marchas del silencio de familiares de
víctimas de la violencia policial, motines
carcelarios, asambleas populares, cacerolazos, movimientos
"piqueteros", marchas contra la violencia)
son un recordatorio de la vigencia de los Derechos
Elementales y un reclamo de ajuste a Derecho. Son
también formas colectivas de expresión
de una horizontalidad o de necesidad de construcción
de una democracia más participativa o de un
nuevo contrato que se diferencie de la verticalidad
y del divorcio entre la clase política y sus
representados de la última década. Es
aquí donde se abre un espacio en construcción
que puede ser direccionado hacia mayores niveles de
inclusión, de preservación de la calidad
de vida de los habitantes y de instrumentación
de los documentos internacionales en materia de Derechos
Humanos.
Lo anterior plantea la estrecha vinculación
entre el concepto de "ciudadanía"
y el de "democracia". El primero refiere
al ejercicio de derechos de participación política
y social; supone la integración en algo que
se considera común a todos y que por tanto
es posible incidir en asuntos como la patria, la Nación,
la República, el Estado. Por su parte, democracia
refiere algo más que la concepción formal
que se agota en los actos eleccionarios; implica la
observancia del Estado de Derecho; la autonomía
del Poder Judicial respecto del Ejecutivo; la asunción
efectiva de responsabilidades de parte de los funcionarios;
el libre acceso a la información y la libertad
de opinión; el predominio del poder civil por
el militar; así como el acceso a determinadas
condiciones socio-económicas, de salud, educación,
empleo y calidad de vida en un ambiente de paz.
En sintonía con lo anterior, son sintetizadoras
las palabras de Emilio García Méndez
cuando dice "Democracia y seguridad ciudadana
constituyen una unidad indisoluble. Abandonando cualquier
eufemismo, seguridad sin democracia es dictadura.
Democracia sin seguridad equivale a disolución
social. Seguridad en democracia sólo puede
ser ciudadana. La democracia, constituye a su vez
condición sine qua non y requisito imprescindible
para la existencia de ciudadanía. En este punto
es necesario rechazar sofismas y falsos dilemas. Tanto
derecho tiene la sociedad a su seguridad colectiva,
cuanto cada uno de sus ciudadanos al respeto de sus
derechos individuales".
Derechos
Humanos y Criminología
La
mundialización, así como produce efectos
negativos (agudización de situaciones de exclusión
y fragmentación social, incremento de la conflictividad
y del deterioro psico-social, crisis de legalidad,
crisis del Estado-Nación), también lo
hace en forma positiva (condicionalidad jurídica
internacional en materia de Derechos Humanos).
En escenarios como el Cono Sur, esta condicionalidad
es relevante. Afectados por dictaduras que instrumentaron
el Terrorismo de Estado como instancia de control
del conflicto y de exterminio, no basta con que los
Derechos Humanos estén positivizados, sino
que para su cumplimiento efectivo se requiere resignificar
prácticas de conformidad al constitucionalismo
moderno, donde no cabe una incoherencia entre Derecho
y Realidad, entre Derecho y Prácticas Institucionales,
entre Normas Formales y Normas Substanciales. En Argentina,
donde tales instrumentos tienen rango constitucional,
los procesos de adecuación de la normativa
infraconstitucional deben acompañarse de las
adecuadas reformas institucionales y de la capacitación
y monitoreo de los operadores sociales y jurídicos
así como de los funcionarios responsables de
hacer cumplir la ley. En función de ello, se
requiere avanzar en procesos de construcción
doctrinaria que orienten de manera coherente los procesos
de reforma legislativa y de las instituciones responsables
de la ejecución de tales leyes. Hay que avanzar
en procesos de construcción doctrinaria que
hagan posible la operativización de principios
contenidos en los instrumentos internacionales en
materia de DDHH con miras a garantizar el máximo
cumplimiento; y hay que avanzar en capacitación
en DDHH.
Estos
procesos de instrumentación de principios constitucionales
y resignificación de agencias y prácticas,
se insertan en un debate latinoamericano que tiene
que ver con la vuelta a la democracia y la revalorización
de la "cultura garantista" por parte del
pensamiento crítico; paralelamente, con demandas
de ampliación y represivización del
Sistema Penal (ampliación de los tipos penales
y agravamiento de penas, baja de la edad de imputabilidad,
pena de muerte, más cárceles de máxima
seguridad, judicialización de la pobreza y
criminalización de los conflictos sociales,
etc.) como consecuencia de un aumento de la sensación
de inseguridad colectiva y de desprotección
por parte del Estado y del cuestionamiento a las instituciones
democráticas como resortes de resolución
de los conflictos y de control de la criminalidad.
La Criminología, como disciplina, puede contribuir
desmitificando por ejemplo la panacea de los instrumentos
"panpenalistas", en virtud de la cual el
Sistema Penal resuelve toda suerte de conflictos y
de que las cárceles o los instrumentos meramente
retributivos sirven para corregir delincuentes o para
disuadir de la comisión de delitos.
Uno de los desafíos más importantes
de la Criminología es responder a la enorme
cantidad de interrogantes respecto al tema de la criminalidad,
de la seguridad, del conflicto social, de la violencia.
Se trata de temas muy arraigados en el imaginario
social, pero que sin embargo incipientemente encuentran
un lugar en la agenda política, y en menor
medida en el campo académico. Muchas de las
respuestas instaladas, más que prevenir la
delincuencia la promueven, reproduciendo la violencia;
suelen no fundarse en estudios científicos
y surgen como respuestas reactivas no fundadas en
la criminalidad real (que incluye la cifra oculta
del delito o no denunciado) sino en aquella ficción
o realidad fuertemente mediatizada por los medios
de comunicación y ante la presión de
sectores vinculados al poder que se defienden de la
"peligrosidad de los excluidos".
Política
criminal, derechos y seguridad
El delito produce
siempre daño y vulnera derechos de otro y como
tal hay que evitar o prevenir su descontrol; hay que
evitar las oportunidades de que se cometa y de que
se produzca el menor daño posible ya que ello
asegura la convivencia pacífica y preserva
la calidad de vida.
La Política Criminal, en tanto Política
Pública deliberadamente planeada, científicamente
fundada, y políticamente consensuada, debe
estar en condiciones de articular las acciones de
la Política Social con las del Sistema Penal.
La Política Social opera desde programas e
instituciones de apoyo y asistencia para la promoción
social y para la superación de dificultades
o carencias; se basa en servicios como educación,
salud, nutrición, seguridad social, vivienda,
asistencia social, trabajo, recreación, etc.
y tiende a la superación o atenuación
de situaciones de pobreza, que hacen que los sectores
excluidos estén más expuestos al control
penal selectivo, o bien que a menudo deban recurrir
al delito a manera de estrategia de supervivencia.
Por otra parte, la Política Criminal debe articular
acciones con el Sistema Penal, en tanto control social
punitivo institucionalizado; se vale de instituciones
tales como Policía, Justicia, Cárcel,
Patronato de Liberados. La Política Criminal
debe señalar cuándo entra en juego el
Sistema Penal y cuál debe ser su configuración;
y cuándo debe intervenirse desde la Política
Social para atenuar condicionantes de situaciones
criminógenas. La ausencia de una adecuada definición
de esta Política deriva en un protagonismo
del Sistema Penal para el control social, llegándose
a confundir los ámbitos y esferas de actuación.
En este sentido, debe ser integral (integrar tanto
a víctimas como a victimarios), y debe ser
multisectorial e interdisciplinaria, y reconocer al
delito como una construcción social, política,
cultural, psicológica etc. que si bien es inherente
a toda sociedad, su descontrol enfrenta a los habitantes.
Los Derechos Humanos son tanto posibilidades creadas
por los instrumentos jurídicos que los positivizan,
como complejos procesos de desalienación que
tienen lugar, en un aquí y un ahora, construido
por los hombres. Se mantienen gracias a las luchas
y sobre todo por su ejercicio efectivo, para lo cual
son necesarios aquellos procesos de toma de conciencia,
de superación de formas de extrañamiento
que los ve como ajenos e inalcanzables. En función
de ello, los cientistas sociales deben hacer operativos
sus principios, enseñar respecto de su existencia
y orientar en su ejercicio. Es todo un desafío
contribuir con la reconstrucción de un orden
basado en los principios del constitucionalismo moderno
que permita avanzar en el desarrollo de valores de
certezas y de garantías de los Derechos Fundamentales.
Ello implica superar falsas contradicciones entre
Políticas de Seguridad y Políticas de
respeto a los derechos; se trata de buscar soluciones
a problemas muy complejos que permitan vivir en una
democracia que implique seguridad para todos, con
leyes eficientes y de cumplimiento efectivo y donde
las garantías constitucionales integren el
debate central en el tema de la seguridad y no sean
vistas como un obstáculo a las políticas
de control del delito y de la violencia.
Criminología
en la UNSJ
Entre
el 2001 y el 2003, la Facultad de Ciencias Sociales
de la UNSJ dictó una Carrera de Especialización
en Criminología. Actual-mente se gestiona
su acreditación, trámite a partir
del cual se dictará nuevamente, en el
marco de un Programa Interuniversitario de Formación
en Crimi-nología, mediante el cual las
Universidades Nacionales de San Juan, San Luis,
Cuyo, La Plata y Córdoba han convenido
acciones de intercambio coordinado de capacitación,
producción científica y extensión
en las disciplinas del Control Social, la Criminología
y la Seguridad.
La carrera tiene un carácter profesionalista
e instrumental; tiende a capacitar a nivel de
posgrado a graduados universitarios que se desempeñen
en la función de prevención del
delito y de la violencia social, sea en sus
manifestaciones pre-delictuales como post-delictuales,
dentro del marco de ajuste al Estado de Derecho,
el respeto a los derechos de la ciudadanía
y la adecuada instrumentación de principios
y garantías consignadas en la Constitución
Nacional
La propuesta muestra la trayectoria de la UNSJ
en estos temas desde hace al menos veinte años.
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