Escribe:
Magister María Daniela Puebla
Directora de la Carrera de Especialización en Criminología
Facultad de Ciencias Sociales - UNSJ

LA INSEGURIDAD
Política Criminal y Derechos Humanos en democracia

Fuertemente instalado por los medios de comunicación, utilizado por sectores que esperaban un pretexto para recobrar protagonismo o justificar pedidos de cambio de rumbo pero, a fin de cuentas, igualmente sentido por la sociedad, el tema de la seguridad/inseguridad resulta inevitable.
En las páginas que siguen dos textos invitan a la reflexión desde miradas distintas.
Una, la de la Criminología, como aporte a las políticas públicas de seguridad, de prevención del delito, o Políticas Criminales, insertas en un marco global de protección de los Derechos Humanos y de lucha contra la exclusión.
La otra, desde la necesaria relación del tema de la inseguridad con realidades a las cuales en los últimos años gran parte de la sociedad argentina ha dado la espalda.

El nuevo orden mundial configurado a partir de los procesos de globalización y mundialización, y del quiebre de la "sociedad salarial" y del "Estado Providente", está enmarcado en las políticas neo-liberales y neo-conservadoras. Se trata de procesos que han constituido profundas mutaciones en lo social, a través de la creciente precarización de sectores sociales antes "integrados" en el mundo de producción de riqueza y reconocimiento social, y de una crisis del denominado "Estado Providente", que puso en tela de juicio los principios organizadores de la solidaridad y la concepción de los Derechos Sociales
Otra de las características de esta sociedad es la de ser "concentradora" y "excluyente". Es "concentradora" de poder político y económico, y "excluyente" en tanto deja fuera de los beneficios del crecimiento económico, social y cultural a amplios sectores de la población, en una dinámica en la que la brecha entre "incluidos" y "excluidos" es cada vez mayor. Concomitantemente, deja afuera del ejercicio real de la ciudadanía a amplios sectores; no tienen "voz", no "forman parte de", no tienen lugar en el escenario de la democracia ni son "portadores de derechos". Esta es quizás la consecuencia más preocupante de la exclusión; alude a la no participación en instituciones que antes inscribían en el mundo de las relaciones sociales (empresa, fábrica,trabajo en el Estado, sindicato, seguro social, escuela, club), que además "dan un lugar en la sociedad".
La precarización impacta sobre los sectores medios de la sociedad exponiéndolos a la fragilidad relacional y al deterioro psico-social; en los sectores tradicionalmente excluidos, se agudizan situaciones de desamparo y vulnerabilidad psico-social y psico-penal. En consecuencia, emergen nuevas formas de conflicto y violencia social agravadas por incremento de situaciones de incertidumbre, miedo, deterioro de la calidad de vida, fragmentación social y ruptura de las redes de solidaridad; estas formas se expresan como homicidios, suicidios, violencia horizontal e intra-familiar, adicciones, enfrentamientos entre bandas o "barras bravas", estallidos sociales, motines en las cárceles, actuaciones policiales fundadas en la "tolerancia 0" o el "gatillo fácil" y enfrentamientos entre policías y delincuentes, entre otras formas de violencia urbana.
Se trata además de escenarios con fragilidad institucional para dirimir los conflictos o prevenir el delito a través de instrumentos basados en el Estado de Derecho. Estos escenarios se presentan de manera particular en contextos post-dictatoriales como los del Cono Sur, donde la violencia política y los procesos genocidas (producidos bajo el Terrorismo de Estado), dejaron como herencia un campo de condiciones y prácticas, en los que los agentes del control social formal, bajo la óptica de la Doctrina de la Seguridad Nacional, se disciplinaron a partir de prácticas, hábitos, y estructuras sociales basadas en la supresión de las garantías constitucionales, los apremios ilegales y las violaciones a los Derechos Humanos. La triste herencia del Terrorismo de Estado y las demandas de represivización del sistema punitivo (que termina siendo discriminatorio para los sectores más excluidos), dentro de una Política de Seguridad que privilegia la fuerza por sobre las garantías constitucionales, ponen en juego el funcionamiento del Estado de Derecho afectando la gobernabilidad democrática y agudizando situaciones de disolución y de deterioro social.

Democracia y seguridad

El nuevo orden, lejos de presentarse como "constituido", es de una complejidad y heterogeneidad tal, que más bien puede presentarse como "constituyente", en la medida en que las profundas mutaciones que se están dando pueden orientarse en un sentido contra-hegemónico que implique nuevas formas de democratización de las relaciones sociales, ampliación de espacios de inclusión social, reconstrucción de redes de solidaridad social, búsqueda de instancias alternativas para mejorar la calidad de vida, y formas de democracia más participativa. En Argentina, los reclamos colectivos en los últimos tiempos (marchas de jubilados, marchas del silencio de familiares de víctimas de la violencia policial, motines carcelarios, asambleas populares, cacerolazos, movimientos "piqueteros", marchas contra la violencia) son un recordatorio de la vigencia de los Derechos Elementales y un reclamo de ajuste a Derecho. Son también formas colectivas de expresión de una horizontalidad o de necesidad de construcción de una democracia más participativa o de un nuevo contrato que se diferencie de la verticalidad y del divorcio entre la clase política y sus representados de la última década. Es aquí donde se abre un espacio en construcción que puede ser direccionado hacia mayores niveles de inclusión, de preservación de la calidad de vida de los habitantes y de instrumentación de los documentos internacionales en materia de Derechos Humanos.
Lo anterior plantea la estrecha vinculación entre el concepto de "ciudadanía" y el de "democracia". El primero refiere al ejercicio de derechos de participación política y social; supone la integración en algo que se considera común a todos y que por tanto es posible incidir en asuntos como la patria, la Nación, la República, el Estado. Por su parte, democracia refiere algo más que la concepción formal que se agota en los actos eleccionarios; implica la observancia del Estado de Derecho; la autonomía del Poder Judicial respecto del Ejecutivo; la asunción efectiva de responsabilidades de parte de los funcionarios; el libre acceso a la información y la libertad de opinión; el predominio del poder civil por el militar; así como el acceso a determinadas condiciones socio-económicas, de salud, educación, empleo y calidad de vida en un ambiente de paz.
En sintonía con lo anterior, son sintetizadoras las palabras de Emilio García Méndez cuando dice "Democracia y seguridad ciudadana constituyen una unidad indisoluble. Abandonando cualquier eufemismo, seguridad sin democracia es dictadura. Democracia sin seguridad equivale a disolución social. Seguridad en democracia sólo puede ser ciudadana. La democracia, constituye a su vez condición sine qua non y requisito imprescindible para la existencia de ciudadanía. En este punto es necesario rechazar sofismas y falsos dilemas. Tanto derecho tiene la sociedad a su seguridad colectiva, cuanto cada uno de sus ciudadanos al respeto de sus derechos individuales".

Derechos Humanos y Criminología

La mundialización, así como produce efectos negativos (agudización de situaciones de exclusión y fragmentación social, incremento de la conflictividad y del deterioro psico-social, crisis de legalidad, crisis del Estado-Nación), también lo hace en forma positiva (condicionalidad jurídica internacional en materia de Derechos Humanos).
En escenarios como el Cono Sur, esta condicionalidad es relevante. Afectados por dictaduras que instrumentaron el Terrorismo de Estado como instancia de control del conflicto y de exterminio, no basta con que los Derechos Humanos estén positivizados, sino que para su cumplimiento efectivo se requiere resignificar prácticas de conformidad al constitucionalismo moderno, donde no cabe una incoherencia entre Derecho y Realidad, entre Derecho y Prácticas Institucionales, entre Normas Formales y Normas Substanciales. En Argentina, donde tales instrumentos tienen rango constitucional, los procesos de adecuación de la normativa infraconstitucional deben acompañarse de las adecuadas reformas institucionales y de la capacitación y monitoreo de los operadores sociales y jurídicos así como de los funcionarios responsables de hacer cumplir la ley. En función de ello, se requiere avanzar en procesos de construcción doctrinaria que orienten de manera coherente los procesos de reforma legislativa y de las instituciones responsables de la ejecución de tales leyes. Hay que avanzar en procesos de construcción doctrinaria que hagan posible la operativización de principios contenidos en los instrumentos internacionales en materia de DDHH con miras a garantizar el máximo cumplimiento; y hay que avanzar en capacitación en DDHH.
Estos procesos de instrumentación de principios constitucionales y resignificación de agencias y prácticas, se insertan en un debate latinoamericano que tiene que ver con la vuelta a la democracia y la revalorización de la "cultura garantista" por parte del pensamiento crítico; paralelamente, con demandas de ampliación y represivización del Sistema Penal (ampliación de los tipos penales y agravamiento de penas, baja de la edad de imputabilidad, pena de muerte, más cárceles de máxima seguridad, judicialización de la pobreza y criminalización de los conflictos sociales, etc.) como consecuencia de un aumento de la sensación de inseguridad colectiva y de desprotección por parte del Estado y del cuestionamiento a las instituciones democráticas como resortes de resolución de los conflictos y de control de la criminalidad.
La Criminología, como disciplina, puede contribuir desmitificando por ejemplo la panacea de los instrumentos "panpenalistas", en virtud de la cual el Sistema Penal resuelve toda suerte de conflictos y de que las cárceles o los instrumentos meramente retributivos sirven para corregir delincuentes o para disuadir de la comisión de delitos.
Uno de los desafíos más importantes de la Criminología es responder a la enorme cantidad de interrogantes respecto al tema de la criminalidad, de la seguridad, del conflicto social, de la violencia. Se trata de temas muy arraigados en el imaginario social, pero que sin embargo incipientemente encuentran un lugar en la agenda política, y en menor medida en el campo académico. Muchas de las respuestas instaladas, más que prevenir la delincuencia la promueven, reproduciendo la violencia; suelen no fundarse en estudios científicos y surgen como respuestas reactivas no fundadas en la criminalidad real (que incluye la cifra oculta del delito o no denunciado) sino en aquella ficción o realidad fuertemente mediatizada por los medios de comunicación y ante la presión de sectores vinculados al poder que se defienden de la "peligrosidad de los excluidos".

Política criminal, derechos y seguridad

El delito produce siempre daño y vulnera derechos de otro y como tal hay que evitar o prevenir su descontrol; hay que evitar las oportunidades de que se cometa y de que se produzca el menor daño posible ya que ello asegura la convivencia pacífica y preserva la calidad de vida.
La Política Criminal, en tanto Política Pública deliberadamente planeada, científicamente fundada, y políticamente consensuada, debe estar en condiciones de articular las acciones de la Política Social con las del Sistema Penal. La Política Social opera desde programas e instituciones de apoyo y asistencia para la promoción social y para la superación de dificultades o carencias; se basa en servicios como educación, salud, nutrición, seguridad social, vivienda, asistencia social, trabajo, recreación, etc. y tiende a la superación o atenuación de situaciones de pobreza, que hacen que los sectores excluidos estén más expuestos al control penal selectivo, o bien que a menudo deban recurrir al delito a manera de estrategia de supervivencia. Por otra parte, la Política Criminal debe articular acciones con el Sistema Penal, en tanto control social punitivo institucionalizado; se vale de instituciones tales como Policía, Justicia, Cárcel, Patronato de Liberados. La Política Criminal debe señalar cuándo entra en juego el Sistema Penal y cuál debe ser su configuración; y cuándo debe intervenirse desde la Política Social para atenuar condicionantes de situaciones criminógenas. La ausencia de una adecuada definición de esta Política deriva en un protagonismo del Sistema Penal para el control social, llegándose a confundir los ámbitos y esferas de actuación. En este sentido, debe ser integral (integrar tanto a víctimas como a victimarios), y debe ser multisectorial e interdisciplinaria, y reconocer al delito como una construcción social, política, cultural, psicológica etc. que si bien es inherente a toda sociedad, su descontrol enfrenta a los habitantes.
Los Derechos Humanos son tanto posibilidades creadas por los instrumentos jurídicos que los positivizan, como complejos procesos de desalienación que tienen lugar, en un aquí y un ahora, construido por los hombres. Se mantienen gracias a las luchas y sobre todo por su ejercicio efectivo, para lo cual son necesarios aquellos procesos de toma de conciencia, de superación de formas de extrañamiento que los ve como ajenos e inalcanzables. En función de ello, los cientistas sociales deben hacer operativos sus principios, enseñar respecto de su existencia y orientar en su ejercicio. Es todo un desafío contribuir con la reconstrucción de un orden basado en los principios del constitucionalismo moderno que permita avanzar en el desarrollo de valores de certezas y de garantías de los Derechos Fundamentales.
Ello implica superar falsas contradicciones entre Políticas de Seguridad y Políticas de respeto a los derechos; se trata de buscar soluciones a problemas muy complejos que permitan vivir en una democracia que implique seguridad para todos, con leyes eficientes y de cumplimiento efectivo y donde las garantías constitucionales integren el debate central en el tema de la seguridad y no sean vistas como un obstáculo a las políticas de control del delito y de la violencia.

Criminología en la UNSJ

Entre el 2001 y el 2003, la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ dictó una Carrera de Especialización en Criminología. Actual-mente se gestiona su acreditación, trámite a partir del cual se dictará nuevamente, en el marco de un Programa Interuniversitario de Formación en Crimi-nología, mediante el cual las Universidades Nacionales de San Juan, San Luis, Cuyo, La Plata y Córdoba han convenido acciones de intercambio coordinado de capacitación, producción científica y extensión en las disciplinas del Control Social, la Criminología y la Seguridad.
La carrera tiene un carácter profesionalista e instrumental; tiende a capacitar a nivel de posgrado a graduados universitarios que se desempeñen en la función de prevención del delito y de la violencia social, sea en sus manifestaciones pre-delictuales como post-delictuales, dentro del marco de ajuste al Estado de Derecho, el respeto a los derechos de la ciudadanía y la adecuada instrumentación de principios y garantías consignadas en la Constitución Nacional
La propuesta muestra la trayectoria de la UNSJ en estos temas desde hace al menos veinte años.

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