edición 37
AÑO V Nº 37 | septiembre 2008
entrevista
ADRIANA PUIGGRÓS | legisladora especialista en educación
Adriana Puiggrós
"Una ley para un país que no es el sojero"
Para la pedagoga Adriana Puiggrós, el Congreso debe sancionar una ley de Educación Superior pensando en un modelo de país que proponga desarrollo diversificado y regional. En esta nota opina sobre los puntos más controvertidos de la Ley de Educación Superior, y hace conocer algunas de las premisas que,a su criterio, debiera presentar la futura ley.

En calidad de legisladora y presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación, Adriana Puiggrós recorre por estos días las universidades de todo el país escuchando opiniones sobre los postulados que debiera contener la futura ley de Educación Superior. Es que en su Comisión ya se evalúan once proyectos que, sumados a los tres que fueron presentados en el Senado, pretenden sentar las bases de la futura formación superior del país.
Tras su paso por San Juan, la ex Ministra de Educación de la Provincia de Buenos Aires y especialista en historia de la educación conversó con Revista La Universidad.

-¿Será una reforma o una nueva ley lo que saldrá del Congreso?
-Eso es una cuestión formal que habrá que definir luego. Si empezamos la discusión por eso nos irá mal; lo que hay que pensar es qué es lo que sirve de la ley actual, qué hay que cambiar y qué es lo que falta.

-El principal cuestionamiento a la LES es el tema de la autonomía, ¿Qué se dice en el debate al respecto?
-Puede decirse que existe un consenso importante en torno a la autonomía y la autarquía, las dos con carácter constitucional. Hay sectores que plantean una mejora en la relación de la Universidad con el Estado y con la sociedad para inclinarse hacia una autonomía más responsable. Es decir, una apuesta por manejarse dentro de los límites que plantea este tema y que son la autonomía de mercado y el intervencionismo. Porque sucede que con la autonomía absoluta se corre el riesgo de estar a merced de la economía de mercado que hoy rige nuestras sociedades, y con el intervencionismo la Universidad queda atrapada en un corset. La autonomía de la Reforma de 1918 planteaba a la Universidad como un organismo dependiente del Estado, pero con atribuciones propias y responsabilidades sociales en el cumplimiento de políticas. Una autonomía que se vincula con el Poder Ejecutivo, que es elegido democráticamente por la ciudadanía, en base a la obligación de éste de fijar políticas y asegurar su funcionamiento.

-¿Qué debería establecer la ley para mejorar la articulación del sistema de educación superior?
-Lo primero que debería hacerse es establecer los mecanismos para integrar a los institutos de educación superior, antes llamados no universitarios, con el conjunto de las universidades. Para lograr eso tiene que haber un consejo de planificación de la educación superior en el que estén representados el sistema universitario y el mal llamado no universitario, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Conicet, el gobierno, el sector productivo y alguna representación de intelectuales. Ese consejo debería coordinar el conjunto y tener atribuciones vinculantes para definir políticas, poniendo mucha fuerza en las regiones. La base de esa estructura deben ser los CEPRES (Consejos de Planificación Regional de la Educación Superior).

-¿Ese consejo de planificación tendría también que instrumentar los mecanismos de evaluación y acreditación?
-Sí, el órgano que se ocupe de evaluar y acreditar debería estar vinculado con ese consejo y sobre todo con las políticas que éste fije. Hoy no tenemos instrumentos para negar la apertura de nuevas universidades, por ejemplo. Por eso digo que primero hay que establecer políticas en base a las necesidades de cada región y luego establecer mecanismos de evaluación.

-¿Debería seguir siendo la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) el órgano de evaluación de las universidades?
-Yo no estoy de acuerdo con evaluadoras privadas, por lo tanto creo que el órgano que cumpla esa función, sin importar cómo se llame, tiene que ser del Estado.
Con respecto a la CONEAU, si bien creo que hay cosas para mejorar, no hay que dejar de reconocer que hoy tiene muchísimo trabajo, y es una tarea que tiene que ser fortalecida. Por otra parte, coincido con muchos rectores que están planteando la necesidad de algún tipo de control de los recursos que reciben las universidades, incluso de los generados por las propias instituciones. Hay gente que piensa que el órgano que debiera hacer ese control debe depender del Poder Legislativo; yo creo que debería crearse un área especializada en control financiero para instituciones de educación superior.

-A propósito de los recursos, ¿cree usted que la ley debería garantizar explícitamente el financiamiento del sistema?
-Creo que en algún lugar debería establecerse algunas pautas. Es un tema que todavía no tengo claro porque lo estamos estudiando. Probablemente debiera incluirse en la Ley de Financiamiento Educativo que es la que hace un equilibrio entre el conjunto del sistema educativo nacional

-¿Cuál es su opinión con respecto al ingreso?
-Hay una tendencia a la universalización del nivel de grado que, sumado a la obligatoriedad de la secundaria, abre una perspectiva de que habrá cada vez más gente en la educación superior, ante lo cual será fundamental crear una red nacional con sedes en todo el país y blanquear el ingreso para que nadie quede afuera. Esas sedes pueden ser instituciones públicas y privadas de diverso tipo que ofrezcan carreras de cuatro años, y cuyos créditos deberán ser reconocidos en cualquier universidad del país, y en un tiempo no muy lejano en el MERCOSUR. Apostar por un sistema de créditos para institutos de educación superior y para universidades permitiría tener una aproximación entre desarrollo regional y necesidades profesionales, y permitiría también que nadie que haya entrado al sistema de educación superior tenga que volver a dar el ingreso.

-¿La formación de posgrado debería ser gratuita?
-Creo que los profesionales pueden pagar sus posgrados, de todos modos me parece que podrían ser gratuitas las carreras de interés nacional o regional. Esa es una cuestión que hay que regular para favorecer el desarrollo de las regiones y además para ayudar a los estudiantes. Por ejemplo, si en un lugar determinado necesitan profesionales de un perfil específico, los posgrados de esas profesiones deberían ser gratuitos. Hoy suele pasar que se pone de moda una carrera, se llena de alumnos, el Estado invierte recursos, y después no sirve para nada porque no se necesita ese perfil de profesionales.

-¿Pensando en qué modelo de país el Congreso tiene que sancionar una LES?
-Para un modelo de país que sin duda no es el sojero, porque para el país sojero no necesitamos ninguna educación superior, salvo algunas universidades elitistas. La ley debe estar planteada para un país que tenga desarrollo diversificado, agro diversificado; para un país que tenga industria, que exporte con equilibrio con respecto a las necesidades propias; para un país que tenga mercado interno y una cultura activa.

 

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