entrevista
Doctor Alberto Dibbern
Secretario de Políticas Universitarias de la Nación
“Es necesario
discutir
el rol social de la universidad”
Como
ocurriera el año pasado con la Ley Federal, el Ministerio
de Educación de la Nación se dispone a lanzar
en los próximos días un documento base para
la discusión de la reforma de la Ley de Educación
Superior. La idea es consensuar con todas las universidades
del país los lineamientos generales de un proyecto
de ley que sería presentado en el Congreso de la
Nación para su tratamiento antes de fin de año.
Antes del anuncio formal del Gobierno invitando a la comunidad
universitaria a participar del debate, Revista la
U entrevistó en exclusiva al Secretario
de Políticas Universitarias de la Nación,
Dr. Alberto Dibbern.
POR
omar cereso
-¿Cuáles son
los aspectos más críticos de la actual Ley
de Educación Superior?
-Son varios, por ejemplo las limitaciones a la autonomía
de las universidades. También creemos que el tema
de la gratuidad necesita mayores precisiones; es necesario
discutir el rol social de la universidad en el siglo XXI.
Son varios aspectos que hay que debatir y luego definir
cuáles son las cuestiones que necesitan ser contenidas
en un nuevo proyecto de ley.
-¿Qué consecuencias
generó la aplicación de la ley en el sistema
universitario?
-En realidad hay muchas cuestiones de la ley que no han
sido aplicadas. En el tema de la autonomía, por ejemplo,
muchas universidades iniciaron acciones judiciales y trabajaron
sin considerar la ley. Esta normativa ha sido muy resistida
por los claustros universitarios, incluso el Gobierno en
los últimos años no hizo demasiado para el
cumplimiento de algunas cosas que están claramente
establecidas en la ley; por ejemplo, en ningún momento
se puso alguna condición para que las carreras no
acreditadas dejen de inscribir alumnos, al contrario, lo
que se ha hecho es darles un espacio para que mejoren. La
acreditación de carreras es una necesidad, pero en
algunos casos no se aplicó la ley sino que se buscaron
alternativas tendiendo a mejorar la calidad de la educación.
Dibbern
en breve
Ingreso:
“Creo que el ingreso debe ser libre
y sin cupos para que todos aquellos que quieran
ingresar en la universidad lo puedan hacer.
Ingreso irrestricto no quiere decir que el
alumno no deba cumplir con alguna condición
que garantice conocimientos mínimos.
El sistema de ingreso debe ajustarse a la
realidad de cada universidad. Los jóvenes
tienen que comprender que para avanzar en
la universidad hace falta un esfuerzo diario,
porque lo que no puede hacer la universidad
es bajar el nivel de exigencia”.
Investigación:
“La universidad argentina se ha caracterizado
por tener un buen nivel en su investigación.
Desde la SPU vamos a hacer algún esfuerzo
más por tratar de mejorar los recursos
que se destinan a las universidades para ese
fin. Lo que sí, tenemos que profundizar
la articulación de las investigaciones
con el sector productivo, aún sabiendo
que muchas veces no es culpa de la universidad
que esa relación no sea más
estrecha”.
Institutos
pre-univesitarios:
“Su accionar debe estar orientado a
lo que dicen sus estatutos, es decir, de orden
experimental. La manera de buscar nuevas formas
de enseñanza en las universidades debe
empezar por sus colegios y luego trasladarse
al resto del sistema educativo. Así
es como debieran ser, aunque no sé
si están dispuestos a retomar ese camino”.
Salarios
docentes y no docentes:
“El sector docente tiene desde marzo
una mejora, ya que se le completó la
bonificación del cien por ciento de
su salario; de todos modos, seguramente habrá
un incremento salarial. En cuanto a los no
docentes, en los próximos meses entrará
en vigencia el nuevo convenio colectivo de
trabajo y comenzará su aplicación
gradualmente, independientemente del aumento
que pudiera darse para el sector acompañando
el incremento al resto de los empleados de
la administración pública nacional“. |
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-¿Cómo cree usted
que debe ser el procedimiento para la acreditación
y evaluación de carreras?
-Eso es parte de lo que hay que discutir. Personalmente
creo que hay que seguir el camino que marca el mundo y la
región. Desde Cuba para abajo, todos los países
tienen agencias de acreditación, en la mayoría
de los casos estatales. Yo creo que un sistema de educación
superior debe acreditar su calidad y si lo hace tal cual
lo estamos realizando ahora en Argentina, en el que cada
modelo de acreditación, con sus debilidades y fortalezas,
es responsabilidad del Estado, que es el que financia la
posibilidad de mejorar las debilidades, mucho mejor. Lo
que sí, creo que tiene que haber un organismo…
que puede ser CONEAU o puede ser cualquier otro con un diseño
y una conformación distinta… Eso hay que debatirlo,
pero yo no me imagino el sistema sin una agencia que acredite
la calidad.
-¿Cree usted que el
Estado debe establecer jerarquías de carreras para
acreditar?
-Creo que la calidad debe buscarse en todas las carreras,
lo que sí debe haber es una orientación, que
quizás no tenga que estar establecida en la ley,
de aquellas carreras que tengan que ver con el desarrollo
de diferentes cadenas productivas de importancia para el
país; eso no quiere decir que las carreras de ciencias
sociales que no siempre pueden vincularse a una carrera
productiva no sean consideradas de importancia para el Estado.
Esas carreras son necesarias para alcanzar un desarrollo
integral de la sociedad y el Estado también las necesita.
-El tema es cómo conciliar
el interés público por algunas carreras con
el interés nacional…
-Sí, totalmente; eso hay que discutirlo, son los
artículos 42 y 43 de la actual ley.
-¿Cómo se garantizará
el financiamiento de la educación superior en la
nueva ley?
-Tal cual lo establece la Constitución Nacional.
Nosotros sabemos que en materia de financiamiento falta
mucho todavía, pero en estos últimos años
se duplicó el presupuesto universitario, y esto ocurrió,
fundamentalmente, porque se mejoró el salario. Los
docentes universitarios son el único caso del sector
público y de la economía en general que tienen
salarios totalmente en blanco; ése es un esfuerzo
importante que ha hecho el gobierno. Por otra parte, cuando
se habla de financiamiento hay que considerar que a diferencia
de lo que ocurrió en muchos países de América
Latina, donde se arancelaron las universidades o se siguen
buscando alternativas de financiamiento, nosotros no renunciamos
a la responsabilidad de sostener desde el Estado el sistema
universitario.
-¿Cree que es necesario
cambiar el criterio de distribución presupuestaria
entre las universidades?
-Esa es una cuestión del CIN (Consejo Interuniversitario
Nacional) que nosotros la consideramos como parte de una
autonomía que están ejerciendo las universidades.
El Estado solamente está acompañando los procesos
de diseño de las pautas; somos respetuosos de los
criterios que establece el CIN, por lo tanto son los rectores
los que están trabajando sobre la manera más
conveniente de distribuir el presupuesto.
-Hay quienes piensan que la
universidad está contribuyendo a consolidar las desigualdades
sociales y no a reducirlas, ¿usted qué piensa
al respecto?
-América Latina es una región colmada de desigualdades.
Lo que tenemos que hacer es trabajar para reducirlas. Y
eso no pasa, como piensan algunos, por arancelar la universidad
para que los que más tienen paguen, sino que pasa
por cambiar el sistema de recaudación, distribuir
correctamente los ingresos fiscales y tener un buen sistema
de becas que permita que aquellos que no tengan recursos
también puedan ir a estudiar a la universidad. De
todos modos, la desigualdad social es una cuestión
que trasciende las responsabilidades de las universidades,
no se olvide que venimos de un país que tenía
el 50% de la población por debajo de la línea
de pobreza y eso no es culpa de las universidades.
-¿Usted cree que las
universidades no tuvieron ninguna responsabilidad por lo
que pasó en el país en la década pasada?
-En términos generales no; sí creo que tuvieron
responsabilidad algunas universidades, sobre todo las que
tienen licenciados en Economía, por no decir lo que
estaba pasando con más fuerza de lo que se dijo,
para que la gente no fuese engañada por un sistema
de cambio que lo único que hizo fue instalar la pobreza
en el país.
-¿Me está diciendo
que hubo universidades que se hicieron las distraídas
mientras el país caía en la pobreza?
-Lo que le digo es que hubo universidades que no asumieron
el rol que tienen que tener quienes investigan, piensan
y saben lo que está ocurriendo, no sólo para
debatirlo a nivel familiar o de grupo sino para transmitirlo
al resto de la sociedad.
-¿Cómo se imagina
el futuro de la educación universitaria en el país,
a la luz de los avances tecnológicos?
-Me la imagino funcionando con una combinación de
sistemas presenciales y semi-presenciales y con una mayor
utilización de las nuevas tecnologías que
son necesarias para lograr, por ejemplo, masividad con calidad.
Nosotros seguimos creyendo que tienen que haber muchos más
jóvenes en las universidades y muchos más
egresados, y para conseguirlo en forma eficiente tenemos
que valernos de las nuevas tecnologías.
-¿Cuándo
cree que puede salir la nueva Ley de Educación Superior?
-La idea es salir al debate en los próximos días
y buscar el consenso para definir un proyecto de ley que
pueda ser elevado hacia fin de año al Congreso de
la Nación. La verdad es que los tiempos los irá
poniendo la comunidad universitaria, nosotros lo que vamos
hacer es una agenda de temas que la comunidad deberá
debatir.
Ley polémica
La Ley de Educación Superior
fue sancionada en 1995. Fue concebida como una norma
amplia orientada a regular el funcionamiento de
todas las instituciones de nivel superior del país
(universitarias y no universitarias). La ley fue
resistida desde su génesis por amplios sectores
de la comunidad universitaria.
Los cuestionamientos más importantes apuntaron
y apuntan a deficiencias conceptuales y estructurales
del sistema. Entre las primeras, pueden enumerarse
la concepción neoliberal de la norma, el
avance que plantea sobre la autonomía universitaria
y los mecanismos de acreditación y evaluación.
En cuanto a las de orden estructural, apuntan a
los bajos niveles de inversión edilicia y
salarial, la falta de programas de capacitación
y actualización docente, falta de insumos
pedagógicos y los tipos de financiamiento
por programas.
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