Universidad Nacional de San Juan - Argentina - Abril 2007 - Año IV - Nº 27

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entrevista

Doctor Alberto Dibbern
Secretario de Políticas Universitarias de la Nación

“Es necesario discutir
el rol social de la universidad”

Como ocurriera el año pasado con la Ley Federal, el Ministerio de Educación de la Nación se dispone a lanzar en los próximos días un documento base para la discusión de la reforma de la Ley de Educación Superior. La idea es consensuar con todas las universidades del país los lineamientos generales de un proyecto de ley que sería presentado en el Congreso de la Nación para su tratamiento antes de fin de año. Antes del anuncio formal del Gobierno invitando a la comunidad universitaria a participar del debate, Revista la U entrevistó en exclusiva al Secretario de Políticas Universitarias de la Nación, Dr. Alberto Dibbern.

POR omar cereso

-¿Cuáles son los aspectos más críticos de la actual Ley de Educación Superior?
-Son varios, por ejemplo las limitaciones a la autonomía de las universidades. También creemos que el tema de la gratuidad necesita mayores precisiones; es necesario discutir el rol social de la universidad en el siglo XXI. Son varios aspectos que hay que debatir y luego definir cuáles son las cuestiones que necesitan ser contenidas en un nuevo proyecto de ley.

-¿Qué consecuencias generó la aplicación de la ley en el sistema universitario?
-En realidad hay muchas cuestiones de la ley que no han sido aplicadas. En el tema de la autonomía, por ejemplo, muchas universidades iniciaron acciones judiciales y trabajaron sin considerar la ley. Esta normativa ha sido muy resistida por los claustros universitarios, incluso el Gobierno en los últimos años no hizo demasiado para el cumplimiento de algunas cosas que están claramente establecidas en la ley; por ejemplo, en ningún momento se puso alguna condición para que las carreras no acreditadas dejen de inscribir alumnos, al contrario, lo que se ha hecho es darles un espacio para que mejoren. La acreditación de carreras es una necesidad, pero en algunos casos no se aplicó la ley sino que se buscaron alternativas tendiendo a mejorar la calidad de la educación.

Dibbern en breve

Ingreso:
“Creo que el ingreso debe ser libre y sin cupos para que todos aquellos que quieran ingresar en la universidad lo puedan hacer. Ingreso irrestricto no quiere decir que el alumno no deba cumplir con alguna condición que garantice conocimientos mínimos. El sistema de ingreso debe ajustarse a la realidad de cada universidad. Los jóvenes tienen que comprender que para avanzar en la universidad hace falta un esfuerzo diario, porque lo que no puede hacer la universidad es bajar el nivel de exigencia”.

Investigación:
“La universidad argentina se ha caracterizado por tener un buen nivel en su investigación. Desde la SPU vamos a hacer algún esfuerzo más por tratar de mejorar los recursos que se destinan a las universidades para ese fin. Lo que sí, tenemos que profundizar la articulación de las investigaciones con el sector productivo, aún sabiendo que muchas veces no es culpa de la universidad que esa relación no sea más estrecha”.

Institutos pre-univesitarios:
“Su accionar debe estar orientado a lo que dicen sus estatutos, es decir, de orden experimental. La manera de buscar nuevas formas de enseñanza en las universidades debe empezar por sus colegios y luego trasladarse al resto del sistema educativo. Así es como debieran ser, aunque no sé si están dispuestos a retomar ese camino”.

Salarios docentes y no docentes:
“El sector docente tiene desde marzo una mejora, ya que se le completó la bonificación del cien por ciento de su salario; de todos modos, seguramente habrá un incremento salarial. En cuanto a los no docentes, en los próximos meses entrará en vigencia el nuevo convenio colectivo de trabajo y comenzará su aplicación gradualmente, independientemente del aumento que pudiera darse para el sector acompañando el incremento al resto de los empleados de la administración pública nacional“.

-¿Cómo cree usted que debe ser el procedimiento para la acreditación y evaluación de carreras?
-Eso es parte de lo que hay que discutir. Personalmente creo que hay que seguir el camino que marca el mundo y la región. Desde Cuba para abajo, todos los países tienen agencias de acreditación, en la mayoría de los casos estatales. Yo creo que un sistema de educación superior debe acreditar su calidad y si lo hace tal cual lo estamos realizando ahora en Argentina, en el que cada modelo de acreditación, con sus debilidades y fortalezas, es responsabilidad del Estado, que es el que financia la posibilidad de mejorar las debilidades, mucho mejor. Lo que sí, creo que tiene que haber un organismo… que puede ser CONEAU o puede ser cualquier otro con un diseño y una conformación distinta… Eso hay que debatirlo, pero yo no me imagino el sistema sin una agencia que acredite la calidad.

-¿Cree usted que el Estado debe establecer jerarquías de carreras para acreditar?
-Creo que la calidad debe buscarse en todas las carreras, lo que sí debe haber es una orientación, que quizás no tenga que estar establecida en la ley, de aquellas carreras que tengan que ver con el desarrollo de diferentes cadenas productivas de importancia para el país; eso no quiere decir que las carreras de ciencias sociales que no siempre pueden vincularse a una carrera productiva no sean consideradas de importancia para el Estado. Esas carreras son necesarias para alcanzar un desarrollo integral de la sociedad y el Estado también las necesita.

-El tema es cómo conciliar el interés público por algunas carreras con el interés nacional…
-Sí, totalmente; eso hay que discutirlo, son los artículos 42 y 43 de la actual ley.

-¿Cómo se garantizará el financiamiento de la educación superior en la nueva ley?
-Tal cual lo establece la Constitución Nacional. Nosotros sabemos que en materia de financiamiento falta mucho todavía, pero en estos últimos años se duplicó el presupuesto universitario, y esto ocurrió, fundamentalmente, porque se mejoró el salario. Los docentes universitarios son el único caso del sector público y de la economía en general que tienen salarios totalmente en blanco; ése es un esfuerzo importante que ha hecho el gobierno. Por otra parte, cuando se habla de financiamiento hay que considerar que a diferencia de lo que ocurrió en muchos países de América Latina, donde se arancelaron las universidades o se siguen buscando alternativas de financiamiento, nosotros no renunciamos a la responsabilidad de sostener desde el Estado el sistema universitario.

-¿Cree que es necesario cambiar el criterio de distribución presupuestaria entre las universidades?
-Esa es una cuestión del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) que nosotros la consideramos como parte de una autonomía que están ejerciendo las universidades. El Estado solamente está acompañando los procesos de diseño de las pautas; somos respetuosos de los criterios que establece el CIN, por lo tanto son los rectores los que están trabajando sobre la manera más conveniente de distribuir el presupuesto.

-Hay quienes piensan que la universidad está contribuyendo a consolidar las desigualdades sociales y no a reducirlas, ¿usted qué piensa al respecto?
-América Latina es una región colmada de desigualdades. Lo que tenemos que hacer es trabajar para reducirlas. Y eso no pasa, como piensan algunos, por arancelar la universidad para que los que más tienen paguen, sino que pasa por cambiar el sistema de recaudación, distribuir correctamente los ingresos fiscales y tener un buen sistema de becas que permita que aquellos que no tengan recursos también puedan ir a estudiar a la universidad. De todos modos, la desigualdad social es una cuestión que trasciende las responsabilidades de las universidades, no se olvide que venimos de un país que tenía el 50% de la población por debajo de la línea de pobreza y eso no es culpa de las universidades.

-¿Usted cree que las universidades no tuvieron ninguna responsabilidad por lo que pasó en el país en la década pasada?
-En términos generales no; sí creo que tuvieron responsabilidad algunas universidades, sobre todo las que tienen licenciados en Economía, por no decir lo que estaba pasando con más fuerza de lo que se dijo, para que la gente no fuese engañada por un sistema de cambio que lo único que hizo fue instalar la pobreza en el país.

-¿Me está diciendo que hubo universidades que se hicieron las distraídas mientras el país caía en la pobreza?
-Lo que le digo es que hubo universidades que no asumieron el rol que tienen que tener quienes investigan, piensan y saben lo que está ocurriendo, no sólo para debatirlo a nivel familiar o de grupo sino para transmitirlo al resto de la sociedad.

-¿Cómo se imagina el futuro de la educación universitaria en el país, a la luz de los avances tecnológicos?
-Me la imagino funcionando con una combinación de sistemas presenciales y semi-presenciales y con una mayor utilización de las nuevas tecnologías que son necesarias para lograr, por ejemplo, masividad con calidad. Nosotros seguimos creyendo que tienen que haber muchos más jóvenes en las universidades y muchos más egresados, y para conseguirlo en forma eficiente tenemos que valernos de las nuevas tecnologías.

-¿Cuándo cree que puede salir la nueva Ley de Educación Superior?
-La idea es salir al debate en los próximos días y buscar el consenso para definir un proyecto de ley que pueda ser elevado hacia fin de año al Congreso de la Nación. La verdad es que los tiempos los irá poniendo la comunidad universitaria, nosotros lo que vamos hacer es una agenda de temas que la comunidad deberá debatir.

Ley polémica

La Ley de Educación Superior fue sancionada en 1995. Fue concebida como una norma amplia orientada a regular el funcionamiento de todas las instituciones de nivel superior del país (universitarias y no universitarias). La ley fue resistida desde su génesis por amplios sectores de la comunidad universitaria.
Los cuestionamientos más importantes apuntaron y apuntan a deficiencias conceptuales y estructurales del sistema. Entre las primeras, pueden enumerarse la concepción neoliberal de la norma, el avance que plantea sobre la autonomía universitaria y los mecanismos de acreditación y evaluación. En cuanto a las de orden estructural, apuntan a los bajos niveles de inversión edilicia y salarial, la falta de programas de capacitación y actualización docente, falta de insumos pedagógicos y los tipos de financiamiento por programas.

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