FINANCIAMIENTO EDUCATIVO Y PRESUPUESTO UNIVERSITARIO

Dale alegría a mi corazón

A la salida de un paro que puso en peligro el año lectivo y en el marco de un fuerte cuestionamiento a las actuales leyes Federal de Educación y de Educación Superior, el gobierno nacional ya elevó al Congreso los proyectos de Ley de Financiamiento Educativo y de Presupuesto Nacional. Las universidades nacionales están incluidas en el aumento de la inversión educativa que es lenta pero esta vez parece segura.

Septiembre es -además del mes de la primavera, los estudiantes y la juventud- el momento del calendario en el que se empiezan a discutir las cuentas para el año siguiente. En este 2005 a la presentación del proyecto de Ley de Presupuesto Nacional para el ejercicio 2006 se agrega otro documento económico-financiero de gran importancia: la Ley de Financiamiento Educativo. Ambos proyectos están desde hace unos días en manos del Congreso Nacional y su tratamiento despierta no pocas expectativas, aunque los anuncios y repercusiones que han rodeado al proyecto de financiamiento para la educación han sido de tal magnitud que prácticamente han opacado la presentación del propio Presupuesto Nacional. Es que septiembre es también el mes de los educadores, el momento del año en el que todos nos acordamos de Sarmiento y agradecemos absurdamente que no esté vivo para ver tanta desigualdad.

Qué va a pasar el año que viene es la pregunta obligada que a esta altura del año ningún administrador serio quiere responder, salvo que nos conformemos con suposiciones. Sin embargo esta vez parece haber algunas certezas. Una de ellas se funda en la decisión del gobierno nacional de encarar con seriedad el problema del presupuesto educativo en general, y no sólo como los números para la educación sino como un conjunto de decisiones estratégicas relacionadas con una idea de país para un plazo que supera el de cualquier gestión de gobierno. El mismo ministro Filmus fue el encargado de destacar esto cuando presentó el proyecto de Ley de Financiamiento Educativo ante la Comisión de Presupuesto del Senado de la Nación: los resultados de la aplicación de esta ley se van a apreciar recién a partir del año 2025. “Si alguno de ustedes piensa ser candidato para ese entonces...”, dicen que deslizó el funcionario.

Financiamiento garantizado

El proyecto de Ley de Financiamiento Educativo establece que el presupuesto educativo consolidado del gobierno nacional, del conjunto de las jurisdicciones provinciales y de la ciudad autónoma de Buenos Aires deberá ser aumentado progresivamente, desde ahora hasta el 2010, en nueve mil millones de pesos o en una suma tal que el gasto total del sector se eleve hasta representar el 6 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI). El texto legal establece también que el aumento de la inversión deberá propender a la mejora de las condiciones laborales de los maestros, junto a otros objetivos tan ambiciosos como erradicar el analfabetismo en el territorio nacional. También hay menciones destacadas para el fortalecimiento de la enseñanza universitaria y la jerarquización de la investigación científica y tecnológica. Hasta ahora la propuesta ha sido apoyada por prácticamente todos los sectores gremiales, políticos y empresariales del país.

El Consejo Interuniversitario Nacional ha expresado a través de varios de sus miembros su beneplácito por la iniciativa y el mismo Filmus se ha encargado de hacer a un lado el principal cuestionamiento que ha tenido el proyecto: que no es la primera ley que aumenta el presupuesto educativo (ya lo ordenaba la Ley Federal de Educación y nunca se cumplió). El ministro despejó las dudas aclarando que esta vez el Estado Nacional garantiza que los fondos del incremento educativo van a una cuenta especial, que fue lo que no se hizo antes.
¿Qué pasa si el Presupuesto Nacional para 2006 es aprobado antes que la Ley de Financiamiento Educativo? Esta duda también quedó despejada por el titular de Educación quien explicó oportunamente que en el proyecto de Presupuesto Nacional ya están previstas las partidas para educación con el incremento que para el año que viene prevé la Ley de Financiamiento Educativo, es decir, llevar para 2006 los fondos educativos del 4 por ciento actual a un 4,7 por ciento. Esta es otra certeza.

¿Qué pasa con las universidades?

Hasta 2005 el Sistema Universitario Nacional consumía alrededor del 57 por ciento de toda la inversión nacional en educación. La pregunta del millón es si esa proporción va a mantenerse, teniendo en cuenta que el proyecto de Ley de Financiamiento Educativo implica un aumento de la inversión de la Nación en las provincias para los restantes niveles. En la propuesta legal no hay ninguna cláusula que lo asegure. Lo que existe es el compromiso de que las proporciones que hoy se destinan a educación básica, universidades y ciencia y técnica se mantendrían. Si esto es así, en su conjunto el Sistema Universitario Nacional va a ver incrementado su presupuesto proporcionalmente al aumento que fijará la ley si es aprobada.

Pero no hay una sola pregunta del millón. La segunda apunta a cómo se distribuirá entre las 38 universidades del país el monto que les toca a todas en conjunto. Este no es un tema menor cuando parece que no es posible acordar otro criterio de distribución que no esté atado a la cantidad de alumnos.

Según el Contador Lorenzo Mas, titular de la Secretaría Administrativo Financiera de la UNSJ, es de esperar que -aparte de lo salarial, ya incluído- esta casa pueda disponer de algunos incrementos asociados a la presentación de proyectos-programa que, al igual que en los dos últimos años y en el marco de ciertas líneas establecidas por el gobierno nacional como prioritarias para el desarrollo del país, beneficien con financiamiento ciertas iniciativas, por fuera de la distribución histórica.

Mientras, septiembre parece ser también el mes de las esperas. La distribución presupuestaria de esta universidad no puede definirse hasta no tener los números nacionales. Pero no es lo único que espera. También lo hacen la Mesa de Negociación Salarial del sector docente universitario a nivel nacional que se volvió a reunir el 19 de septiembre para abordar lo que quedó sin resolver después del acuerdo salarial del día 3: el aumento al presupuesto universitario y en particular de las partidas destinadas a remunerar y bonificar algunas sumas fijas, la recomposición del cargo testigo y la incorporación de quienes trabajan sin cobrar, entre otros ítems de la columna de pendientes.