Crisis, productores y Estado
en la vitivinicultura sanjuanina (1930-1943)

Las continuas crisis de la vitivinicultura en nuestra provincia han puesto en relieve la fragilidad de un sistema asentado en la especialización productiva y la necesidad de aplicar políticas estatales que atiendan la superación de los problemas. se muestra aquí cómo la crisis de 1930 fue encarada por parte de los productores y por el estado nacional y provincial.

ESCRIBE
Magíster Lía Alejandra Borcosque
Licenciada en Historia - UNSJ
Magíster en Historia Económica - UNICAMP
Contacto: laborcosque@hotmail.com
PARTE DE PONENCIA PRESENTADA EN LAS XX JORNADAS
INTERNACIONALES DE HISTORIA ECCONÓMICA,
MAR DEL PLATA, OCTUBRE DE 2006

Hacia la década de 1880 se dieron en nuestro país numerosas transformaciones, entre las cuales resulta importante en el ámbito socioeconómico la consolidación del Estado nacional moderno y el ingreso al circuito capitalista mundial como país agro exportador. En este último aspecto, las diferentes regiones se adecuaron a la nueva situación, desarrollando Mendoza y San Juan una actividad complementaria con la producción pampeana: la vitivinicultura.
Esta actividad, al principio relegada ante el desarrollo de otras actividades económicas relacionadas con el cultivo de cereales y alfalfa para el engorde de ganado y su traspaso a Chile, fue iniciando un proceso de modernización y, paulatinamente, el viñedo y la bodega pasaron a ser la base de la economía regional.

Es posible detectar con anterioridad a la década de 1880, coincidiendo con el auge de la economía ganadera-cerealera, el surgimiento de un tipo de vitivinicultura denominada como “criolla”. En esta primera etapa vinícola la elaboración y comercialización de vinos era escasa, estaba destinada casi totalmente al consumo local y el transporte era realizado en carros tirados por animales, lo que terminaba por afectar la calidad del producto. Los vinos eran producidos por bodegas artesanales, caracterizados por la escasa incorporación de tecnificación, maquinarias y personal científico especializado en el proceso de elaboración de los productos. Los establecimientos eran organizados por particulares con muy poco apoyo por parte del Estado.
La confluencia de una serie de condiciones internas y externas favorecieron un cambio en la economía de San Juan: el estado de paz y organización nacional, el impulso a la agricultura y ganadería, el fomento de la inmigración y la colonización, la extensión de la red ferroviaria y la importación de capitales. Todo esto dio lugar a la aparición de un nuevo modelo económico basado en el cultivo de la vid en gran escala y su industrialización.

La llegada de una masa inmigratoria de europeos, principalmente españoles e italianos, aportó mano de obra, nuevas tecnologías y capitales aplicados al trabajo. El ferrocarril contribuyó a integrar económicamente a San Juan con el resto del país incentivando, a partir de su llegada en 1885, un aumento de las áreas cultivadas con vid. Sin embargo, este impulso inicial se logró también con la participación conjunta de dos instancias: el accionar del Estado provincial y el de los propietarios particulares.
A partir de este momento, las antiguas y pequeñas bodegas comenzaron a ser reemplazadas por las de gran porte, transformándose muchas de ellas en importantes sociedades anónimas. Estos productores, bodegueros y viñateros, y comerciantes se fueron asociando en gremios, centros y asociaciones para defender sus intereses ante los gobiernos locales y nacionales.

La Bodega del Estado y la Sociedad Vitivinícola

Al modo en que se fue conformando el modelo vitivinícola (uso de variedades de uvas inadecuadas, atraso tecnológico, mala calidad, fraude y “estiramiento” del vino, entre otros) se sumaban factores negativos externos (climáticos, crisis económicas nacionales e internacionales que provocaban la caída del consumo y de los precios). Esta situación ocurría periódicamente, determinando la aparición de las llamadas “crisis cíclicas” de la vitivinicultura, las cuales se desarrollarán a lo largo de todo el siglo XX.
La primera de estas crisis tuvo lugar entre 1901 y 1904, la segunda entre 1914 y 1916, y aunque de alguna manera éstas aparecían vinculadas a factores externos como la crisis económica nacional que afectaban el consumo, o a conflictos externos como la Primera Guerra Mundial; la superproducción vínica y la adulteración de los vinos eran constantemente apuntadas como importantes causas de la misma. Así, las soluciones implementadas por el Estado o por los mismos productores, tenían como fin último disminuir los excedentes de uvas y vinos para equilibrar la oferta ante la disminución de la demanda.
Luego de la superación de la crisis de 1914-1917 siguieron años de prosperidad para la industria vitivinícola sanjuanina con el aumento de la producción de uvas y vinos. A esto se sumó otro factor: las heladas que afectaron la producción de uvas en Mendoza en 1927 y 1928 redujeron la producción mendocina en un 50% y aumentaron el precio nacional del vino. Esta situación benefició a la economía de San Juan, cuando los bodegueros sanjuaninos pudieron colocar sus productos en el mercado con importantes ganancias. Sin embargo, las excelentes cosechas de 1928 y del año siguiente crearon un panorama desalentador al combinarse con el descenso del consumo.
Para hacer frente a esta situación de la vitivinicultura y mantener los márgenes de rentabilidad por la caída de los precios, los bodegueros organizaron en Mendoza y en San Juan las Sociedades Anónimas Vitivinícolas. Estas fueron constituidas como entidades comerciales de carácter privado cuyo objetivo final era crear un stock de reserva de producción conformado con las cantidades aportadas por los bodegueros y viñateros y que sería comprada por la Sociedad. De esta manera, las Sociedades funcionaban como reguladores de la producción, al evitar la caída de precios por el exceso de salidas de vino al mercado.
En San Juan un sector importante de productores organizó la Sociedad Vitivinícola en octubre de 1929, adquiriendo acciones las más importantes empresas bodegueras: la S.A. del Bono Ltda.; la S.A. Bodegas y Viñedos Santiago Graffigna Ltda.; Bodegas y Viñedos “El Parque” de Manuel A. Gutiérrez; Bodegas y Viñedos “El Globo” Ltda., Firma Gutiérrez y de la Fuente; S. A. Bodegas y Viñedos Copello, Siboldi y Cía.; Bodega Tinto Hnos., Blas Polloni, Alberto Paviolo, Saúl Aubone, José Yanzón y otros. También compraron acciones algunos viñateros, aunque la representatividad de este sector era mínima. Además los bodegueros, cuando se suscribían, firmaban un contrato de compra venta de vinos y uvas estableciendo la cantidad de vino que cada miembro debía vender.
Esta Sociedad Vitivinícola tomó medidas para evitar los excesos de producción, pero la crisis se agudizó en los primeros años de 1930, cayendo aún más el consumo y creando una nueva situación de superproducción. A esto se sumaron otros factores: la resistencia y desconfianza de los mismos productores ante las obligaciones estipuladas en los contratos de la Sociedad, la falta de circulante en la provincia para financiar la compra de vinos y uvas, la paralización en la salida de los vinos que permitiera dar entrada a la elaboración de la próxima cosecha y finalmente, la negativa de las entidades financieras nacionales para otorgar créditos hasta que las Sociedades Vitivinícolas obtuvieran el número de adherentes, que representara el 95% de la producción de vinos en San Juan y Mendoza. Estos elementos contribuyeron para la liquidación de la Sociedad Vitivinícola de San Juan a mediados de 1932.

A instancias del gobierno cantonista1 se creó Bodega del Estado en febrero de 1932. Esta bodega, en su momento la más grande de Argentina, significaba la intervención y regulación oficial directa en la vitivinicultura. Su función era aumentar la capacidad de elaboración de la provincia mediante la ampliación de la vasija vinaria, facultando al gobierno a comprar a precio de costo el excedente de vinos de las bodegas particulares. Con esto se buscaba terminar con la especulación que hacían los bodegueros con el precio de la uva comprada a los viñateros sin bodega, ya que intentaban adquirir la uva lo más tarde posible y retardar la cosecha, argumentando que no podían elaborar nuevos vinos por falta de capacidad de almacenamiento en sus bodegas. De esa manera los bodegueros obtenían doble beneficio: por un lado obligaban a los viñateros a vender las uvas al precio que establecía el bodeguero; y, por otro, con las uvas tardías, de mayor grado azucarino, producían vinos de alta graduación alcohólica, que les permitía obtener mayores ganancias al “estirarlo”, mediante el agregado de agua.
Otra función de la Bodega del Estado, a más largo plazo, consistía en mejorar la calidad de los vinos. Para esto la ley establecía que los vinos de esta bodega fueran añejados por cinco años, luego serían intercambiados por otros nuevos provenientes de las bodegas particulares, sin ningún costo para éstas. También se facultaba al gobierno para intervenir los vinos “torcidos”2 comprándolos a un precio de un 20% menos para ser destilados y convertidos en licores, anisados, aguardientes, cognac, ron, fernet, vermouth, vinos licorosos, etc.

Desde el comienzo la Bodega del Estado tuvo problemas con los sectores afectados, sobre todo con los bodegueros, además de las continuas protestas por los impuestos que los productores debían pagar para financiar su funcionamiento. Ésto, sumado al alejamiento del cantonismo del poder, al agravamiento de la crisis vitivinícola y a las políticas de la Junta Reguladora de Vinos, determinó el fracaso de la Bodega del Estado, que si bien siguió funcionando, no pudo cumplir con los objetivos para los que había sido creada. A partir de 1935 la Bodega del Estado se convirtió en el lugar donde la Junta Reguladora almacenaba los vinos comprados o prendados en garantía de los préstamos a los bodegueros.

La Junta Reguladora de Vinos

Luego de la caída del cantonismo en 1934, el consumo nacional de vino se encontraba en franco descenso y la producción provincial no encontraba salida y seguía almacenada en las bodegas. Ante esto, el precio del vino y de la uva continuó bajando. Dentro del marco de la crisis que afectaba a todos los sectores de la economía, el gobierno nacional comenzó a crear diversas comisiones asesoras y juntas reguladoras para proteger los intereses de los diversos sectores productivos. En Cuyo tuvo incidencia directa la Junta Reguladora de Vinos, creada mediante la ley 12.137 de diciembre de 1934 con la finalidad de evitar la superproducción y la baja rentabilidad de los vinos y demás productos derivados.
En San Juan la Junta Reguladora, recibida con entusiasmo por los productores, aplicó un conjunto de medidas de emergencia. La primera consistió en la adquisición de vinos y uvas para impedir su vinificación. Estos fueron comprados a bajo precio; una parte de la uva fue entregada a escuelas y hospitales mientras que otra gran cantidad permaneció sin cosechar en los parrales. El vino fue guardado en las bodegas de los productores para ser vendido más adelante, aunque se veía frecuentemente situaciones donde la uva comprada era destinada a la elaboración clandestina de vinos.
También fueron entregados préstamos a los productores para cubrir 3 millones de hectolitros de vinos provenientes de las existencias de vinos precedentes a 1935. Aún así, como la cosecha de 1936 en San Juan fue superior a las anteriores, se intentaron, entonces, soluciones extremas con la extirpación de viñedos en las zonas productoras, medida controvertida que provocó numerosas críticas en todo el ámbito de la república. También es cierta que esta circunstancia fue aprovechada por algunos propietarios, que vendieron fincas que habían abandonado hacía algún tiempo y ya no las trabajaban o venían siendo atacadas por un nuevo flagelo, la filoxera.
El año 1938 se presenta como el más crítico para los productores sanjuaninos debido a las cantidades de vino acumulado de años anteriores sumado a la excelente cosecha de 1937. Ese año se aplicó la contribución en especie a los bodegueros que debían entregar la producción equivalente al 15% de lo elaborado y, para evitar su comercialización, se ordenó su derramamiento. El vino corrió por las canaletas de las bodegas perdiéndose en las acequias de riego. Esta situación tuvo grandes repercusiones negativas en la opinión pública de todo el país.

En 1938 fue sancionada por el Poder Ejecutivo la Ley General de Vinos Nº 12.372. Por la misma se creaba la Dirección General Vitivinícola, dependiente del Ministerio de Agricultura, que atendería con exclusividad todos los asuntos relacionados con la industria vitivinícola: comercialización, control y fiscalización técnica, con excepción de la percepción de impuestos. Y además se creaba la Comisión de Industria Vitivinícola. Se establecían las características de los vinos genuinos y demás productos derivados de la uva con el propósito de evitar el fraude y la comercialización de productos de mala calidad o nocivos para la salud. En este sentido se establecían las prácticas enológicas permitidas y las que estaban prohibidas, las penalidades a las mismas, mientras que la función de control quedaba en manos de las Oficinas Químicas Nacionales.
Pero quedaron fuera de la ley una serie de consideraciones importantes tales como la prohibición de corte, fraccionamiento y manipuleo del vino fuera de las bodegas o de los locales adscriptos a las bodegas para el expendio al público y la necesidad de la especificación sobre el tipo de envase de venta al público. Otra gran ausencia de la ley era la falta de representatividad de los viñateros sin bodegas (que constituían el sector más desprotegido), de los enólogos (éstos últimos si tenían representante en la Junta Reguladora) y de los trabajadores.
La Junta Reguladora desconocía las instancias de esta ley y no dio lugar a las disposiciones que atendían el control de la calidad ni a las diferentes instituciones creadas.
A partir de 1939 la situación de la industria vitivinícola nacional comenzó mejorar con la disminución general de stock de vinos y el aumento de su consumo per cápita, equilibrándose la relación entre oferta y demanda, por lo que la Junta disminuyó las medidas de restricción de la oferta. Al considerar que no habría excedentes de vino por el momento, la Junta eliminó la contribución en especie exigida a los bodegueros y vendió parte del vino de propiedad fiscal almacenado en la Bodega del Estado, destinando los recursos a la campaña anti-filoxérica en la provincia, y a la construcción de la Planta de Elaboración, Clasificación y Empaque de Fruta Seca. Sin embargo, lejos estaba la posibilidad de abandonar totalmente las políticas restrictivas: el replante de nuevos viñedos solo se haría con la expresa autorización del Ministerio de Agricultura y usando variedades injertadas sobre pie americano, único modo de evitar la filoxera.
La Junta Reguladora fue disuelta por el gobierno militar tras el golpe de 1943. Casi la totalidad de las funciones fueron traspasadas a la Dirección Nacional de Vitivinicultura, organismo que había sido creado por la ley de Vinos de 1938 pero que sólo sería instituida en ese momento.

El accionar de la Junta tuvo como balance positivo la producción de gran cantidad de estudios, estadísticas e investigaciones sobre vitivinicultura sin precedente en la historia y economía argentina. Sin embargo, en realidad ninguna de las medidas de la Junta tuvo una gravitación fundamental en los índices de producción y, como había sucedido en las crisis anteriores, las soluciones dependieron de factores externos, como los climáticos o la situación económica nacional. Además las medidas tendieron, sobre todo, a favorecer a los bodegueros exportadores, quienes, al mismo tiempo que mantenían cargos en los gobiernos locales, conformaron la dirigencia de la Junta Reguladora.