La estrategia capitalista de reapropiación del territorio indígena
Francisco Ceballos, magister y profesor de Historia, hace un recorrido por diversos reclamos territoriales de los pueblos originarios, su trasfondo y complicaciones.
Por Belén Ferrer
La educación tiene un rol trascendental en el entendimiento de los orígenes que tiene el acervo cultural y la diversidad cultural de América Latina, también en el proceso de negación a partir del cual la historiografía, la bibliografía y las diferentes posiciones que las universidades se plantearon desconociendo totalmente la preexistencia y existencia de las comunidades de los pueblos warpe y diaguita en San Juan y de pueblos originarios (PPOO) en general de América Latina. Ahora, los medios hegemónicos de comunicación, apoyados por grandes empresas, también relatan su versión con poblaciones indígenas “criminales y salvajes” que intentan “usurpar” territorios.
Francisco Ceballos, magister y profesor de Historia de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes y miembro del Programa Universitario de Asuntos Indígenas (PUAI), comenta que si bien existe el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que determina la protección de «los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios» de los pueblos indígenas, y define «la importancia especial que para las culturas de nuestro territorio y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios», hay un creciente desconocimiento, de la sociedad en su conjunto y de los medios de comunicación en especial, en torno a esta legislación que está vigente y que tiene rango constitucional en Argentina pero que inevitablemente hace volver al 12 de Octubre constantemente y a lo que eso planteó para la historia de la humanidad.
El Artículo nº1 de ese convenio, explica Ceballos, establece que un pueblo se considera indígena por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos.
En torno a esto, se plantea que, en un mapa argentino de la actualidad frente a un panorama reflejado por los medios de comunicación, incluso del Gobierno Nacional, hay un desconocimiento de la preexistencia de la población mapuche en el Sur del país y que hay una configuración de una serie de discursos históricos que hacen referencia a una invasión del pueblo mapuche en 1830, ahora es el propio Estado que al mismo tiempo que desconoce esta situación, lo reconoce a nivel cartográfico. Pese a esta contradicción, indica el historiador, en América Latina, según un informe de la UNESCO del año 2011, se autoreconocen indígenas cerca de 48 millones de habitantes, que es un número sumamente importante pero sumamente desconocido. Este proceso se llama minorización, que es la configuración de discursos históricos, políticos y periodísticos que se encargan de minorizar a determinados sectores y de esa manera poder llevar a cabo la vulneración de sus derechos: “Existió un temor durante toda la época de conquista y construcción del Estado Nacional de reconocerse como indígena, por eso es importante tener en cuenta en la formación docente que los PPOO de América Latina, el pueblo huarpe, en el año 2006, plantearon la necesidad de reflexionar sobre el 11 de octubre como una fecha, dentro del calendario escolar, que permita e invite a la reflexión del último día de libertad del pueblo. Por eso, el 12 de octubre se replantea su denominación y significado y nos preguntamos: ¿Festejamos, conmemoramos o recordamos? En un contexto determinado, en 1917 el gobierno de Hipólito Yrigoyen le dio la denominación de Día de la Raza, tratando de manifestar un poco las raíces culturales hispanas en contraposición de una fuerte presencia de Estados Unidos influyendo culturalmente en Argentina. Pero inevitablemente con esto se acentúa el proceso de homogenización cultural en la configuración de una identidad argentina única, monolítica, que reconoce solamente estas raíces culturales europeas y desconoce lo que el filósofo de América Latina, Rodolfo Kusch, llama la América Profunda, porque de alguna manera en la conformación del Estado Nacional, lo originario va a significar un hedor, dice Rodolfo, algo que debe ser sacado de lado e invisibilizado”, explicó el historiador.
La problemática del territorio
Frente a esto, la historia de los PPOO, desde la Conquista en adelante, plantea una serie de problemáticas y desafíos que, con diferentes modificaciones, en esencia son fundamentalmente lo mismo. Por un lado, el avance sobre su territorio, un territorio que desde la cosmovisión europea es asumido del punto de vista económico y mercantilista que va a acentuarse con la llegada de la estructuración de un sistema capitalista totalmente diferente a la cosmovisión indígena, que reconoce en el territorio la esencia de su identidad y su forma de ser. Por eso, de alguna manera esta conquista empezó a plantear la supresión de las formas de identificarse, de las identidades.
En este proceso de avance sobre las identidades de los PPOO es que se dan tres momentos, según explica Ceballos: la minorización, propia de la conquista, en que se los considera menores de edad desde el punto de vista jurídico y desde el trato que van a recibir a la hora de una remuneración del trabajo; el destierro de sus tierras, siempre en función de dependencia del conquistador. El segundo proceso que tiene que ver con la constitución de los Estados Nacionales, a fines del siglo XIX, es la invisibilización. La denominación de Campaña del Desierto tiene que ver mucho con esto, se lo llama campaña al “desierto”, como un lugar inhabitado, salvaje, bárbaro, donde va a llegar la civilización que lleva el ejército nacional y donde surge la instalación de los fuertes. En este proceso se da algo muy preocupante que se está dando en la actualidad, que es importante exponer y que tiene que ver con la criminalización. En el siglo XIX se va a plantear un panorama con diferentes relatos historiográficos del Malón, que secuestra las mujeres blancas, el salvajismo, la barbarie, que representaba la frontera con el indígena para posteriormente ocupa ese territorio y anexa al Estado Nacional. Algo similar se está dando con la criminalización actual del reclamo y la lucha de los PPOO como paso anterior a la apropiación de su tierra.
“Tengamos presente que, en la anexión de la Patagonia, que se dio a finales del Siglo XIX, gran cantidad de extensiones de tierra son distribuidas por los principales terratenientes bonaerenses que ya habían ocupado tierras a las comunidades originarias a lo largo de la primera mitad del Siglo XIX. Osvaldo Bayer tiene un trabajo extensísimo sobre esto. También las incursiones de Federico Rauch durante la pre presidencia de Rivadavia o las campañas llevadas a cabo por Rosas entre 1832 y 1835. Martínez de Hoz va a ser uno de los que se va a apropiar mayores cantidades de tierras. Tiene como antecedente primero la configuración de un mundo indígena salvaje y bárbaro donde había que llevar la civilización, y en ese sentido, lo preocupante que vemos desde el PUAI es que se está dando un proceso similar, no solo en la Patagonia, sino también en el Noroeste: la cuestión de criminalizar la protesta y configurar, a través de los diferentes medios de comunicación, una mirada sumamente discriminatoria y prejuiciosa sobre los PPOO”, dijo Ceballos.
El conflicto en San Juan
En San Juan también existe esta problemática territorial, y si bien no es completamente visibilizada por los medios de comunicación locales, sucede y se está tratando de solucionar.
Según Francisco Ceballos, es bastante diverso lo que se ha planteado localmente. Muchas veces las fincas linderas a los territorios indígenas se van apropiando de los territorios indígenas y según cuenta Sandra Núñez, integrante de la comunidad Huarpe Cacique Colchagual, el dueño de una finca se está apropiando del terreno que es de la comunidad: “Luego del reclamo, el INAI hizo un relevamiento para recuperarlas, pero la gente no insiste en reclamar por temor, ya que la mayoría de los habitantes de la comunidad trabajan en esa finca”.
Es que desde el año 2013 en Argentina existe la Ley 26.160 de Relevamiento Territorial y Catastral de las comunidades originarias, que no se está cumpliendo, es bastante disímil el relevamiento que se ha logrado, pero uno de los ítems del relevamiento tiene que ver con la suspensión del desalojo. Aun así, se puede ver en varias noticias en los medios que esto se sigue haciendo tanto por parte del Estado Nacional como de empresas privadas que por medio de incendios intencionales o tala indiscriminada de los bosques, van avanzando sobre los territorios indígenas, van desalojando a las poblaciones y esta ley queda totalmente en el olvido. Es la segunda vez que se ha prorrogado y tiene una segunda etapa, más crítica, que tiene que ver con los juicios de expropiación, es decir, aquellos territorios que han sido incluidos dentro de la propiedad comunitaria indígena tienen que pasar por un juicio a partir del cual el Estado termina regresando nuevamente esos territorios a los PPOO, reconociendo la propiedad comunitaria.
El conflicto mapuche
Ceballos plantea que se está violando el Convenio 169 y la Ley 26.160 que establece el impedimento al desalojo y el maltrato por medio de la fuerza policial para solucionar un problema territorial. Todo esto bajo la premisa de que son pueblos violentos y que amenazan la seguridad de sus “pacíficos” pobladores, pero hay que aclarar que muchos de ellos son propiedades privadas que posterior a la llamada Conquista del Desierto usurparon esas tierras a las comunidades originarias. Y agrega: “Se sigue expresando un discurso prejuicioso que marca cómo tratar esa problemática en el que se invisibiliza las condiciones en las que viven esas comunidades y el desamparo al que el Estado está empujando constantemente, avanzando sobre su territorio. También se desconoce que la Cordillera era una zona de paso y que era sumamente recurrente la existencia de comunidades mapuches, tanto del lado oriental como del occidental de la Cordillera. Se configura un Estado Nacional donde se dice que la Patagonia va a ser ‘ocupada por inminente peligro chileno’, eso se define en el Siglo XIX, pero son todos relatos que tienen que ver con la ocupación del espacio, la invasión al territorio indígena y por ende el desconocimiento de lo previo. Así como en esos tiempos esos territorios pasaban a manos de terratenientes del sur de Buenos Aires, en la actualidad esos territorios pasan a grandes empresas trasnacionales que van colaborando con este discurso de criminalización para ocupar tierras”.
Una línea de esperanza en Cuyo
Un caso positivo fue el del pueblo warpe Guanacache, que este año pasará a cogestionar el Parque Nacional Sierra de las Quijadas, en la provincia de San Luis, luego de que un acuerdo entre el Ministerio de Ambiente de la Nación y el gobierno puntano les devolviese tres mil hectáreas de tierras.
En 2021, San Juan formó el convenio con el INAI para realizar el relevamiento de los territorios de los pueblos originarios. Esto abarca aspectos técnicos, jurídicos y catastrales de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades, amparados en la Ley Nacional N° 26.160.
Esto se transformó en un hecho histórico para el reconocimiento de las tierras donde viven los pueblos originarios. A nivel nacional, esa política ya lleva relevadas a 800 comunidades que representan el 50% del total nacional. Desde el Gobierno resaltaron que esto busca establecer un nuevo vínculo entre el Estado y las poblaciones originarias.
Sin embargo, mientras los discursos de odio, invisibilización y criminalización sigan existiendo, se dificultará día a día mirar más profundamente el reclamo ancestral de los PPOO que permitiría crecer y reconocer la diversidad étnica en Argentina para lograr un estado pluriétnico.
