“No es posible extraer cuerpos humanos sin el consentimiento de las comunidades en los territorios”
Carina Jofré, investigadora del CONICET con lugar de trabajo en la Universidad Nacional de San Juan e integrante de la Comunidad Warpe del Territorio del Cuyum, se refiere a las exhumaciones de restos humanos de pueblos indígenas en general y particularmente al sucedido recientemente en Calingasta.
Por Belén Ferrer
El sábado 10 de septiembre del 2022, un grupo de empleados de una firma minera que trabaja en San Juan encontró restos humanos durante una excavación en el camino a la mina El Pachón. Ante lo sucedido, Carina Jofré, integrante de la Comunidad Warpe, activista e investigadora de la Universidad Nacional de San Juan expresó su postura: “Lo sucedido en el camino al proyecto minero El Pachón es un poco una foto de lo que sucede a diario en San Juan y también en otras provincias, pero en San Juan sobre todo porque el frente extractivista estatal está generando estos procesos en donde la apertura y el licenciamiento de los territorios a la extracción minera plantea esta situación que nos preocupa mucho, que es justamente el desentierro inescrupuloso, sin protocolos y contraviniendo lo establecido en el marco jurídico y legal en Argentina”.
Jofré explicó que actualmente en Argentina no es posible extraer cuerpos humanos de excavaciones en investigaciones o en contextos fortuitos, como estos caminos o en obras, sin el consentimiento de las comunidades en los territorios: “San Juan tiene más de 30 comunidades actualmente, varias de ellas han emprendido reclamos a esta situación y esto depende de la administración de Patrimonio de la Provincia, que sigue desconociendo el derecho indígena en el ámbito de su trabajo, como por ejemplo en el ámbito arqueológico”.
Además, la investigadora indicó: “En cuanto al Instituto y Museo Profesor Mariano Gambier, que depende de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, históricamente adhiere y es parte de cierto protocolo no escrito pero si practicado, en convenio con la Provincia en donde se producen este tipo de situaciones y se ha establecido ese mecanismo, donde alguien encuentra un cuerpo u objetos indígenas, como en este caso, se le da parte a la Policía o a veces interviene Gendarmería y directamente va a Patrimonio. Patrimonio le da parte al Museo y van se extraen esos cuerpos, ese es un poco el procedimiento. Lo que sucede después, si esos cuerpos son estudiados, en qué condiciones están, lo desconocemos. No sabemos si sucede lo que en los movimientos de repatriación mundial y nosotros llamamos trato digno. No sabemos si se les da trato digno a nuestros muertos, no lo podemos constatar, porque prácticamente no podemos entrar al Museo”.
La investigadora, arqueóloga e integrante de la Comunidad Warpe del Territorio del Cuyum comentó que en octubre de 2021, por nota a la Ministra de Cultura de la Provincia, el Rector de la UNSJ, la Vicerrectora y autoridades de la Facultad de Filosofía solicitaron el acceso de las autoridades acompañadas de las comunidades del territorio del Cuyum: “Somos demandantes hace más de 10 años en un expediente larguísimo en el ámbito del Consejo Superior para poder hablar de restituciones de cuerpos en el marco de una ley que obliga a la Universidad a incorporar estos protocolos. Esta Ley es la de Restitución de Cuerpos N° 25.517 que en el Decreto 701 plantea muy claramente que cuando una comunidad, un pueblo o una organización indígena demanda a una institución, ésta está obligada a abrir un proceso de diálogo para empezar a hablar y pensar de ahí en más la posibilidad de restituir esos cuerpos y se tomará la decisión conjunta de qué hacer: en muchos casos, la salida es la restitución, el reentierro, en otros casos se evalúa cuáles son las condiciones. Pero en este caso, ya han pasado 10 años y nosotros no hemos podido ni siquiera entablar un diálogo. Lo que se obliga en el marco argentino actual es dar parte también a las comunidades en el territorio, así como se le da parte a la Policía o al Museo”.
“En San Juan hay una Orgánica Warpe, que también tiene sus autoridades. En este momento es Nadia Gómez, que es nuestra representante nacional en la Mesa de Participación Indígena en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y que puede ser el nexo articulador con ellos, entonces Patrimonio debería hacer eso y empezar a trabajar de esta manera para no llegar a una instancia de choque y enfrentamiento como la que estamos. Sistemáticamente se han planteado desde el Ministerio de Turismo y Cultura de la Provincia y desde esta Dirección de Patrimonio es que San Juan no está adherida a esta ley y que, por lo tanto, para ellos lo que prima es la Ley de Patrimonio provincial, escrita por ellos mismos, por la cual se plantea que los cuerpos son propiedad del Estado, algo que el Estado Nacional ya dirimió al momento de sacar esta ley. Lo dijo el propio Asesor Letrado de la Universidad Nacional de San Juan”, aclaró Jofré.
Luego afirmó: “El Estado, al promulgar la restitución de cuerpos, lo que hace es des patrimonializar, abrir la posibilidad a los reclamantes. La Provincia no reconoce eso y ha generado un conflicto dentro de la Universidad porque bien lo dijo el Defensor del Pueblo de la Nación en una Resolución del año 2017, que instó a la Universidad a proceder en la restitución planteando que la Universidad se debe a las leyes del ámbito nacional. Entonces estas situaciones de hallazgo fortuito, como se llaman desde la mirada patrimonial y arqueológica, tienen que dar parte a la participación indígena, tienen que ser consultados, les guste o no les guste. Desde esa mirada, todo lo que podemos decir en relación a qué edad tenía y demás, parece un tema posterior. En realidad, también atañe a las preguntas, decisiones y al futuro de las propias comunidades porque somos nosotros quienes también estamos replanteando nuestro pasado. La escritura y la investigación de nuestros propios muertos tiene que ser una tarea política de los propios pueblos y no en estas circunstancias. Acá se están violando toda una serie de acuerdos que son vigentes en Argentina y que esperamos que la Dirección de Patrimonio, el Ministerio de Turismo y Cultura de la Provincia entienda que tiene que cambiar esta política”.
Finalmente, Jofré remarcó que con los objetos hallados se debe proceder de la misma manera: “Cuando hay un cuerpo humano el tema se pone más sensible, pero es lo mismo, en el mundo existe lo que se llama la Repatriación de Objetos Culturales, o dentro de la perspectiva indígena se plantea como objetos sagrados que, en general, tienen que ver con contextos mortuorios, entonces lo que se hace acá es separar los objetos en contexto de muerte, eso también tiene sus consecuencias en la forma de interpretar y hacer. Particularmente, tengo mis reparos respecto a cómo metodológicamente se hacen estos hallazgos y creo que este contexto del hallazgo del cuerpo, en el contexto de un proyecto minero, agrava la situación en un sentido político”.
Carina Jofré es doctora en Ciencias Humanas, licenciada en Arqueología e investigadora Adjunta del CONICET con lugar de trabajo en el IRPHA-FAUD de la UNSJ. Es integrante de la Comunidad Warpe del Territorio del Cuyum y del Consejo Asesor Indígena de la UNSJ (Ordenanza 010/19)
Además, Jofré es profesora de Teoría y Metodología en Arqueología y de la materia de Impacto y Patrimonio Arqueológico en la Universidad Nacional de La Rioja.
