Nuevas formas de enemistad social: avances y retrocesos

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En los últimos años, Argentina ha sido pionera en el reconocimiento de los Derechos Humanos de las personas trans. La incansable y permanente lucha de la comunidad ha rendido y sigue rindiendo sus frutos. Sin embargo, los actos de discriminación hacia esta comunidad permanecen cotidianos.

Por Aldana Ramírez (*)

 En 2012 en Argentina se sanciona la Ley de Identidad de Género Nº 26.743, reconociendo la identidad autopercibida e incluyendo el Programa Médico Obligatorio, que otorga cobertura total en el sistema de salud, sea público o privado. Si bien la aplicación de esta ley ha demostrado que las vivencias de estigma y discriminación han disminuido, como se puede observar en el informe de la Fundación Huésped y ATTTA (2014), las personas trans continúan siendo víctimas de diversos actos violentos, a saber: ataques en la vía pública, violencia policial, muertes violentas (travesticidios, femicidios, transfemicidios) que no se investigan, por lo que los procesamientos y condenas son casos excepcionales; entre otros, explicitados en el Informe “Situación de los Derechos Humanos de las Travestis y Trans en la Argentina” del año 2016.

Recientemente, en julio de 2021, otro gran avance en materia legal fue la sanción de la Ley N° 27636: Ley de Promoción del Acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero “Diana Sacayán – Lohana Berkins”, la cual consiste en establecer una cuota o cupo para este colectivo, en las diferentes instituciones u organizaciones tanto públicas como privadas.
Sin embargo, este progreso en lo legal no se ve reflejado en la sociedad, teniendo en cuenta la mencionada discriminación sistemática que padece este colectivo. Rita Segato (apud INADI, 2016) propone no hablar de crimen de odio (homofobia, discriminación, etc.), sino crimen de poder para dar cuenta de su carácter eminentemente social, relacionado con la desigualdad.

Estas formas de enemistad que se observan en la actualidad, responden a una lógica del poder en el que el mismo no solo es represivo, sino también tiene como objetivo disciplinar y normalizar. Foucault explica como en el siglo XVIII el biopoder comienza a desarrollarse y, por primera vez “lo biológico se refleja en lo político; el hecho de vivir ya no es un basamento inaccesible que solo emerge de tiempo en tiempo, (…) pasa en parte al campo de control del saber y de intervención del poder”. Las consecuencias de esta forma de poder se cristalizaron en una sociedad normalizadora, es decir, las leyes funcionan como una norma. A partir de ahora el aparato judicial comienza a integrarse a otras instituciones que funcionan como reguladoras (médica, administrativa, etc.).

El 16 de marzo de 2022 es noticia un discurso de odio hacia las personas trans. ¿La razón? El Estado debe reducir el gasto público, atendiendo a las políticas de ajuste que se implementan como consecuencia de los préstamos obtenidos del FMI en el país. Amalia Granata, reconocida militante “pro-vida”, actualmente diputada por la provincia de Santa Fe, expresa en el canal América TV que “yo tengo que votar un presupuesto, donde me aparecen los tratamientos de hormonización, (…)” Ante la pregunta de qué tiene de malo que el Estado se haga cargo de eso, Amalia responde “hay niños que no comen y que están en la pobreza absoluta, entonces me parece que hay prioridades en el Estado. (…) No podemos priorizar la hormonización de un trans. El trans no es incapacitado por ser trans” refiriéndose a que el colectivo de personas trans puede trabajar sin ningún problema. “Estoy absolutamente a favor de bajar el gasto público. Yo creo en incentivar al privado y darle beneficios al privado y bajar el gasto público (…)”.

Por otro lado, el 3 de octubre de 2019, en San Juan, se hizo de público conocimiento un hecho que incluso llegó a los medios nacionales. “Polémica en una escuela confesional sanjuanina por una nena trans”, titula Telesol Diario, diario digital local de la provincia. Esto inicia porque un grupo de padres de un colegio privado católico, presentaron una nota para que a sus hijos no se les enseñe los contenidos previstos por la Ley Nº 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI).

El pedido, además de ir contra una ley sancionada en el 2006, es un acto de discriminación, ya que el reclamo de estos padres surge porque una menor trans de 9 años le pidió a sus compañeros, compañeras y maestra que se refieran a ella como una mujer.

El grupo de padres que realizaron el reclamo lo hacían amparándose en “el concepto de ‘libertad de conciencia’ y señalan la obligación que asumió la institución de «procurar la mayor coherencia entre la vida familiar y los valores éticos del ámbito escolar». Lamentablemente, ejemplos de este tipo se pueden encontrar en cualquier momento y lugar, demuestran como los discursos de odio están presentes en las sociedades actuales. Podría decirse que guarda relación con la perspectiva de Enzo Traverso, en la que expresa que atravesamos un nuevo momento caracterizado como posfascista. Para el autor, dicha matriz es “antifeminista, negrófoba, antisemita, homofóbica”. Otro aspecto que destaca el autor es que hay una contradicción entre los elementos que componen a los posfascismos: una mezcla entre el antiguo fascismo y la inserción de elementos nuevos que no se corresponden con las viejas herencias.

El discurso de Amalia Granata, además de ser antifeminista, meritócrata, liberal y conservador; cristaliza el odio, la patologización, la discriminación que sufren las personas trans día a día. Su expresión en televisión nacional no hace más que demostrar que una buena parte de la sociedad está de acuerdo con este discurso, (explícito en los comentarios del video) y que lo afirma al votar por vías democráticas a una exponente “antiderechos” [1].

[1] “antiderechos” es una expresión que se usa en la jerga informal, que surge para definir a las personas que están en contra de la Ley de Educación Sexual, Ley de Matrimonio Igualitario, Ley del Aborto, Ley de Identidad de Género, entre otras.

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Con los dos casos expuestos, se puede observar que en Argentina, y en San Juan, están presentes los discursos posfacistas que Traverso describe. Hay una matriz antifeminista, homofóbica, transfóbica, conservadora que históricamente se presenta en la sociedad. Ante los nuevos avances de los Derechos Humanos se torna reaccionaria, dejando en claro que en realidad el objetivo no es solo reducir el gasto público, o que no se enseñe ESI en las escuelas, sino la exclusión de las identidades trans.

En conclusión, este planteo nos presenta las siguientes preguntas: ¿la existencia de un marco legal, un marco normativo, es suficiente para que se normalice?, ¿por qué, en lo que refiere a las identidades trans, las leyes no funcionan como normas?

(*) Estudiante avanzada de la Lic. y Prof. en Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ

[1] “Antiderechos” es una expresión que se usa en la jerga informal, que surge para definir a las personas que están en contra de la Ley de Educación Sexual, Ley de Matrimonio Igualitario, Ley del Aborto, Ley de Identidad de Género, entre otras.