A favor o en contra
Por Elio Noé Salcedo
No hace falta estar a favor del aborto para apoyar la ley de aborto legal, seguro y gratuito. De ninguna manera, apoyar esta ley implica estar a favor del aborto. Dicha decisión –abortar o no abortar- sigue estando circunscripta, en última instancia (cuando no se trata de un caso ya previsto por la ley), a la esfera personal e íntima de las personas.
Es necesario advertir, que el aborto existe, más allá o más acá de nuestra postura legítima a favor o en contra, y resulta una realidad sanitaria y social problemática. La ley en cuestión verifica que existe ese problema sanitario y social, pero no obliga a nadie a abortar.
Dada esa realidad, un asunto personal e íntimo pasa a formar parte de la esfera pública, y es por eso que el Estado debe incursionar en la resolución del problema, que podrá suceder en mayor o menor medida en la Argentina, de acuerdo a las estadísticas dispares en danza, pero que en definitiva atañe a todas las mujeres, expuestas a esa posibilidad (el aborto) en forma voluntaria o involuntaria.
Entonces deja de ser un problema de minorías o de parcialidades verdes o celestes (divisiones que le vienen de perilla a los que quieren dominarnos, pero que tampoco es el gobierno el que las promueve), para convertirse en un problema de Estado (sin que ello signifique cercenar la libertad de acción o de conciencia, tal como la ley lo tiene en cuenta).
Es aquí cuando la inseguridad sanitaria y el peligro de muerte por la práctica del aborto clandestino, inseguro y lucrativo, y la desigualdad social que de hecho existe ante una situación de aborto, lo que impulsa o impele a un gobierno –como lo hizo también el anterior del Ing. Macri- a promover una ley de aborto legal, seguro y gratuito, y al mismo tiempo –con el mismo criterio social y de sensibilidad a las problemáticas de las mujeres argentinas, a impulsar paralelamente una ley de protección de la maternidad en sus primeros mil días. Ello da por tierra con la falacia de que se trata (la ley de ALSyG) de una ley abortista o para promover el aborto, y no, en realidad, de una norma para combatir la inseguridad sanitaria (y sus consecuencias) y la desigualdad e injusticia social, como lo hace en paralelo la ley de protección de la maternidad, que motiva y protege los nacimientos.
Desigualdad social e inseguridad sanitaria
El aborto existe y en cantidades crecientes –no lo inventó el Gobierno-, y las víctimas por aborto clandestino, inseguro y lucrativo también, desde hace bastante tiempo. De hecho existe una desigualdad social en esta cuestión, que atañe al gobierno y/o al Estado resolver. Hace ya unos años atrás, lo explicaba muy bien el Dr. René Favaloro –de quien no se puede negar su idoneidad profesional, su honestidad intelectual ni su sensibilidad humana y social- cuando decía: «Los ricos defienden el aborto ilegal para mantenerlo en secreto y no pasar vergüenza. Estoy harto de que se nos mueran chicas pobres para que las ricas aborten en secreto. Se nos mueren nenas en las villas y los Sanatorios hacen fortunas sacándoles la vergüenza del vientre a las ricas. Con el divorcio decían que era el fin de la familia. Y sólo fue el fin de la vergüenza de los separados ilegales. Con el aborto legal no habrá más ni menos abortos, habrá menos madres muertas. El resto es educar, no legislar«.
Es esa inseguridad sanitaria y el peligro de muerte por la práctica del aborto clandestino, inseguro y lucrativo, y la desigualdad social que de hecho existe ante una situación de aborto, lo que impulsa al Gobierno a promover la ley de ALSG.
La ley termina con la desigualdad entre mujeres ricas y mujeres pobres o sin recursos; pone en igualdad de condiciones a las mujeres con recursos y sin recursos para enfrentar una situación de aborto por distintas razones: las que la ley ya predice y las que atañen a la esfera individual e íntima de cada mujer según su libre albedrío; elimina las condiciones inseguras y el peligro de muerte en las mujeres que afrontan este drama personal y social sin recursos y en condiciones lamentables; y garantiza el derecho a la vida de las mujeres de cualquier condición social en circunstancia de aborto. Por eso, no es necesario estar a favor del aborto para apoyar decididamente esta ley, que no lo fomenta, no lo justifica, ni juzga esa decisión de carácter personal e íntimo. Acusar al Gobierno de abortista y culparlo por la decisión de abordar la discusión y aprobación de la ley de ALSyG, es como inculpar al Gobierno por la pandemia del coronavirus que azota al mundo y también a la Argentina, y responsabilizarlo además por las víctimas de semejante flagelo, como se hace falaz, arbitraria e injustamente.
No es válido tampoco el argumento de que apoyamos la ley del aborto legal, seguro y gratuito porque estamos a favor del control de la natalidad, como promueven los centros mundiales del poder. No desconocemos el intento del imperialismo por controlarnos y debilitarnos, ni la necesidad de fortalecernos a través de una verdadera y amplia política de natalidad por parte del Estado Nacional, pero sabemos la diferencia que hay entre apoyar a un gobierno y las leyes que defienden a los argentinos y a las argentinas -y sobre todo a las y los que más lo necesitan, optando por ellas y por ellos- o, en cambio, apoyar o sumarse a los que se prestan a los designios imperialistas para conservar sus privilegios y mantener en la indefensión y la desigualdad social a las mujeres argentinas por cualquier razón que sea.
Lo que concretamente promueve la ley sobre el aborto –ante la existencia de una realidad sanitaria y social que este gobierno no inventó y que perjudica sobre todo a las mujeres del pueblo- es la protección de la mujer argentina ante una situación de riesgo para su vida y su salud, y que la castiga con la judicialización y penalización de su drama personal.
Y para los o las que sostienen argumentos religiosos para condenar a la mujer que aborta, o persisten en judicializar y penalizar a la mujer que transita ese drama personal y social, es necesario recordarles lo que Jesús le dice a una mujer frente a los fariseos que pretenden condenarla y ajusticiarla por un “delito femenino” de la época: “El que no tenga pecado que lance la primera piedra… Yo tampoco te condeno” (Juan 8, 3-11), lo que impugna de hecho -basado en un principio evangélico- la judicialización y/o penalización de la mujer que incurre en lo que es considerado hasta hoy un delito.
Estas son las razones que nos llevan a estar a favor de las dos leyes.
