Provincias conservadoras y patriarcales: políticas de género que RUGEn en Cuyo

Mujeres de la Red Universitaria de Género (RUGE) que integran la región del Nuevo Cuyo se reunieron para contar los desafíos y dificultades que perciben en sus universidades en cuanto a las políticas de género. Qué se ha logrado, qué falta alcanzar en estas casas de Altos Estudios.

 

Por Fernanda Borcosque

En la reunión “Políticas de género universitarias”, virtual y abierta, organizada por la UNCuyo y transmitida por la Señal U, participaron las referentes de la Red Universitaria de Género que pertenecen a las universidades nacionales de San Juan, La Rioja, Chilecito, San Luis, de Los Comechingones, Villa Mercedes y de Cuyo  y también la coordinadora de la RUGE, Sandra Torlucci. La creación de áreas de género, la transversalidad de la temática en los currículos, la paridad real en cargos y los logros en cuanto a talleres, capacitaciones y programas son aspectos que se muestran dispares en la región, pero todas sus referentes coinciden en que la máquina para la erradicación de las violencias y la promoción de la equidad de género, ya no se detiene más.

La Red trabajaba desde 2015 como una asociación de espacios de género de las universidades, que en 2018 se institucionalizó al incorporarse al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Ahora, esta Red está integrada por un/a representante por cada universidad nacional, provincial y los institutos universitarios del país.

En la reunión virtual, Sandra Torlucci consideró que la RUGE marcó un antes y un después en el sistema universitario argentino: “En los primeros años trabajamos en dos temas principales: por un lado, los Protocolos de intervención, sobre el tema de violencias de género en el sistema universitario. Y por otro, la aplicación de la Ley Micaela, un instrumento adecuado para prevenir las violencias de género y promover las igualdades”.

Esta ley, N° 27.499 sancionada a fines de 2018, establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en el ámbito de la función pública nacional en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Cambiar las estructuras de todo el sistema académico

“Los Protocolos son una herramienta y cada universidad debe ver cómo la integra a su política universitaria, cómo la baja a los claustros y cómo logra que toda la comunidad participe en su implementación”, dice Sandra Torlucci. Pero no son suficientes para prevenir las desigualdades: “Nos dimos cuenta que no alcanzaba con los protocolos sino que teníamos que pensar en espacios bien definidos dentro de las universidades”. Esto es generar acciones dirigidas a cambiar las estructuras del sistema académico, cuestiones que tienen que ver con lograr la igualdad de curricularización, la equidad en los gobiernos y en los comités de evaluación, entre otras. “Así es que este año nos propusimos trabajar con el impulso que necesitan las universidades para generar espacios de género que permitan atender estas cuestiones más allá de las denuncias de violencia, justamente para impedir llegar a la etapa en la que la violencia estalla”, dice Sandra Torlucci.

Eva Rodríguez Agüero, de la Universidad Nacional de Cuyo, explica que desde los años 60 hubo una marcada feminización de la matrícula universitaria, es decir,  un mayor ingreso de mujeres a las aulas. Sin embargo, esto no implicó que automáticamente se haya incorporado a las mujeres y disidencias a los cargos jerárquicos o que se hayan eliminado las desigualdades. Para la coordinadora del CPRES-CUYO de la Red RUGE, uno de los desafíos de las políticas de género es la interseccionalidad: poder diseñar políticas que atiendan al cruce del género con otras desigualdades como la clase socioeconómica, el trabajo de cuidado y la maternidad.

En las universidades cuyanas hay disparidades en cuanto a avances e implementación de Protocolos de actuación sobre violencias. En algunas, este instrumento ya está vigente y en uso; en otras, se encuentra en etapa de diagnóstico y elaboración. En todas se trabaja en capacitaciones sobre género, se busca la curricularización de la problemática a través de carreras y la transversalización en planes de estudios y asignaturas.

Estado de la cuestión en la región

En la Universidad Nacional de Villa Mercedes, de reciente creación, cuentan con tres anteproyectos que se están unificando para crear un Protocolo de erradicación de las violencias, pero el contexto de pandemia “ha sido un obstáculo constituir equipos de trabajo para realizar acciones sobre esta temática”, dice Elvira Quiroga, quien es docente de esa Casa y especialista en Salud de la Mujer con Perspectiva de Género.

Por su parte, Clelia Guiñazú, secretaria de Investigación, Internacionales y Posgrado de la Universidad Nacional de Los Comechingones (San Luis), dice que esa universidad nació consiente de los problemas que plantean el objetivo de la transversalización de la temática de género. “La normativa de esta universidad, antes de su normalización, ya tenía en sus instrumentos institucionales la temática de la transversalización y una política fuerte por conseguir mayores y mejores políticas de igualdad. Además, hemos estado favorecidas por el hecho de que nuestra rectora es mujer (una de las pocas mujeres rectoras de la Argentina) y que además se autodefine como feminista”, dice Guiñazú.

Algunos pasos iniciales en este sentido son “la adopción del lenguaje de género en el estatuto universitario, la equidad de género en el Consejo Superior, la sugerencia de incluir en las carreras y en las bibliografías a las autoras mujeres, para saber quiénes está siendo citadas, citades y cómo”, remarca Guiñazú.

Esta universidad está trabajando en un proyecto para lograr un Protocolo de prevención y acción frente a la discriminación y violencias de género. “Estamos haciendo un análisis comparativo entre todos los protocolos disponibles en la Red en base a categorías cualitativas como mayor o menor grado de punitivismo, niveles de inclusividad, pedagogía del deseo, entre otras”, explica Guiñazú.

Por su parte, Silvina Galetto, referente de la Universidad Nacional de San Luis, cuenta que tienen aprobado un Protocolo desde 2017, pero que éste sólo sirve si va junto con otras acciones. “Las transformaciones deben ir acompañadas de prácticas que den visibilidad a los cambios institucionales, como modificaciones de normativas, la necesidad de formar a la comunidad no docente en prácticas de no discriminación, la licitación para construcción de baños no binarios, son algunas de estas prácticas”, dice Galetto.

La UNSL cuenta con el Programa Género, Sociedad y Universidad cuya “función central está destinada a la capacitación y formación en la temática pero específicamente a la  curricularización de la perspectiva de género en la formación de las carreras de grado”, cuenta Galetto.

Por su parte Marina Pastorino, de la Universidad Nacional de Chilecito, dice que están trabajando en el armado de un Protocolo para lo cual se han realizado talleres sobre género, diversidad y derechos humanos. “Queremos un Protocolo vivo, que circule, que contemple tanto a la víctima como al victimario porque pensamos que para que una situación se resuelva debe hacerse con todas las partes involucradas”, explica Pastorino. “Para esto, planteamos talleres informativos, teóricos y vivenciales, que sean integrales, con docentes, autoridades y no docentes. Vemos que hay mucha aceptación en  la parte intelectual, pero en la práctica la violencia está muy internacionalizada. Entonces en estos talleres se pueden visibilizar estas situaciones”, agrega.

Por su parte, Marcela Ceballos y Gabriela Brizuela señalan que en la Universidad Nacional de La Rioja ya cuenta con un Protocolo desde 2016. Esta normativa “ha sido una bisagra para que la universidad se reconozca atravesada por las violencias como institución patriarcal que es, y comience a mirarse y a pensar qué hacer”, cuentan.

Otras acciones en este sentido también incluyen la diversidad: el Consejo Superior de la UNLaR reconoce la identidad auto percibida, se han creado espacios concretos de género y diversidad y, recientemente, ha aprobado una normativa que establece la paridad de género en todos los órganos colegiados y de decisión e incluye al colectivo LGBT. Además, la capacitación en la Ley Micaela es continua y obligatoria para toda su comunidad universitaria.

Buscando respuestas institucionales

Por su parte, la Universidad Nacional de San Juan cuenta con una Oficina por la Igualdad de Género, las Violencias y la Discriminación desde 2016 y un Protocolo de Actuación creado por el Consejo Superior en 2017, el cual “fue impulsado por las agrupaciones estudiantiles y acompañado por las autoridades universitarias y docentes”, remarca Viviana Meglioli, coordinadora de esa Oficina.  “Aunque el Protocolo necesita algunos ajustes y no es suficiente, a nivel de respuesta institucional ha sido muy bueno, porque ha permitido articular con otros espacios que venían trabajando en políticas de género que después eran trasladadas a la sociedad a modo de prácticas de extensión”, explica.

Meglioli considera que el Movimiento que impulsó el reclamo de las mujeres sobre las violencias de género, Ni Una Menos, sirvió para visibilizar una problemática que estaba absolutamente naturalizada también en las universidades. “Al principio (de la implementación del Protocolo) hubo muchas denuncias, unas cuantas eran situaciones preexistentes a la Oficina. Tratamos de generar modos de consulta u otras estrategias de intervención para no llegar a situaciones extremas”, dice la profesional. 

A raíz de ese Protocolo se crearon espacios de género en algunas unidades académicas de la UNSJ, una red institucional con los representantes de los gremios de docentes y no docentes a fin de mirar el estado de los convenios colectivos de trabajo respecto de cuestiones de género; se creó una Diplomatura en Educación Sexual Integral y posgrados con perspectivas de género. «De a poco vamos atravesando los espacios curriculares en todas las facultades. Respecto de la paridad de género estamos más o menos equitativos, pero no en cuanto a cargos electivos o de jerárquicos. Aunque el año pasado se trabajó en una normativa de ley de cupo en el Consejo Superior”, dice Meglioli.

“Pero no puedo de dejar de contextualizar en qué ámbito se desarrollan estas políticas universitarias si no hablo de la sociedad en la que estamos viviendo. Como en las mayorías el provincias de Cuyo, este mundo universitario proviene de una sociedad que tiene un profundo sesgo neoconservador, neo patriarcal, posicionado fuertemente en todo el Estado y con el que hay que luchar”, enfatiza Meglioli.