Una semilla de soberanía alimentaria

Se cumplen 30 años de la creación del Programa ProHuerta. El desafío es seguir multiplicando semillas de accesos y equidades para arribar a un sembradío virtuoso. Para ello sigue siendo necesario un Estado que mire la cuestión de la alimentación como algo que está un poco más acá, más hacia adentro, del agronegocio.

Por Fabián Rojas y Susana Roldán

En la nota titulada Una cuestión de derecho a la alimentación, publicada en esta revista el 12 de junio pasado a raíz de lo que podía llegar a ser un avance del Estado argentino si lograba salvar y regentear una empresa en quiebra que es vital para los intereses del país como Vicentin, la investigadora Yanina Rodríguez Ibañez afirmaba que soberanía alimentaria “es un paradigma que propone un cambio histórico sobre la forma de abordar el hambre y la alimentación”. ¿Por qué? Porque la importancia de la soberanía alimentaria, decía Rodríguez Ibañez, “está en la forma de concebir el sistema agroalimentario para garantizar el derecho a la alimentación”. Muy cercano a eso, si es que no lo es directamente, está el espíritu del Programa ProHuerta, que cumple tres décadas.

En 1990, paradójicamente junto con el inicio de la segunda ola neoliberal en Argentina pero en concomitancia con la crisis hiperinflacionaria de 1989, nació este Programa como una manera de autoproducción agroecológica. Fue un 3 de agosto. Como dijo José Sarandón, notable profesor de Agroecología en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de la Plata en una entrevista con octubre/73, “la revolución verde, movimiento surgido en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial para ‘solucionar’ el problema del hambre del mundo a través de la adopción de variedades ‘mejoradas’ de cultivos de alto potencial de rendimiento, hoy está agotado”. En cambio, hablaba de la agroecología como un “nuevo paradigma de abordaje de las ciencias agropecuarias que, entre otras cosas, reconoce los saberes y conocimientos que tienen los agricultores”.

 

Diálogos

Por ello ProHuerta, como política pública del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), pone en diálogo saberes populares e innovación tecnológica, sostiene proyectos de huertas y granjas familiares, comunitarias y escolares y multiplica experiencias de trabajo comunitario para la autoproducción de alimentos, entre numerosas acciones. “Creo que nadie tenía muy en claro la potencialidad que podía tener. Siempre fue un proyecto que no formaba parte de la tarea sustantiva del INTA, que en ese momento trabajaba en zona rural y la pobreza era urbana y suburbana. La extensión estaba muy ligada a la productividad. Recién en el año 95 aparece en el INTA el primer Plan Estratégico y ahí se incorporan la sustentabilidad y la equidad como objetivos específicos del INTA, junto con la productividad”, recuerda la doctora Elena Hidalgo, quien fue coordinadora del Prohuerta en San Juan.

Comenzó así pues una interacción que era y es necesaria entre el Estado y familias comunes, gente de a pie, ciudadanos y ciudadanas con derechos alimentarios comprometidos. En el inicio, las huertas escolares fueron las destinatarias. “Arrancamos con 50 colecciones (de semillas) y con esas 50 empezamos a ir a las escuelas. El espíritu de ProHuerta siempre fue complementar la dieta de las familias que más lo necesitaban, en épocas en que la gente no tenía dinero. Uno de los objetivos era que pudieran usar de manera más eficiente sus recursos escasos. Esto les permitía usar lo poco que tenían, no ya en comida, sino en mejorar condiciones de vida, por ejemplo”, considera Hidalgo.

Clara Moyano, del Área de Desarrollo Rural del INTA San Juan, explica que el Programa apunta a favorecer la seguridad y soberanía alimentaria con acciones básicas que permitan mejorar la calidad de vida de sectores vulnerables. “Los pilares de nuestro trabajo –señala- se sustentan en asistencia técnica, capacitaciones y entrega de insumos críticos, como las semillas de temporada y animales de granja. Todos estos insumos son entregados en capacitaciones y con el acompañamiento técnico, no se entregan en forma particular o por fuera de estas actividades”.

La semilla del Programa ProHuerta es provista por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco de las acciones que desarrolla con el INTA y la reciben familias en situación de vulnerabilidad, algo que contribuye a la seguridad alimentaria. Por esta razón, se entrega en forma gratuita a quienes no pueden comprarla porque se encuentran en precariedad laboral y en condición de inseguridad alimentaria y nutricional. El Programa ha facilitado en varias zonas el acceso al agua (un verdadero problema en comunidades campesinas y de pueblos originarios de San Juan) para uso integral y promueve la conformación de grupos de abastecimiento para ofrecer alimentos seguros en ferias locales.

 

Fertilidad

ProHuerta, como las políticas para con la agricultura familiar en el país, sufrió ajustes en los últimos años. Sube y baja de acuerdo a las prioridades fijadas por las distintas administraciones del país y sus concepciones sobre la naturaleza de lo estatal y de las políticas públicas. De todas maneras, hoy hay que decir que es difícil encontrar en Argentina un programa que haya atravesado tantos gobiernos. El actual presidente de la Nación, Alberto Fernández, apenas asumió lo reivindicó en la lucha contra el hambre en la Argentina. “Tiene más vigencia que nunca, una vigencia plena. Ha sido sustentable, sin duda: hay voluntarios hoy que mantienen la energía de seguir multiplicando lo que aprendieron. Hay otra ventaja: tenemos un suelo muy apto. Con conocimiento, interés y haciendo práctica de reciclado, podemos tener materia orgánica de calidad para plantar en ese suelo tan bueno. Hay muchas modalidades: huertas verticales, en espacios pequeños. Hoy es mucho más fácil iniciar una huerta con éxito”, reflexiona Elena Hidalgo, gran conocedora del Programa.

 

En Argentina ProHuerta alcanza a más de 4 millones de personas
-Impulsa 637.847 huertas
-Cuenta con 9 mil promotores y promotoras y 744 ferias agroecológicas
-Permite el acceso al agua a más de 16 mil familias