Una cuestión de derecho a la alimentación
La posible expropiación de una firma agroexportadora por parte del Estado nacional saca a la luz temas sensibles para la población, como la soberanía alimentaria de un país, concepto maltratado en medios de comunicación.
Por Fabián Rojas
Hasta el cierre de esta nota, desde el Gobierno nacional se manejaba la posibilidad de que el presidente Alberto Fernández podría considerar alternativas a la expropiación de la ya intervenida empresa Vicentin. Lo cierto es que luego del anuncio de la intervención por parte del Estado a esa empresa agroexportadora, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, y de su ulterior expropiación para declararla “de utilidad pública” mediante un proyecto de ley que eventualmente apruebe el Congreso, hubo diferentes reacciones desde el espectro político y desde el mediático: irritación en la mayor parte de la oposición y en varios medios generalmente cercanos a la coalición que gobernó hasta diciembre pasado, Juntos por el Cambio, y/o a otras fuerzas opositoras al oficialista Frente de Todos. En la conferencia de prensa para anunciarlo, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, dejó trascender la idea de “soberanía alimentaria”: “Favorece a la Argentina (dijo sobre el hecho de que la empresa pase el Estado) en este momento tan singular que nos toca vivir para lograr una soberanía alimentaria que la Argentina necesita”. El Presidente también había explicado: “En la ley de expropiación vamos a declarar a la empresa ‘de utilidad pública’, teniendo en cuenta además que se dedica a la producción de alimentos, en un momento donde, pospandemia, para nosotros tiene una relevancia singular todo eso”.
Soberanía
Las respuestas, desde varios frentes, no tardaron. Por ejemplo, el Diario Clarín publicó un artículo de opinión titulado “Soberanía alimentaria, otro relato”. En él expone: “En Wikipedia (…) aparece que ‘la soberanía alimentaria es la capacidad de cada pueblo para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria’. Pareciera algo más pedestre que los grandes principios rectores de la construcción de un país”. El texto también dice que “quien más apeló al discurso de la soberanía alimentaria fue el ex presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en nombre de la cual estatizó decenas de empresas productoras (…) con un resultado conocido: una caída drástica de la producción, una mayor dependencia de alimentos importados, góndolas vacías…”. Para el final de la nota, el autor no precisa eufemismos: “Por si no se entiende, esto de la soberanía alimentaria es una soberana pelotudez” .
¿Es todo eso soberanía alimentaria? Yanina Rodríguez Ibañez, maestranda en Políticas Públicas y Desarrollo (FLACSO), doctoranda en Ciencias Sociales (FACSO-UNSJ) y becaria INTA-CONICET, responde que la soberanía alimentaria “es un paradigma que propone un cambio histórico sobre la forma de abordar el hambre y la alimentación”. Su enfoque, dice, “nace de las organizaciones campesinas, 182 organizaciones en 81 países, coordinada a nivel mundial por la Vía Campesina, representando a más de 200 millones de campesinas y campesinos”. Y, mucho más lejos que la Venezuela de Chávez, Yanina Rodríguez ubica el resplandor del concepto en Roma y en 1996, “como aporte de la Cumbre Mundial de los Pueblos”. “Su importancia está en la forma de concebir el sistema agroalimentario para garantizar el derecho a la alimentación”, resalta.
Aunque ya es casi una perogrullada, millones de ciudadanos y ciudadanas en el país no tienen atado a sus existencias ese derecho. Rodríguez Ibañez lo ilustra: “Recordemos que Argentina produce alimentos para 400 millones de personas; sin embargo, tiene el 25,9 por ciento de sus hogares bajo la línea de pobreza y un 5,7 bajo la línea de indigencia. Estos datos deberían ser una muy buena excusa para hacer efectivo este paradigma”.
De negocios y derechos
Los guarismos de arriba hablan de una gran franja de argentinos/as con deficiencias alimentarias. De allí también la importancia de considerar a Vicentín como empresa testigo en el ámbito de los agronegocios con el Estado nacional como accionista representante del conjunto ciudadano. Porque “soberanía alimentaria es el derecho y la obligación de una nación de asegurar la alimentación que todo ser humano y miembro de esa nación merece. Y la nación ha confiado esa responsabilidad primaria en el Estado”, como dice Álvaro Olmedo, politólogo, escritor, docente e investigador de la UNSJ.
Desde el citado artículo del matutino nacional se dice que “la forma de producir en el campo argentino despierta cada vez más interés en el mundo, por el enfoque sustentable, el bajo impacto ambiental y la huella de carbono de la agricultura pampeana. Por eso vienen cientos de expertos todos los años a visitar Expoagro”. Son innegables las bondades históricas de la tierra argentina, la prosperidad de sus grandes propietarios y el correlato exitoso de sus exposiciones. Que la nota lo reflote es una lícita cuestión de defensa de negocios. La información institucional del sitio de Expoagro reza: “Expoagro es la exposición agroindustrial a campo abierto más importante de la Argentina. Es organizada por Exponenciar S.A., una empresa integrada por Clarín y La Nación -los principales diarios de la Argentina-”. Es decir, nada de qué extrañarse.
Pero la soberanía alimentaria va por la otra vereda: “La soberanía alimentaria pone el foco en el derecho y no en la ganancia, ni en el negocio ni en el mercado, que es lo que predomina en el mundo de hoy. El agronegocio ordena que se produzcan alimentos para ser utilizados en la producción de energía, mientras el hambre es una pandemia peor que el Covid-19”, anota Alicia Naveda, doctora en Ciencias Sociales, investigadora de la UNSJ y autora del libro “Laberinto de las desigualdades”. A su vez, Yanina Rodríguez recuerda que las empresas de agronegocios tienen su propia lógica soberana: producir mercancías y ganancias. “Su meta no es disminuir el hambre y la pobreza en el mundo. La cuestión alimentaria no será objeto de salud, sino de ganancias”, completa.
Activos
La Constitución de la Nación Argentina dice en su artículo 17: “La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada”. Ese es el camino que ha comenzado a desandar el Estado con Vicentin, mediante el eventual control de YPF Agro. ¿Qué implicaría la expropiación? Un editorial del Diario La Nación sugirió lo siguiente: “Vicentin tiene una gran deuda con la banca argentina, pero especialmente con el Banco Nación. En decir, una empresa pública le prestó a Vicentin y ahora al estatizarla no sabemos si se va a estatizar la deuda también. Para decirlo en términos kirchneristas: no se sabe si esto es parte de una política de endeudamiento en la que los argentinos tendremos que asumir la deuda de este grupo privado. Estamos hablando de una deuda de 1600 millones de dólares en total, de los cuales 300 millones son la deuda que tiene Vicentin con el Banco Nación”.
Ya de entrada, por los préstamos del Banco Nación a Vicentin, es altamente probable que su ex presidente, Javier González Fraga, tenga que responder ante la Justicia y que el Estado nacional deba pagar su defensa. Pero Revista la U consultó sobre “ese estatizar la deuda” del que habla La Nación al economista, docente e investigador de la UNSJ, Fabián Saffe: “Cuando se estatiza una empresa que tiene deudas, claro que el Estado se hace cargo de los activos y de los pasivos. De todas maneras, no será una estatización lisa y llana: la va a controlar en su momento YPF Agro, con lo cual uno estima que tendrá una figura jurídica parecida a YPF, donde será una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. Había que rescatarla y eso es que se asuman deudas, como en cualquier rescate, como se está haciendo con la entrega de los ATP (asignación abonada por el Estado para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado, equivalente al 50 por ciento del salario). En el caso de Vicentin, pagará el Estado, pero se gana un activo. ¿Y quiénes pagarían si el Banco Nación se hubiera fundido con el manejo fraudulento que se hizo con la empresa?, los argentinos”.
Y una manera de ganar el Estado un activo es, al menos, apuntar a un retazo de soberanía alimentaria con su parte accionaria en una empresa vinculada a los alimentos. Aunque: “El punto sería observar qué intereses se están defendiendo cuando intervienen los Estados: si utilizan los dineros de todes para salvar a las empresas, o si intervienen para salvaguardar derechos de trabajadores y trabajadoras. Las gigantescas ganancias de las empresas, la hiperconcentración de la riqueza, son posibles gracias a la forma en que los Estados definen las reglas de juego. Es decir, las empresas privadas hacen grandes negocios gracias a los Estados, y cuando baja su tasa de ganancia, suelen vaciar las empresas y llevarse el dinero a paraísos fiscales”, sugiere Alicia Naveda.
Mientras tanto, mientras lo único que hay ahora es la intervención de esa empresa declarada en quiebra, Álvaro Olmedo resume sobre una posible expropiación: “Una decisión de este tipo va en salvaguarda de los propios argentinos. Hace unos años, cuando se hacía cola para cargar nafta y la producción caía sistemáticamente, se rescató a YPF de la mano de verdaderos traficantes. La expropiación de esta empresa es una cuestión de responsabilidad para salvaguardar a la nación de maniobras fraudulentas y para asegurar los alimentos básicos”.
San Juan y la alimentación
“San Juan cómo cualquier otra provincia de Argentina produce de acuerdo a las lógicas de mercado y el mercado no responde a la soberanía alimentaria. La producción agrícola, principalmente en la región pampeana, se ha concentrado de manera histórica en la producción de commodities para la obtención de divisas. En el caso de San Juan, el principal cultivo es la vid para vinificar, cuyo principal destino es el mercado doméstico nacional; le siguen en importancia el olivo y en tercer lugar la horticultura, que tiene dos destinos: uno para la agroindustria que se comercializa a nivel nacional y otro, destinado al mercado provincial con diversidad de productos. Esto evidencia que en San Juan la producción agrícola no está pensada para satisfacer y garantizar las necesidades alimentarias nutricionales de su población”. (Yanina Rodríguez Ibañez).
Ideologías
Ante la idea de expropiación, es común que en buena parte del imaginario social aparezcan los “fantasmas” de un comunismo o socialismo. Alicia Naveda reflexiona: “Es necesario señalar que el hecho de poner etiquetas nos hace bastante daño para comprender los procesos histórico – sociales. Hay una tendencia a etiquetar para simplificar la realidad, supongo. Hay mucha gente que se asusta ante la palabra socialismo, porque le enseñaron que era una mala palabra y en lugar de reflexionar sobre ello, reproduce el prejuicio. ¿Por qué no hablamos de ese señor al que no le gusta ser llamado por su nombre: el capitalismo?”. En tanto, Álvaro Olmedo sostiene que “hay una cuestión ideológica de querer salvar a la nación, pero no tiene nada que ver con el socialismo. Expropiar es un derecho consagrado en el Artículo 17 de la Constitución Nacional, que de socialista tiene nada”.
Un mundo poscapitalista: “Aún no es posible adelantar plenamente las consecuencias de la extraordinaria situación desencadenada por la pandemia, que ha sido comparada con las guerras mundiales y el crack financiero de 1929; los organismos multilaterales de crédito anuncian una estrepitosa caída de la economía mundial. Es tiempo de pensar en alternativas productivas, sociales, políticas, sin etiquetarlas, pero será un mundo poscapitalista”. (Alicia Naveda).
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