“Hablar de ‘error’ es liviano, porque estamos hablando de la quita de un derecho”

La especialista en políticas sociales Cecilia De los Ríos se refiere así al intento del Gobierno nacional de justificar el retiro de pensiones a personas con discapacidad.

 

Por Fabián Rojas

La resonante decisión del Gobierno nacional respecto de suspender en el país las pensiones a miles de personas con discapacidad, lógicamente trajo consigo reacciones de diversos sectores. Desde la Universidad Nacional de San Juan -a cuya planta de trabajadores se sumaron varias personas con discapacidades y hay, según la Comisión de Discapacidad de esta casa de estudios, 48 alumnos con discapacidad-, una de las voces que expresa su preocupación es la de magíster Cecilia De los Ríos. Docente e investigadora del Departamento de Trabajo Social de la UNSJ, y con una maestría en Ciencias Sociales con mención en Políticas Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba, la especialista afirma que estas medidas “impactan sobre la sociedad argentina de la peor forma, desconociendo derechos alcanzados y poniendo énfasis al decir que esto es un ‘cruce de información’, como que no hubiera otra intencionalidad o propósitos, sino dejar todo como una cuestión meramente técnica”.

 

“Error”

Los medios nacionales publicaron declaraciones de funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social hablando de la posibilidad de que hayan existido errores al suspender pensiones. “La ministra (Carolina) Stanley dijo en un medio que le duele cada uno de los errores que el gobierno ha cometido. Creo que eso queda liviano en el sentido de que hablamos de una quita de un derecho para una persona con discapacidad. No estamos hablando de un beneficio asistencial o de algo caritativo, haberle quitado este derecho a una persona con discapacidad ha quedado ahí como en un vacío de sentido, pese a las explicaciones de la Ministra”, señaló De los Ríos.

 

Voluntad y contexto

La docente e investigadora comentó que desde 2008 Argentina está adherida a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene máxima jerarquía sobre el resto de las normativas. “Si esto no se respeta –dijo-, esto nos habla del posicionamiento de nuestro gobierno y parte de sus representantes en la Provincia sobre lo público. La Convención claramente habla de las personas con discapacidad como un colectivo que históricamente ha sido discriminado por procesos excluyentes de la sociedad, y principalmente esto sucede en los Estados capitalistas y dentro de ellos los Estados neoliberales, como el de hoy en Argentina. En estos Estados se agudiza más esta situación”. La docente explicó que la Convención también habla de que el colectivo de personas con discapacidad se encuentra en situaciones adversas y de vulnerabilidad social, en cuanto a pobreza, desocupación, deserción escolar. “Y esto no es algo que la persona con discapacidad tenga o no la voluntad de hacerlo. Y ahí una recuerda esa frase de Guillermo Badino – el titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, subordinado de Stanley- de que una persona con Síndrome de Down ‘si quiere puede trabajar’, y esta voluntad individual también queda desdibujada de contextos políticos y económicos que no garantizan que las personas con discapacidad realmente puedan acceder a empleos inclusivos”, manifestó.

 

Relato

Lo que sucede en San Juan, a nivel de declaraciones, no es muy diferente a lo acontecido en Buenos Aires. “En esta provincia el argumento se repite porque creo que el relato ha sido elaborado. La representante del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en San Juan, Gimena Martinazzo, a principios de mayo nos anunciaba en un diario local que eran 700 las personas a las que se les había suspendido las pensiones (Ver nota en Tiempo de San Juan), y ya en el día de ayer el relato había cambiado: no hay números y se habla de que todo es relativo y de que hay una suspensión y no bajas. Y hablar de una suspensión en una persona con discapacidad quizás sea en su vida diaria suspender su medicación, su transporte o sus posibilidades para desarrollarse”, alertó De los Ríos.

Ante la pregunta si considera factible que pueda haberse incurrido en herramientas de clientelismo con las pensiones, la especialista fue contundente: “Creo que lo primero que se debe apostar es a garantizar el derecho, y creo que las medidas en políticas sociales no deben ser nunca regresivas. Y de todas maneras, si existiese alguna irregularidad, hay ciertos procedimientos que deben ser aplicados. También hemos escuchado que no a todos se les pudo comunicar la medida porque no tenían los números de teléfono, una explicación bastante vaga para una situación muy acuciante”.