Medidas administrativas para un cambio de calidad en la educación pública
Acerca de los cambios en la política educativa que se vienen, para el especialista en educación Héctor Mugas primero hay que hablar de presupuesto educativo, salarios docentes, carga laboral y algunos otros temas fundamentales.
Escribe: Dr. Héctor Antonio Mugas, Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación (IDICE) – FFHA -UNSJ
La política educativa del Presidente Mauricio Macri, a través de su ministro Esteban Bullrich y en San Juan con el ministro Felipe De Los Ríos, ha irrumpido con una serie de anuncios prometedores en educación que, en principio, parecieron apuntar a cosas nuevas y muy deseadas. En particular la idea de recuperar la centralidad de la relación docente-alumno, en particular la figura del docente; promover su formación, jerarquizar socialmente su función, etc. Pero a medida que los meses fueron corriendo este ímpetu se fue diluyendo, dejando muchas preguntas pendientes sobre la real política educativa.
Una de las propuestas que no han abandonado el discurso educativo, ha sido el de la calidad educativa; y así hemos asistido a numerosas reuniones y conferencias sobre este tema u otros directamente relacionados con ella.
En lo personal, antes de comenzar a hablar de calidad educativa, pienso que hay que hablar primero de presupuesto educativo, salarios docentes, carga laboral y algunos otros temas fundamentales. Con esto quiero decir, que el problema de la formación y del perfeccionamiento, con ser importante, depende enormemente de presupuesto suficiente y bien ejecutado y, en especial, de salarios. Pero en ausencia de esta condición, también hay medidas administrativas que facilitarían enormemente un funcionamiento más eficiente del sistema educativo y con ello un rápido y sensible mejoramiento de la calidad. A eso voy a referirme a continuación.
El primero de los puntos trata de la progresiva introducción de las Escuelas de Jornada completa en el nivel primario y la reducción a 36 horas máximas de docencia para el profesor de enseñanza media, sin reducción salarial.
En el primero de los casos, el ministro De los Ríos ya ha anunciado la implementación de la jornada completa en seis establecimientos de la provincia. Si, como se ha anunciado, las escuelas designadas están en barrios con dificultades sociales y si se garantiza el personal en la cantidad y calidad suficiente, de modo que la jornada completa no se transforme en solamente una simple retención del alumno durante más tiempo, probablemente veremos un cambio importante en esas escuelas. El objetivo a garantizar es que el alumno de jornada completa vuelva a su casa alimentado y con todas las actividades escolares cumplidas. La vuelta a la casa será entonces para las realizaciones de actividades recreativas y culturales y no tiempo extra para que los padres completen el trabajo escolar. En este sentido, la escuela de jornada completa, más que un elemento de desunión familiar, se convertiría en uno de unión alrededor de asuntos exclusivamente familiares y no en la reunión de una madre o padre frustrada/o porque no entiende la tarea escolar, con un hijo estresado por la impotencia de su progenitor.
También, la reducción del máximo de 50 horas cátedra a 36, sin reducción salarial, debería tener un fuerte impacto en el trabajo del docente y la calidad educativa. Creer que podemos incrementar la calidad educativa con profesores que trabajan 50 horas para completar un salario digno, es francamente utópico. Es imposible cumplir eficientemente un trabajo como la enseñanza por 50 horas a la semana y además, pretender que ese docente se actualice en forma continua o que simplemente tenga ánimo para hacer otra cosa cualquiera, al volver a su casa.
La reducción a 36 horas máximas, debería acompañarse con la necesaria concentración de horas en una misma escuela. Para eso debería removerse todos los escollos administrativos que la dificulten y dejar plena autonomía a los Directores de colegios, con sus docentes, para resolverlo. La reducción de las horas máximas a 36 no es suficiente en mi opinión. La calidad educativa está indisolublemente ligada a la generación del sentido de pertenencia en profesores y alumnos. Por ello y en cuanto a los profesores, sería importante rescatar críticamente la experiencia argentina del llamado Proyecto 13, Ley 18614: “Profesores designados por cargos”, de 1972, que aún subsiste en algunas provincias. Podría decir al respecto, sin temor a equivocarme, que no hay educación de calidad sin profesores designados por cargos.
Otra medida ejemplar y de fuerte impacto en la calidad educativa esta vez relacionada con la enseñanza primaria, es la continuidad docente en relación a una cohorte. Esto significaría en los hechos, que el docente que recibe a los alumnos de 6-7 años en el primer grado, los continúa en el 2° y así hasta el último curso de la enseñanza primaria. Para los niños comprendidos en esta edad, es tan importante, afectivamente, la continuidad de relación docente-alumno tanto o más que la calidad de los contendidos. En un sistema educativo como el nuestro, con relaciones docente-alumno que no pasan del año, cuando no se ven interrumpidas por suplencias prolongadas, eternos interinatos, cambios de destinos, etc. la inestabilidad de las relaciones se traslada a la inestabilidad emocional de los alumnos. Por el contrario, si el mismo docente que los recibe es el que los despide a la salida de la escuela primaria, la continuidad pedagógica permite un mayor conocimiento de los problemas de los alumnos y el seguimiento de sus déficit y progresos, el conocimiento de los padres, del barrio donde viven, de sus gustos, de los deportes que prefieren. Este conocimiento se traduce en el estrechamiento de las relaciones, un mayor compromiso del docente con el alumno y sus padres y el crecimiento de la confianza del alumno en sus capacidades.
Todas estas son medidas administrativas, que no requieren de una gran movilización de recursos pero que pueden crear las condiciones de estabilidad emocional, de seguridad en las relaciones, etc. que posibilitarán sin dudas, un aprendizaje de mayor calidad a corto plazo. La condición para esto es la existencia previa de un plan educativo ampliamente consensuado, acerca de qué ciudadano vamos a formar, para que país, etc., y la firme decisión política de llevarlo a cabo.
