La comunicación en la Argentina actual

La comunicación como espacio de poder y disputa, como política pública y como derecho fueron los temas centrales del panel que inauguró las actividades por el 60º aniversario del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la FACSO.

“Desde la carrera pensamos que era un buen momento, dados los cambios políticos que atraviesa el campo comunicacional, para ver cuáles son los desafíos que son necesarios debatir en la relación tensional entre el Estado, la sociedad, las organizaciones de la sociedad civil y las industrias culturales”, dijo la coordinadora del panel “Debates y tensiones en el campo de la comunicación en la Argentina de hoy”, Ana Celina Puebla, docente e investigadora del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ.
El panel fue realizado en el marco de los 60 años de la creación de la Escuela de Periodismo “Domingo F. Sarmiento”, germen de este departamento, y contó con la presencia de Washington Uranga (periodista, docente en la UBA y UNLP, experto en Gestión y Planificación de Procesos Comunicacionales, y en Comunicación y Políticas Públicas) y María Soledad Segura (magister en Comunicación y Cultura Contemporánea, doctora en Ciencias Sociales y directora del programa Democratizar la Comunicación).

La cordobesa Soledad Segura valoró las redes y puentes que se puedan tender entre las universidades de las distintas provincias y destacó la necesidad de comunicar desde lo local, ya que “desde el interior del país sabemos lo que es que los medios no nos reflejen, no nos miren y no nos muestren”. Esta es una de las dimensiones del derecho a comunicar y, citando a los especialistas Damián Loreti y Luis Lozano (Derecho a comunicar), continuó: “También se trata de tomar la voz pública para cambiar el status quo. En este sentido, el derecho a comunicar es un derecho necesario para la defensa, ampliación y ejercicio de los demás derechos, civiles, sociales, políticos, culturales. Si no podemos tomar la voz pública no podemos defender los derechos vulnerados, no podemos exigir la ampliación de derechos existentes y exigir que se garanticen los ya reconocidos. Por lo tanto el derecho a la comunicación es una condición necesaria para la democracia, para el ejercicio de la ciudadanía y para la existencia de un Estado de derecho.”

“Cambios” actuales en comunicación
Soledad Segura apuntó: “Si nos paramos en esta perspectiva para analizar los cambios recientes ocurridos en Argentina en estos tres meses, vemos que las medidas del actual gobierno van en la dirección de fortalecer a los ya poderosos, grandes empresas de comunicación audiovisual y de telefonía, en detrimento de las pequeñas y medianas empresas y los medios de comunicación sin fines de lucro (pueblos originarios, medios públicos provinciales, universitarios, comunitarios) y también en detrimento de los trabajadores de los medios”.
Los cambios en las políticas públicas mencionados por Segura son los decretos de necesidad y urgencia dictados por el presidente Mauricio Macri en diciembre de 2015, los cuales son el 13, el 267 y el 236 (intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual – AFSCA-), que representan “nuevas normas para modificar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual –LSCA-, con lo que amplían los límites a la concentración de la propiedad de medios y telefonía; permiten el cruce entre empresas audiovisuales y de telefonía; cambian el estatuto de la TV por cable, a la que ahora se la considera un servicio de tecnología de la información y comunicación, de transmisión de datos y, por lo tanto, ya no le caben las regulaciones de diversidad y pluralismo que le imponía la LSCA”, detalló la profesional, quien agregó otro “cambio”: el organismo que regula todo esto ya no es autárquico, como se pensó la AFSCA, sino que depende del Poder Ejecutivo Nacional.
Se han perdonado las deudas que mantenían las empresas de medios con el Estado nacional a cambio de publicidad oficial, que implicaba millones de pesos de transferencia de las empresas al Estado. Tampoco se están pagando las deudas con el sector comunitario que habían ganado en los concursos públicos de fomento; es más, estos fondos se desmantelaron. Y en este contexto restrictivo, la especialista se preguntó en qué particulares circunstancias y de qué modos específicos, ocasionalmente en las historias de los pueblos, ganan los que tenían las de perder. “¿Pueden los desapoderados? ¿Cómo, cuándo y por qué a veces David le gana a Goliat? ¿Y cuánto podemos contribuir los universitarios?”.

En el fondo, una lucha de poder
Para la comunicadora, la ciudadanía tiene la posibilidad de incidir en las políticas de comunicación cuando se dan varias condiciones: una, es lograr el consenso social o movilización con amplia alianza exigiendo la democratización de la comunicación.
Otra condición: ser una propuesta validada por los tres poderes del Estado, a través de herramientas de participación como las audiencias públicas.
Otra condición es que para construir el poder social, es necesario que la propuesta esté impulsada por actores con prestigio y reconocimiento social, como las universidades y los organismos de derechos humanos. Las universidades son instituciones con alto reconocimiento social.
Por último, que la propuesta resulte sólida, aceptable, en términos políticos y teóricos; que resulte difícilmente discutible por legisladores y funcionarios. El conocimiento técnico es imprescindible para sostener la fortaleza de los argumentos en una democracia.
Estas condiciones se dieron cuando los 21 puntos por una Radiodifusión para la Democracia, redactados por la Coalición para una Radiodifusión Democrática en la que intervinieron amplios sectores de la sociedad desde 2004, y lograron ser los fundamentos de la LSCA, sancionada en 2009.
“En síntesis, junto con la movilización, la organización, la difusión pública, creo que es necesario afinar el análisis, precisar los argumentos, esforzar el pensamiento, arriesgar la creatividad, exigir la imaginación. Es crucial y no siempre abunda el análisis profundo y la información sólida. Éste es parte de nuestro aporte específico como universitarios”, concluyó Soledad Segura.

Meritocracia
Washington Uranga tomó la posta para hablar de política y derechos. “Nuestro lugar de entrada a la discusión política de la sociedad que queremos es la comunicación”. Y enfatizó que “quienes hoy están a cargo de la gestión del Estado, también coinciden con esta mirada, y no casualmente eligen el campo de la comunicación como el lugar esencial para dar la batalla. Y esto es así porque la comunicación tiene que ser vista como un derecho habilitante de la multiplicidad de derechos políticos, sociales, económicos y culturales. Si la sociedad no conoce sus derechos, no los puede reclamar para sí”, refirió Uranga.
Respecto de los derechos, existe la lógica de la meritocracia, dijo Uranga, una concepción política que plantea que “los derechos se conquistan en tanto y en cuanto cada persona haga méritos para lograrlo”. Las desigualdades están estructuralmente instaladas en la sociedad. Y esta idea se enmarca en la cultura argentina que, con una tradición de inmigrantes en su historia, “los éxitos se han logrado con el esfuerzo, el trabajo personal, la tarea ímproba de los inmigrantes, y que hoy se traduce perversamente en la idea de ‘aquí es pobre el que no trabaja’, como si todos partiéramos desde la misma base”. Y siguiendo con la misma lógica en la comunicación, en breve “si queremos ver fútbol, vamos a tener que pagar, porque en la sociedad capitalista los derechos no se conquistan, sino que se compran. La comunicación es también pensada como mercancía”.

El escenario de la comunicación
“Todos sabemos que por un montón de motivos, el escenario de la política se trasladó al escenario de la comunicación, como lugar de la lucha simbólica por el poder”, señaló el docente y periodista. Luego remarcó que si se quiere imponer cierto modelo de sociedad, es allí, en el escenario de la comunicación, donde se debe instalar esa discusión. “Y esa es la estrategia del gobierno actual”, dijo.
Otro aspecto a tener en cuenta para dilucidar por qué el escenario de la comunicación es elegido como un lugar estratégico, recordó Uranga, es que en democracia las políticas públicas son herramientas para la gestión de gobierno, y necesitan de comunicación democrática. Pero si estas políticas son generadas sin participación de la ciudadanía (con un solo actor; el gobierno), se restringen los espacios de participación de la sociedad.

Desatar la escucha
“La palabra sólo se potencia en la escucha y hay muchos actores a los que hoy tenemos que escuchar, con los que hay que trabajar para que su palabra se visibilice”, indicó el profesional. Y volviendo al papel de las universidades, remarcó que “tenemos que salir al terreno. Tenemos radios, emisoras de televisión, profesionales. Debemos aportar sabiduría, conocimiento, investigación”.
“Nosotros y nosotras defendemos el derecho a la comunicación, pero los derechos nunca se conquistan de una vez y para siempre. Los derechos se construyen, se resiginifican, se afianzan en el caminar de cada día. No hay derrotas finales, sino batallas para dar. El derecho a comunicar no se conquistó con una ley, sino que es parte del proceso de construcción que seguimos caminando”, concluyó.